El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, adelantó ayer que el presupuesto canario para 2022, en elaboración, será «expansivo» y volverá a crecer un 5% el próximo año, por lo que rondará los 8.900 millones de euros de gasto público. Las cuentas iniciales de 2021 ascendieron a 8.474 millones de euros, con lo que las de 2022 aumentarán unos 423 millones.

El presidente se reunió con su Consejo Asesor, integrado por los miembros del Gobierno, empresarios y sindicatos, en donde informó sobre las previsiones de las próximas cuentas. A su juicio, son "halagüeñas" aunque aún están pendientes de precisar los recursos estatales y, sobre todo, los fondos europeos Next Generation. Del instrumento React-Eu de estos fondos, Canarias tiene asegurados 630 millones en tres años, pero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la pata más importante de los Next Generation, la mayor parte de su distribución aún está por definir. Torres explicó al respecto que hay partidas claras para las Islas, como en Transición Ecológica, pero existen otros recursos cuyo reparto está pendiente de la negociación con el Estado.

El Gobierno central distribuirá entre las comunidades autónomas aproximadamente la mitad de los 69.500 millones de euros que integran el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, uno de los pilares de los fondos europeos anticovid. Cada ministerio, en las respectivas conferencias sectoriales, con representación de las 17 comunidades autónomas, establecerá qué cantidad corresponde a las Islas en las distintas áreas, como, por ejemplo, en cultura, industria o turismo.

La mitad del Mecanismo de Recuperación que no se repartirá entre las comunidades autónomas se la quedará el Gobierno central para diseñar políticas de Estado que ayuden a la recuperación, y se establecerán convocatorias públicas para proyectos público y privados, tractores de la transición ecológica, las energías renovables o el impulso a la digitalización, que también pueden beneficiar a las Islas.

Canarias espera obtener del mecanismo de recuperación entre 2.600 a 2.700 millones de euros entre la parte estatal y la canaria, en el periodo 2021-2027, aunque se debe comprometer el gasto en tres años, hasta el 2023.

En este contexto, el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se queja de la ausencia de homogeneidad en los criterios que aplica cada ministerio para el reparto del dinero entre las diferentes regiones y del escaso tiempo para su ejecución, por lo que ya ha pedido una ampliación del plazo y ha planteado al Gobierno cuatripartirto de Canarias que en todas las conferencias sectoriales con los ministerios esté un miembro de la Consejería de Hacienda, para disponer del detalle de la información, saber los criterios de distribución y, sobre todo, «tratar de influir para captar todos los recursos que se puedan». Señala que Hacienda tiene una visión más horizontal de todas las áreas.

Rodríguez teme que el Gobierno central prime a otras comunidades en sus demandas sobre el MRR y quiere que su gente (NC) esté encima para evitar posibles obediencias a los ministros socialistas.

Al respecto, Torres precisó ayer que quedan seis meses para definir estos fondos y se están elaborando los presupuestos de 2022, y tanto él como todos los miembros del Gobierno que preside van a defender que en el reparto de los recursos europeos se tenga en cuenta la situación específica de Canarias, al ser la comunidad que más ha sufrido por la crisis de la pandemia y la que sigue necesitando un trato especial.

El presidente resalta, no obstante, que el presupuesto de 2021 alcanzará los 10.000 millones de gasto público, al sumarle los recursos extras que ha dado el Estado.

Realistas

Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, destacó la necesidad de que los próximos presupuestos sean «realistas» y se cumplan los objetivos de déficit, algo que probablemente se hará, porque ya ha sido así en ejercicios anteriores, precisó.

Manrique de Lara pidió que en las próximas cuentas se aumente la inversión pública para la reactivación económica del sector privado y que se acompañe con normas de agilidad y flexibilización administrativa.