Clemencia, señores ministros

Desde que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el comienzo de la tramitación de las peticiones de indulto a los condenados por el procés, esta medida de gracia regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución ha capitalizado el panorama político español. Sucedió durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso tras una pregunta de Laura Borrás, portavoz de Junts per Catalunya en la Cámara baja, sobre la deriva de la justicia española al respecto.

El Tribunal Supremo se ha opuesto por unanimidad a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados a penas de hasta 13 años por sedición, malversación y desobediencia por el procés y su vinculación en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Entre otras cuestiones, destaca la falta de «arrepentimiento» de los líderes soberanistas y no encuentra razones de «justicia, equidad o utilidad pública» para avalar el indulto total ni tampoco parcial.

En este escenario, desde el año 1996 hasta el día de hoy, a las personas penadas por tribunales canarias se les han concedido 417 indultos, situándose la Comunidad como la octava en el ranking nacional. No existe un hecho diferencial canario y, como en el resto del Estado, los indultos más repetidos, también los delitos más comunes, son aquellos relacionados con robos, hurtos y contra la salud pública, además de los referidos al Código Penal Militar, lesiones y falsedades, entre otros.

Salud pública.

Valgan tres ejemplos de indultados por estos delitos en Canarias. El primero, condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el 4 de octubre de 1993, a la pena de ocho años y un día de prisión mayor y multa de 101.000.000 de pesetas, conmutada a un año de prisión el 16 de febrero de 1996. El segundo, para una condenada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, el 20 de marzo de 1991, a ocho años y un día de prisión mayor y multa de 20 millones de pesetas, más cuatro meses de arresto mayor por contrabando, a quien el 10 de octubre de 1998 se le rebajaron la mitad de las penas privativas de libertad. El tercer caso, a otra condenada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el 16 de junio de 2003, a tres años y seis meses de prisión y multa de 228.000 euros (casi 8 millones de pesetas), conmutada el 12 de noviembre de 2004 por otra de dos años de prisión.

Desertor e insumiso.

En cuanto al Código Penal Militar, además de los indultos por abandono de destino o residencia, deslealtad, desobediencia, insulto a superior o abuso de autoridad, figuran el de deserción para un soldado profesional, sentenciado por el Tribunal Territorial Militar Quinto a la pena de 2 años y 4 meses de prisión, indultado el 2 de febrero de 2009 a cumplir un año. También el de un insumiso, sentenciado a 6 meses de prisión por negarse al deber de prestación del servicio militar por la Audiencia de Las Palmas en noviembre de 1997 e indultado el 2 de enero de 2001 por otra pena de 4 meses de inhabilitación para empleo o cargo en la Administración pública.

Violaciones.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el 15 de julio de 1989, condenaba a un hombre, como autor por cooperación necesaria de dos delitos de violación, a dos años de prisión menor por cada uno; por otro de violación en grado de tentativa, a un año de prisión menor, y como cooperador de otro de violación en grado de tentativa, a un año de prisión menor. Se le conmutaron las penas a un año de prisión menor. El otro caso, por los mismos hechos, a un condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, también el 15 de julio de 1989, como autor de un delito de violación, a tres años de prisión menor; otro como autor por cooperación necesaria de un delito de violación, a dos años de prisión menor, y dos delitos de violación en grado de tentativa, a un año de prisión menor por cada uno. Igualmente se le conmutaron las penas por un año de prisión menor. En ambos casos, los indultos se publicaron el 16 de febrero de 1996 con la firma del entonces ministro de Justicia, el socialista Juan Alberto Belloch.

Torturas.

Sólo figura en Canarias un indulto por este tipo de delitos, que fue publicado en el BOE del 8 de septiembre de 1998, en la persona de un policía a quien la Audiencia Provincial de Las Palmas había sentenciado a una pena de cinco meses y un día de arresto mayor, y de igual manera a seis años y un día de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público. La medida de gracia se dirigió a levantar esa inhabilitación y a restituirlo en su condición de policía.

Contra el derecho de autor.

El de un condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas, el 15 de septiembre de 1994, a la pena de tres meses de arresto mayor y multa de 2.500.000 pesetas, a quien el 8 de julio de 1997 se le conmuta la pena pendiente por otra de noventa días más una multa, a satisfacer en cuotas diarias de 3.000 pesetas.

Por daños.

Otro indulto, esta vez por sentencia de 14 de junio de 2002 del Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife, se concedió al autor de un delito de daños, con pena de un año de prisión y multa de seis meses más una cuota diaria de dos euros, a quien el 29 de diciembre de 2005 se le indultan las penas privativas de libertad pendientes.

Contra los derechos de los trabajadores.

También fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, el 7 de junio de 2000, un ciudadano extranjero, sentenciado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, a la pena de un año de prisión y multa de ocho meses con una cuota diaria de 2.000 pesetas, quien el 18 de mayo de 2005 lograba un indulto total.

Delito de incendio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas sentenciaba a un hombre el 14 de diciembre de 1990, como autor de un delito de incendio y le imponía una pena de siete años de prisión mayor, que se conmutaba el 5 de marzo de 1996 por otra de cinco años de prisión menor.

Tenencia ilícita de armas.

Un condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife el 24 de enero de 2008, como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, a la pena de seis meses de prisión, se le conmutaba la pena pendiente por otra de un año de multa en cuotas diarias de dos euros el 6 de enero de 2010.

Detención ilegal.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el 3 de febrero de 1997, sentenciaba a un Policía Local a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión por un delito de lesiones, además de a dos años de suspensión de su cargo por detención ilegal, que el 1 de diciembre de 2020 el Consejo, de Ministros redujo a la mitad de la pena privativa de libertad y la inhabilitación que estaban pendientes de cumplir.

Coacciones.

Una mujer era condenada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas, el 20 de febrero de 1995, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor y multa de 300.000 como autora de un delito de coacciones, indultada el 10 de octubre de 1998 a la pena privativa de libertad pendiente aún de cumplimiento.