Amnistía Internacional saca los colores a los responsables de la gestión migratoria en Canarias. En un informe difundido ayer denuncia la saturación de los centros de acogida, con una condiciones «indignas» que se prolongan más tiempo del deseable y la falta de un protocolo que sirva para identificar perfiles vulnerables entre inmigrantes, entre ellos los menores. Y reclama la solidaridad de otras comunidades.

Amnistía Internacional lanzó ayer, con motivo de ‘Día del Migrante’, el informe Canarias: un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias en el que analiza la situación en las Islas, como destino europeo de la ruta procedente de África Occidental, y denuncia «la saturación de los centros de recepción de personas refugiadas e inmigrantes, (como es el caso de Lanzarote y Fuerteventura en la actualidad) unas condiciones indignas de acogida que se prolongan en el tiempo, y», especialmente, «la falta de protección adecuada de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como los menores no acompañados, o las mujeres víctimas de trata» por parte de la administración del Estado.

«Basta ya de excusas ante una situación que no es inesperada ni sobrevenida», señala la organización, tras seguir durante más de 15 años la situación de los derechos humanos en Canarias y realizar este mismo año dos misiones de investigación a las Islas.

La ONG recoge algunas historias que ponen en evidencia la carencia de un protocolo adecuado y temprano para identificar los perfiles más vulnerables entre los migrantes. Recoge, como ejemplo, el relato de B. S, un senegalés que huyó de la persecución y el rechazo que vivía en su país de origen por su orientación sexual, y que relató con angustia la frustración que supuso para él los cinco meses que llevaba ya esperando en Canarias su traslado a la Península. «Ya he tenido tres entrevistas, pero todavía no me han dado la tarjeta roja. Estoy mal. He dado toda la información pero solo me dicen que espere. Mis amigos ya pasaron a la Península hace un mes”, señalaba en el momento de la entrevista, además de añadir que había sufrido amenazas por parte de otros residentes en el macrocentro de Las Canteras (Tenerife) donde había sido enviado.

Por su parte, Fabrice, que llevaba ya un año en las Islas, contó que salió de Camerún con tan solo 15 años, y, tras un viaje de dos años, llegó a España con 17. Recuerda de manera traumática el viaje en la patera, donde apenas tuvieron agua en los dos días y medio de trayecto y en el que falleció una mujer. A su llegada, permaneció dos semanas en un lugar que no identifica, donde le tomaron las huellas y fotos, y le quitaron el móvil. «Otros dos chicos y yo dijimos que éramos menores de edad, pero no me hicieron ninguna pregunta. Después de esas dos semanas me llevaron a un centro de menores. Cuando me hicieron la prueba de mi edad, no me explicaron qué me iban a hacer, me miraron la mano (radiografía de la muñeca), los dientes (prueba odontológica) y los genitales», relata.

Amnistía Internacional también ha investigado varios casos «preocupantes» de «castigos abusivos, insultos de corte racista y abusos» contra menores por parte de educadores que «deben ser adecuadamente investigados», entre los que se encuentra un incidente de «uso excesivo de la fuerza» en el centro de menores de Tindaya. 

 Amnistía Internacional lamenta la falta de una mayor implicación de las autoridades a nivel estatal que conduce a mantener aquí a los niños no acompañados en vez de que sean enviados a otras comunidades autónomas con recursos menos colapsados; y que esta falta de solidaridad interterritorial haya saturado seriamente el sistema de acogida de menores en Canarias. Sólo seis comunidades han ofrecido plazas desde el inicio de las crisis el pasado año. Apenas 200, frente a los más de 2.600 que están en este momento bajo la tutela de la Comunidad Autónoma canaria.

«Es urgente que se establezca un mecanismo de solidaridad interterritorial para garantizar una adecuada acogida a estos niños», insta la ONG.