La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ha solicitado imponer una pena de ocho años de prisión y una multa de 240 millones de euros a Vladimir Kokorev, por blanqueo de capitales y por dirigir una organización criminal transnacional que negociaba de forma ilícita con material militar de defensa y de doble uso. Además, pide su inhabilitación especial para ejercer labores de intermediación y consignación marítima, así como para ser empresario en el sector marítimo o inmobiliario. Asimismo, se acuerda el decomiso de las ganancias y efectos del delito.

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal pide para Igor Kokorev y Julia Maleeva, hijo y esposa del supuesto cabecilla de la trama, seis años de prisión y una multa de 150 millones de euros para cada uno de ellos por blanqueo de capitales. Por el mismo delito, solicita para el abogado canario Juan Arencibia una pena de cinco años y seis meses de prisión, una multa de 100 millones euros y una inhabilitación de tres años para ejercer como asesor fiscal y de cinco años para trabajar como intermediario en el sector financiero. Dos hermanas del letrado también han sido investigadas. Para M.A.R. pide cinco años y un mes de prisión y una multa de 10 millones de euros; y para M.L.A.R. cinco años y un mes de prisión, así como una multa de 7 millones.

Después de 12 años de investigación judicial sobre esta intrincada trama, la Fiscalía ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria la apertura de juicio oral del caso Kokorev ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, por lo que la familia hispano-rusa, investigada por ejercer como presuntos testaferros del entorno del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang, se sentará finalmente en el banquillo.

Según la conclusión primera de la investigación, que consta de 337 folios, Vladimir Kokorev generó una riqueza ilícita millonaria de, al menos, 120 millones de euros entre los años 1999 y 2014. Estos beneficios tienen origen en la negociación confección y ejecución de comercio con armas con Guinea Ecuatorial, de manera clandestina y corrupta. La actividad, que siempre fue ocultada, se realizó a través de las empresas: Kalunga Company S.A. e Intracoastal Trading Services y de la compañía Sj Marine Company Ltd, registrada en las Islas Seychelles. Según detalla la Fiscalía, «estas empresas fueron la cobertura desde las que el acusado celebró múltiples contratos –todos realizados con notorio sobrecoste y sobrefacturación imputados a los fondos del Tesoro Público de Malabo– de venta de armamento militar, de guerra y de infraestructuras navales militares que fueron vendidos, en connivencia con funcionarios y altos dignatarios militares, al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial».

Las partes implicadas, la acusación y la defensa, deben ahora formular sus informes para remitirlos al Juzgado. Los tres miembros de la familia fueron detenidos en Panamá, en septiembre de 2015, a raíz de una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Guinea Ecuatorial.