Este año 1.198 organizaciones públicas y privadas canarias están convocadas a dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que imponen las leyes, tanto a todas las entidades públicas como a las privadas que reciben más de 60.000 euros anuales de subvención de fondos públicos, a través de la sede electrónica del Comisionado.
El pasado lunes, 14 de junio, se abrió el periodo para que todas las instituciones y entidades obligadas por la Ley de Transparencia de Canarias puedan realizar su autoevaluación y presentar su declaración telemática a través de la aplicaciónT-Canaria de la sede electrónica del Comisionado de Transparencia de Canarias.
La cifra de 1.198 sujetos obligados este año (351 públicos, 764 privados y 83 corporaciones de derecho público, entre las que se encuentran colegios profesionales y cámaras de comercio) aumenta un 34,7% respecto a los requeridos en el pasado ejercicio. Además de las entidades subvencionadas por el Gobierno de Canarias, se han computado este año por primera vez las ayudas prestadas por todos los Cabildos, excepto el de El Hierro, que no las tiene registradas en la Base Nacional de Subvenciones.
En este ejercicio tendrán, como cada año, un plazo de un mes para realizar su declaración, así como una posibilidad de mejorar su portal de transparencia más tarde y aportar alegaciones si no están de acuerdo con la puntuación inicial.
Actualización: Más de trescientas personas han asistido en streaming en los últimos días a los seminarios webs sobre evaluación de la transparencia organizados por el Comisionado de Transparencia, accesibles para todos en la lista de distribución 2021: Seminarios web formativos para la evaluación del Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias, en su canal de Youtube.
Las entidades que rindieron cuenta sobre su transparencia el año pasado pueden descargar su informe completo en pdf desde su perfil en la sede electrónica del Comisionado para difundirla públicamente si lo desean o para detectar sus capacidades de mejora, porque describe su situación con detalle. El modo se indica en este videotutorial: https://youtu.be/yu9wn8eoPIw.
Datos del 2019
De las 487 entidades privadas que recibieron subvención de más de 60.000 euros en 2019 por el Gobierno de Canarias, principalmente empresas, academias formativas y organizaciones sin ánimo de lucro, 293 presentaron su declaración de transparencia al órgano garante, lo que supone que más del 60 % colaboró en su rendición de cuentas. La nota media del conjunto privado se sitúa para el ejercicio 2019 en los 4 puntos.
Las leyes de transparencia (estatal y canaria) establecen que toda entidad privada que perciba ayudas o subvenciones procedentes de administraciones públicas por importes superiores a 60.000 euros está obligada a publicar una serie de contenidos informativos en sus páginas web. Por ello, este año el Comisionado de Transparencia invitó por primera vez a participar en el proceso de evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) a las casi 500 entidades privadas que recibieron subvenciones del gobierno autonómico en el año 2019, que acumulan en conjunto 174.565.338,99 euros de ayudas públicas. Es la primera vez que todos los subvencionados por una administración española y obligados por ley a la transparencia pueden evaluar su nivel de cumplimiento.
De las 293 entidades declarantes en el ejercicio anterior, 112 superaron los 5 puntos, el 38 %; y 29 alcanzaron una nota por encima de los 9 puntos. Además, la Asociación Nuestra Señora del Amparo (Apreme), la Asociación tinerfeña en Lucha por la Salud Mental, la Asociación Protectora de Personas con discapacidad intelectual de Las Palmas (Aprosu) y la Federación Salud Mental Canarias obtuvieron un 10. Por otro lado, 137 entidades no alcanzaron los 3 puntos, por lo que tienen un amplio margen de mejora en sus portales de transparencia.
«La metodología de evaluación del ITCanarias es exigente, pues no solo valora la información, sino también cómo, cuándo y de qué forma está publicada, por lo que, siendo la primera evaluación, se trata de un buen punto de partida para el ámbito privado -señala el comisionado de transparencia, Daniel Cerdán. Aunque puedan parecer cifras o notas bajas, son altas en comparación con los primeros años de aplicación de las leyes de transparencia a las instituciones públicas, con obligaciones informativas más altas; porque durante 2016 y 2017 respondieron en menos proporción que las privadas y con peores notas medias».
Los contenidos informativos que estas entidades subvencionadas tienen que publicar en sus páginas webs son: información relativa a las funciones que desarrollan; la normativa aplicable; la identificación y el perfil y trayectoria profesional de los/las responsables de los diferentes órganos; el organigrama; las cuentas anuales o instrumento informativo similar; los contratos formalizados con administraciones públicas, incluyendo denominación, objeto, duración, importes de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado, y administración contratante, modificaciones realizadas y decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos; los convenios suscritos con administraciones públicas, indicando denominación, partes firmantes, objeto, plazo y condiciones de vigencia, órganos o unidades encargados de su ejecución, financiación y objeto y fecha de las modificaciones; y finalmente, las subvenciones recibidas por parte de administraciones públicas, especificando importe, objetivo o finalidad, descripción de la actividad subvencionada y la administración concedente.
Se da la circunstancia de que las navieras interinsulares (que canalizaron las subvenciones o ayudas canarias a los pasajes marítimos por 29,7 millones euros en 2019) alegaron que son los pasajeros los que las reciben y ven bonificados sus pasajes y no las propias compañías.
En las tablas aparece la nota obtenida por cada entidad que presentó su declaración de transparencia el pasado año. Las que aparecen señaladas como «no presentado/a» no rindieron cuentas sobre su transparencia al serles requerida de acuerdo con la norma canaria; por lo que su puntuación es equivalente a cero. En su inmensa mayoría, no publican en su web las obligaciones informativas. Además de no cumplir las leyes estatal y autonómica de transparencia, pueden ser consideradas por los órganos de control como incumplidoras de las obligaciones contempladas en el artículo 18 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
