Aumentan las especulaciones e hipótesis sobre la intención de Pedro Sánchez de llevar a acabo una remodelación de su Gobierno para antes de finales de verano, inmediatamente después de tramitar los indultos a los presos del procés catalán. Sería una maniobra con la que el líder socialista trataría de dar impulso a la acción política del Ejecutivo y abrir una nueva etapa en la legislatura hasta ahora marcada por la lucha contra la pandemia y contra sus efectos económicos y sociales. El éxito de la campaña de vacunación, que se prevé permitirá alcanzar la inmunidad de grupo en el país a finales de verano, coincidirá además con el inicio de la recuperación económica, un contexto propicio para intentar desmentir las teorías del cambio de ciclo político en las que insisten las encuestas electorales.
A ello se suman dos elementos más que alimentan la idea de que Sánchez pretende estrenar en septiembre una nueva agenda política para los dos años y medio que quedan de legislatura. El primero es el inicio de la andadura del nuevo gobierno de Cataluña, que permitirá retomar las negociaciones con la Generalitat sobre el futuro de esa comunidad autónoma. El segundo es la celebración del XL Congreso Federal del PSOE previsto para octubre y con el que Sánchez iniciaría la estrategia a medio plazo para preparar las difíciles elecciones de 2023 en el contexto de una reunificación de la derecha, y del importante impulso logrado por el PP tras su reciente y espectacular triunfo en Madrid.
La crisis de Gobierno que prepara Sánchez afectaría fundamentalmente a la parte socialista del Consejo de Ministros, aunque no se descarta que también haya cambios en los representantes del otro socio gubernamental, Unidas Podemos, en ese caso a partir de un acuerdo entre ambas formaciones que podría incluso afectar no solo a los relevos en los ministerios, sino a la propia estructura del Ejecutivo.
Dos de los ministros con más posibilidades de abandonar el Ejecutivo, según todas las quinielas, son los más más directamente relacionados con la crisis migratoria que ha vivido Canarias en el último año: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En la cuerda floja están también otras dos ministras con agendas relacionadas con Canarias como son la titular de Turismo, Reyes Maroto, y la de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
En los casos de Grande-Marlaska y Escrivá, se entiende que Sánchez trata por un lado de no cuestionar la gestión técnica que han realizado de la emergencia migratoria en el difícil contexto de pandemia sanitaria, cierre de fronteras y suspensión de los acuerdos de repatriación, pero que cree que están políticamente muy desgastados y que su continuidad en el nuevo Gobierno lastraría el impulso político que pretender dar en todos los ámbitos.
Marlaska es uno de los once ministros que se mantienen en el Gobierno desde que Sánchez accediera a la Presidencia tras la moción de censura de hace justo tres años. No es del partido y fue una apuesta muy personal del líder del PSOE, que lo defendió ante la fuerte oposición de sus socios de Podemos, pero su desgaste político es evidente y la lógica aconseja darle relevo.
Ministros ‘de salida’
El ministro del Interior ha sido el representante del Ejecutivo más controvertido en relación a la crisis migratoria, sobre todo por su firme oposición a los traslados de migrantes desde Canarias a la Península, y ha tenido que enfrentarse en este terreno incluso al propio Gobierno regional de Ángel Víctor Torres. Cabe señalar que su punto de vista a este respecto era mayoritario en el Consejo de Ministros y que era especialmente respaldado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Sólo la evidencia de que no podían permanecer en las Islas contra su voluntad miles de africanos que abandonaban los centros de acogida y dos sentencias en ese sentito le ha forzado a aceptar las derivaciones programadas junto al Ministerio de Migraciones, de forma que de los más de 27.000 migrantes que han arribado a Canarias, solo 2.300 permanecen en las Islas en estos momentos. Pero las tensiones con el Gobierno regional a costa de la gestión migratoria ha sido constante y su salida del Ejecutivo no sería decepcionante para el equipo de Torres si la persona que le sustituyera no presente problemas de credenciales.
En el caso de Escrivá, la impresión generalizada entre clase política, y analistas y observadores es que la crisis migratoria le ha sobrepasado. Una persona de perfil tan técnico en al ámbito económico y que fue ‘fichado’ por Sánchez para arreglar las cuentas y encauzar la reforma de la Seguridad Social, no contaba con este tipo de escenario. Es un hecho, y Sánchez es consciente de ello, que Escrivá no tiene habilidades políticas, lo que con frecuencia le ha llevado a cometer errores de comunicación y de valoración de las situaciones que han dañado al Ejecutivo. Su actuación en la emergencia migratoria en las Islas ha sido un ejemplo de ello, porque con frecuencia pesaron más algunas de sus torpezas de actitud que la propia gestión, como ocurrió con el aplazamiento de su visita a las Islas en los momentos más duros de la llegada de africanos a las costas canarias y la situación que se estaba viviendo en el muelle de Arguineguín, o cuando plantó a las ONG y abandonó una reunión con el cabildo de Fuerteventura por las críticas que estaba recibiendo.
Por su parte, Reyes Maroto ha estado también en la diana de las críticas del sector turístico canario por su limitada y poco eficaz respuesta a la situación que la pandemia ha colocado a la principal industria de las Islas. Tanto los representantes empresariales como los observadores políticos dan por amortizada la presencia de Maroto en un departamento que, sin apenas competencias en tiempos de normalidad, tendría que haber estado mucho más presente durante la crisis y liderado de forma contundente una estrategia de choque y de relanzamiento. Todo parece indicar que una remodelación del Ejecutivo supondría su salida del mismo. También la titular de Exteriores, González Laya, tendría muchas posibilidades de dejar el cargo, muy dañada por la reciente crisis diplomática con Marruecos.
Más asentados parecen estar otros integrantes del Consejo de Ministros con temática vinculada a las Islas. Nadie duda, por ejemplo, que la socialista canaria Carlina Darias mantendrá la cartera de Sanidad, no solo porque sólo hace cuatro meses que accedió al cargo, tras un año en Política Territorial, sino también porque Sánchez está muy satisfecho de su gestión en la actual etapa de lucha contra la pandemia y liderando la campaña de vacunación, a pesar de los últimos encontronazos con las comunidades autónomas que han motivado peticiones de comparencia en el Cogreso.
Otras dos ministras con importantes asuntos que gestionar con Canarias son la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y en ambos casos parece que ganarán peso de cara a la nueva etapa. Montero ha mantenido durante sus tres años en el Ejecutivo de Sánchez un permanente tira y afloja con el Gobierno de Canarias y, aunque se ha mostrado con frecuencia intransigente o insensible a algunas de las exigencias isleñas, lo cierto es que al final ha cedido en muchas de ellas, como con el uso de superávit o la flexibilización de las reglas fiscales, aunque fuera a partir de normas aplicables a todo el Estado.
Rivera, por su lado, parece que liderará el reparto y aplicación de los fondos europeos para la reconstrucción; y José Luis Ábalos podría también ganar peso en el nuevo Gobierno bien con su actual cartera de Transportes, y encargado por tanto de gestionar el convenio de carreteras con Canarias, o quizá accediendo a alguna de las vicepresidencias.
El presidente del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE (Calre), Gustavo Matos, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acordaron ayer trabajar en común para coordinar la posición española en el proceso de redefinición del proyecto europeo, en el transcurso de la visita del canario a Madrid (en la imagen).|
