La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al exalcalde de Antigua Juan José Cazorla a once años de inhabilitación por prevaricación administrativa, delito que cometió al contratar entre los años 2015 y 2017 a una asesora de prensa de forma directa, ignorando los procedimientos y fraccionando las facturas.
La sentencia considera probado que Cazorla, por su experiencia municipal, sabía que estaba cometiendo una «flagrante infracción» de la normativa que regula la contratación en las administraciones públicas y una «clamorosa ilegalidad», aunque ningún funcionario municipal le advirtiera de forma expresa al respecto.
En este punto, la Audiencia es especialmente crítica con la Intervención del Consistorio, cuya actuación le resulta «cuando menos cuestionable», por la «omisión de los mecanismos de control» que debieron evitar que el Ayuntamiento pagara 43.700 euros a una periodista de forma «arbitraria» y al margen de la legalidad.
De hecho, el tribunal declara a la periodista cooperadora necesaria de la prevaricación que cometió el exalcalde y le impone la misma condena: once años de inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos.
«Es del todo punto impensable que el acusado, con amplia experiencia en la gestión pública, pues fue alcalde en otra legislatura anterior (...), actuara con la convicción de que hacía lo correcto y no fuera lógica y plenamente consciente de la flagrante infracción del ordenamiento jurídico que se estaba cometiendo con la adjudicación discrecional del servicio de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Antigua», señalan los magistrados.
La Audiencia considera acreditado que, durante una primera etapa, el alcalde Cazorla, de Alternativa por Antigua (APA), y su asesora de prensa fraccionaron los contratos para evitar tener que licitar ese servicio por un procedimiento negociado.
Más tarde, el servicio se licitó como contrato menor, pero «prostituyendo» las condiciones que exige la ley, «a través del fraude consistente en que la única propuesta que reunía las condiciones exigidas era la caprichosamente seleccionada con carácter previo, todo ello con el fin de asegurarse la adjudicación, pues las otras dos propuestas presentadas lo son solo simuladamente al no reunir siquiera las condiciones establecidas en la convocatoria».
Denuncia
Los hechos que ha fallado ahora la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, cuyo presidente es Emilio Moya, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por el entonces concejal del Consistorio de Antigua, Taishet Fuentes Gutiérrez, del PSOE. El exconcejal es en la actualidad el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, nombrado en marzo de 2020 por el presidente regional Ángel Victor Torres.
Fuentes Gutiérrez se dirigió a la Fiscalía el 27 de septiembre de 2017 presentando escrito y aportando numerosa documentación dando cuenta de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa relativo a la contratación por parte del entonces alcalde Carzorla Hernández de los servicios de comunicación y prense del Consistorio de Antigua.
