Los problemas y tensiones internas perviven en el Cuerpo General de la Policía Canaria 11 años después de que comenzara su despliegue en 2010. La manifestación convocada el pasado jueves por cuatro de los cinco sindicatos que tienen representación en el cuerpo pone de manifiesto que no hay unidad y puntos en común entre sus miembros. De hecho, el sindicato mayoritario, CCOO, no solo no fue a la convocatoria de UGT, Intersindical, Co.bas y CSIF sino que, al contrario, no encuentra justificada la iniciativa al considerar que se están consiguiendo avances con el actual equipo de la Consejería dirigida por el consejero Julio Pérez y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas.
Muestra de esta división son los puntos de vista tan diferentes que tienen dos representantes sindicales de lo que ocurre en el cuerpo autonómico. El dirigente del CSIF, Armando Martín, asegura que los miembros de la Policía Canaria no tienen los mismos derechos que el resto de empleados públicos de la Comunidad Autónoma ni de otros cuerpos policiales en cuanto a cuestiones como la jubilación anticipada, carrera profesional, flexibilidad horaria, conciliación de la vida laboral y familiar o mérito y capacidad para entrar en el cuerpo o formar parte de las distintas unidades del mismo. Para Martín «no hay un proyecto claro para el cuerpo, la arbitrariedad en las decisiones, la poca transparencia y la afinidad es lo que predomina».
En el lado contrario se sitúa el dirigente de CCOO Francisco Ruano, cuyo sindicato es el mayoritario en el cuerpo y que presume de tener interlocución directa con el Gobierno cada vez que quiere. «Es complicado y trabajoso conseguir que se valore este Cuerpo, sin embargo nuestro prestigio es echado al traste en pocos días y lo más triste es que es por egos personales y con falsedades, no hay realidades objetivas que justifiquen la manifestación ni las acusaciones que se están lanzando», cuestiona Ruano.
Justo ayer se cerró el acuerdo para convocar una nueva oferta de empleo de 80 plazas entre mandos y agentes de la Policía Canaria. De esta forma el compromiso del Ejecutivo es que antes de finalizar 2022 el cuerpo de seguridad autonómico alcance los 300 agentes, plantilla mínima exigida para que el Estado asuma el coste de la ampliación hasta los 1.700 efectivos que se pretende como objetivo final, igual que sucede en las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra. Tras la entrada de 50 nuevos agentes, en estos momentos se están celebrando las pruebas para el ingreso de 57 más.
Promesas incumplidas
La corta historia de este cuerpo de seguridad es un buen ejemplo de promesas incumplidas desde sus comienzos. En 2008 se aprobó la ley que regula la policía autonómica con el voto en contra del PSOE, por aquel entonces en la oposición y que ahora se muestra firme defensor del mismo y es el responsable del actual incremento de efectivos. El despliegue de los primeros agentes se produjo en 2010 en el inicio de la fuerte recesión económica que provocó severos recortes en el presupuesto del Gobierno regional, lo que obligó a posponer la intención de alcanzar los 300 efectivos a corto plazo. Durante varios años se han mantenido apenas un centenar de agentes, con idas y venidas de efectivos policiales procedentes de otros cuerpos policiales.
El llamado caso ladrillo lastró la imagen de la Policía Canaria durante varios años con acusaciones de acoso laboral, agresiones, bajas y condenas judiciales que llegaron al Supremo. Con posterioridad se pusieron en marcha varias iniciativas para restablecer la normalidad, entre ellas un informe psicológico, que, según Armando Martín, se realizó con entrevistas a la plantilla en Gran Canaria y Tenerife pero cuyas conclusiones nunca se llegaron a aplicar.
Por este caso y por su gestión al frente del cuerpo varios sindicatos han reclamado en diversas ocasiones la dimisión del comisario Luis Santos, que se ha mantenido en su puesto con el actual cuatripartito –Podemos en la oposición también exigió que fuera apartado de sus funciones– y que cuenta también con el respaldo del sindicato mayoritario CCOO.
En las dos convocatorias de oposiciones de esta legislatura han surgido denuncias relativas a la entrada en el cuerpo de familiares y afines a mandos y funcionarios de la Dirección General de Seguridad, así como supuestas irregularidades en los exámenes que provocó incluso la anulación de una prueba que se tuvo que repetir. En la actual convocatoria han vuelto las sospechas sobre el proceso selectivo.
En una reciente intervención en el pleno del Parlamento el consejero de Seguridad, Julio Pérez, rechazó que hayan existido irregularidades en las convocatorias y limitó a cuatro las denuncias entre 200 aspirantes, así como que el examen que se repitió se hizo de forma diligente por el tribunal calificador. El departamento que dirige Pérez saca pecho por el incremento de efectivos que está suponiendo su gestión y el cumplimiento del objetivo de que antes de que finalice la legislatura se llegue a los 301 efectivos que abrirá la vía para la financiación del Estado.
Desde el Ejecutivo se resta importancia a la manifestación de esta semana porque son los sindicatos minoritarios los que están expresando su descontento con la situación interna del cuerpo. Seguridad recuerda que, además de las tareas propias del cuerpo autonómico, están en marcha varias iniciativas con fondos europeos para relanzar y especializar aún más la labor de la Policía Canaria en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma y con trabajos en común con el resto de archipiélagos de la Macaronesia.
CCOO mantiene que no le consta que haya irregularidades en las oposiciones y defiende que se están consiguiendo logros que no quieren ver el resto de sindicatos. Ante estas diferencias, la imagen del cuerpo autonómico sigue en entredicho.
