El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está «convencido» de que a medida de que se retome la normalidad en lo relativo a la crisis del coronavirus la llegada de migrantes en pateras y cayucos a las costas de Canarias volverá a una situación similar a la de 2019, cuando se redujo un 54% las entradas irregulares y se interceptaron más del 40% de las salidas en origen.
En una intervención ayer ante la Comisión de Interior en el Congreso, Marlaska cifró en 5.734 los migrantes interceptados en aguas de las Islas en los casi siete primeros meses del año, frente a las 7.143 personas localizadas entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. «En siete meses se llevan menos entradas irregulares, que en las últimas semanas del año pasado», resaltó en respuesta a preguntas de los tres grupos de derecha –PP, Vox y Ciudadanos–, críticos con la gestión llevada a cabo al respecto por Interior.
La portavoz popular en la comisión, Ana Vázquez, tildó incluso de «inexistente» la política migratoria del Gobierno y acusó al titular de Interior no dotar a España de medios en la frontera. A su juicio, España tiene que «restablecer las relaciones con Marruecos», principal actor para el bloqueo de la salida de embarcaciones hacia las Islas.
Para Marlaska la crisis migratoria vivida en Canarias a finales de 2020 se debió a una «situación extraordinaria y excepcional» que «no era previsible en los términos que finalmente acontecieron». En ese sentido, se refirió a la crisis económica que han sufrido los países africanos en materia de turismo y comercio, que derivó en «flujos más importantes».
El titular de Interior apuntó que la política migratoria es un «desafío» en estos momento y recordó que España no cuenta con una ley en la materia porque se trata de una cuestión que se realiza desde la UE. En este sentido, llamó a «no ser como otros países» y a creer «los valores de la UE y sus competencias» que basa sus medidas en principios de responsabilidad de solidaridad y responsabilidad compartida.
