La Abogacía del Estado ha presentado alegaciones contra el recurso de incostitucionalidad impulsado por el Parlamento balear por el incumplimiento de incluir el factor de insularidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Según las alegaciones del Estado, incumplir el factor de insularidad no es inconstitucional, afirma que no están obligados a incluirlo en los presupuestos, pone en duda las cifras del recurso del Parlament y acusa a Balears de «desleales».

Tanto el decreto ley del Régimen Especial de Balears (REB) como el Estatut contemplaban que en los presupuestos estatales se compensara la insularidad. Para contrarrestar este argumento, la Abogacía del Estado asegura que el Gobierno Central ya invierte en Balears y pone como ejemplo el dinero que destina a Defensa o la construcción de puertos y aeropuertos en compensación al AVE que se desarrolla en la Península.

Hay que recordar que el recurso de inconstitucionalidad fue impulsado por Més, El Pi, el PP y Ciudadanos cuando se dieron cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no había incluido este factor de insularidad que marca el REB, alegando un déficit estructural de financiación, en las cuentas estatales. PSOE, partido de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, Vox y Podemos votaron en contra de presentarlo, pero la mayoría del resto de partidos obligó a recurrir ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas alegaciones pretenden que el Constitucional rechace el recurso interpuesto por el Parlament. En este sentido, los letrados gubernamentales acusan a Balears de «deslealtad» por decidir de forma unilateral las inversiones del Estado sin antes haberse reunido la comisión bilateral para acordarlas. No obstante, según Més y El Pi, resulta que es el Estado el que tiene que convocar esta comisión bilateral y no lo hace.

Més y El Pi, principales impulsores del recurso calificaron ayer de «prepotencia del Estado y desprecio hacia las islas por parte del Gobierno», en palabras de la diputada nacionalista Joana Aina Campomar. El REB balear se aprobó en febrero de 2019, e incluye un paquete de medidas específicas destinadas a compensar las desventajas estructurales de la insularidad, similares a las que establece el Régimen Económico y Fiscal (REF) vigente en Canarias, que se aprobó en 1972 pero el reconocimiento a la lejanía y la insularidad viene desde la Corona de Castilla, y además el Tratado de la Unión Europea reconoce a Canarias como región ultraperiférica que requiere un tratamiento específico para compensar su lejanía y su condición insular.

El REF canario es un mecanismo más potente, dada la distancia de las Islas de la Península, y sus mayores hándicaps estructurales, aunque Canarias y Baleares han confluido en distintas demandas para que se dé un trato especial a la insularidad. El REF se ha anclado en el Estatuto de Autonomía de Canarias para evitar que los gobiernos de España lo incumplieran como así ha sido. Canarias ha acudido en distintas ocasiones al Constitucional por incumplir el REF en los presupuestos estatales y en unas ha ganado y en otras perdido. El último episodio sobre el REF se ha producido con la perdida del diferencial del sector audiovisual con respecto a la Península y Baleares. El Parlamento decidirá en sepiembre si acudir al Constitucional.