Carolina Darias es desde el miércoles el centro de las críticas de buena parte de la oposición. El PP, de un lado, y las fuerzas independentistas, de otro, le exigen que explique en el Congreso por qué se impusieron «de manera unilateral» en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las restricciones para que las autonomías luchen contra la pandemia y, sobre todo, a qué se deben «las advertencias» que lanzó «para su obligado cumplimiento». Una suerte de amenazas que, le recriminan, «supone una invasión competencial y un ataque a la soberanía de nuestros parlamentos y gobiernos».

Una rebelión en toda regla, pues, que encabezan tres presidentes autonómicos –dos del PP, Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia), y otro del PNV Íñigo Urkullu– pero que se ha extendido como una mancha de aceite. EH-Bildu, ERC, JxCAT, PDeCAT, la CUP y el BNG son los firmantes de la solicitud firmada ayer para que Darias acuda a la Comisión de Sanidad del Senado para «dar cuenta sobre lo acontecido» en el Consejo del miércoles, en el que siete autonomías no apoyaron las medidas anticovid aprobadas.

En su requerimiento, estos partidos subrayan que en la reunión «se impusieron, de manera unilateral y no consensuada, decisiones relativas a las medidas restrictivas que, de manera obligatoria, deberán aplicarse a partir de ahora». Y no es la única solicitud de comparecencia. Al requerimiento de los independentistas se suma otro del grupo parlamentario popular, quien ayer mismo denunció que en la Mesa y Portavoces de la Comisión de Sanidad el PSOE y sus socios hubieran bloqueado las comparecencias pendientes de Darias reclamadas por diversos aspectos de su gestión de la pandemia, hasta el punto de aplazarlas hasta el próximo período de sesiones, ya en septiembre.

Ayuso y Urkullu, molestos por las «intromisiones» de Darias, ya avisan que sus territorios mantendrán su propia hoja de ruta en cuanto a la desescalada. Denuncian que la posición de Darias constituyen una «invasión de competencias» por parte del Gobierno central.

Y es que el Consejo Interterritorial , en el que están representados de un lado el Ministerio de Sanidad y de otro las comunidades autónomas, aprobó, con rechazo de seis autonomías, el documento de obligado cumplimiento en el que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del ‘semáforo’ de Sanidad.

Durante la votación Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia, votaron en contra de la propuesta de Darias, y se abstuvieron Castilla y León y Melilla. Estas comunidades se opusieron de forma frontal alplanteamiento de Sanidad.

La primera autonomía en salir públicamente a denunciar el documento fue la Comunidad de Madrid. Lo hizo ese mismo miércoles y ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso volvía a reiterar que no acatará las medidas porque considera que son una «imposición política» de Darias, como representante del Gobierno central, y «no sanitaria».

«Mientras no sea obligatorio lo que no vamos a ir es contra los intereses de los ciudadanos. Este Gobierno se las tendrá que apañar, como sabe hacer, para apañar y arrollar», subrayó Ayuso. Esta defiende que no se trata de una cuestión de «rebeldía» por su parte porque «rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos».

El presidente de Galicia también ha reprochado al Ejecutivo central que pretenda «limitar ahora el proceso de apertura» de hostelería y ocio nocturno en la desescalada, transcurrido lo peor de la pandemia de coronavirus. Por ello, la Xunta ha avanzado que Galicia estudiará «en detalle» con la asesoría jurídica el documento que el Ministerio de Sanidad presentó en el Consejo Interterritorial «para analizar el carácter vinculante y si invade competencias autonómicas».

«No procede tratar la pandemia con amenazas. Procede tratar la pandemia con rigor, con diálogo y con razones», señalaba ayer Núñez Feiijóo, para quien la advertencia sobre el obligado cumplimiento de las medidas lanzada por la ministra canaria «son impropias en un Estado descentralizado, con servicios de salud y con competencias en salud pública».

Urkullu denuncia por su parte que las modificaciones planteadas por el Ministerio de Sanidad evidencian «desconcierto absoluto» en la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno central, por lo que asegura que Euskadi «seguirá su propia hoja de ruta» y mantendrá las medidas actualizadas este mismo lunes por las instituciones vascas.

En cualquier caso, la propia Darias salía ayer al paso de estas declaraciones de los gobiernos autonómicos en rebelión para recordar que el documentó contó con el aval de la mayoría del Consejo Interterritorial, la de los representantes del PSOE, y por lo tanto es de «obligado cumplimiento» y que lo hará cumplir, pese a la «pugna partidaria» abierta.

«Los acuerdos del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento y si [las comunidades] no lo hacen tendremos que hacerlo cumplir», insistió la ministra preguntada al respecto en una entrevista en la Cadena Ser.

Firmada la orden para su cumplimiento

El Ministerio de Sanidad trasladó ayer a las comunidades la orden con las restricciones al ocio nocturno y la hostelería recordándoles que son de obligado cumplimiento desde este momento hasta que la ministra «apruebe la finalización de su vigencia» previo acuerdo del Consejo Interterritorial. Así consta en la orden firmada por Carolina Darias con la que aprueba la declaración de actuaciones coordinadas frente a la covid-19 acordada en el Interterritorial y que, señala el documento, es recurrible en reposición ante la propia ministra o ante lo contencioso de la Audiencia Nacional. En la orden, que se prevé publique hoy el BOE, el Ministerio recuerda el carácter obligatorio de las mismas: «La presente declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía, con independencia del sentido de su voto». Y lo afirma apoyándose en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre los acuerdos de Conferencia Sectorial referidos al ámbito sanitario, en el que el Estado tiene atribuidas funciones de coordinación general.