Los trabajadores temporales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias retomaron ayer sus movilizaciones en demanda de estabilidad en sus empleos. El informe jurídico solicitado por el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, no llega y, por tanto, tampoco su rúbrica en el preacuerdo alcanzado con los representantes de la plantilla a finales de abril. Desde el comité de huelga advierten de que no aceptarán rebajas que vengan impuestas desde Madrid.
Los sindicatos mayoritarios –Intersindical Canaria, Sepca y Co.bas– están convencidos de que fue una llamada del ministerio la que impidió que fraguara el acuerdo. Más aún ahora, cuando se han consumido todos los plazos dados por los propios dirigentes de la consejería y el informe no aparece.
«Entendemos que los compañeros de los servicios jurídicos tienen una enorme carga de trabajo por toda la normativa que surge por el covid», explica la presidenta del comité de empresa del Servicio Canario de Empleo (SCE) en la provincia de Las Palmas, Conchi Monzón. No obstante, la representante de los trabajadores detalla que existe la figura del «contrato menor. Lo utilizan para muchas otras cosas, creemos que esto es urgente y podrían tener el informe en diez días o menos», se queja.
La semana pasada, representantes de los tres sindicatos se reunieron con Julio Pérez en Tenerife. Manuel González (Sepca), miembro del comité de huelga, entiende que el consejero «se metió en un jardín» al vincular a dich informe la firma del preacuerdo al que habían llegado. También que si le llegó algún tirón de orejas desde Madrid cuando ya el ministro estaba tomando cartas en el asunto comprende que Pérez quiera contar con la mayor seguridad posible.
Trabajadores y administración habían coincidido en la creación de dos grupos de trabajo para identificar todos los casos de abuso de la temporalidad –unos 4.000 según los sindicatos– que se producen en las Islas. A partir de ahí, la estrategia pasaba por dotar esos puestos de fijeza sin consolidar las plazas. Es decir, estas se extinguirían con la jubilación de los empleados.
Esa fórmula bebe del informe elaborado en marzo por la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas para el estudio jurídico Ejaso, contratado por asociaciones de afectados de toda España. La jurista señaló la procedencia de realizar un cambio normativo para crear la categoría de personal estabilizado.
Como no llega el informe, los trabajadores han retomado las protestas. María Dolores Díaz, representante de la plantilla en el servicio de Dependencia, recordó que se desconvocaron los cuatro días de paro correspondientes a la última semana del mes pasado «como gesto de buena voluntad» a la espera de «firmar el viernes el acuerdo. Sin embargo, el jueves por la noche nos llamaron y nos dijeron que hacía falta un informe jurídico». El comité de huelga decidió entonces encerrarse en dependencias del Gobierno canario para mostrar su malestar.
El retraso en la valoración de los ciudadanos susceptibles de recibir atención en base a la Ley de Dependencia es uno de los grandes problemas que persigue aminorar el Gobierno de Canarias. «Que tengamos que parar para defender nuestros derechos no es una buena noticia», afirma Díaz sobre un departamento en el que, según sus propios cálculos, «el 91%» de los alrededor de 120 trabajadores son temporales.
El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, aseguró que las protestas «no paralizan», si bien admitió que «ralentizan. Es imposible cuantificar el retraso más allá de añadir los días de huelga al cómputo de tiempos medios». Su departamento avisa a los familiares que tenían una cita para la valoración «y se les da una nueva fecha».
Si en porcentaje es uno de los negociados más afectado, el Servicio Canario de Empleo (SCE) lo es en volumen de trabajadores. De los 678 efectivos que lo integran, el 52%, «352 trabajadores», según Conchi Monzón, no tienen la fijeza que demandan.
«Desde la anterior crisis hemos perdido más de cien efectivos y en los próximos diez años se jubilan otros 250 trabajadores, queremos que se produzca un relevo generacional y que también haya un traspaso de conocimiento», señaló la presidenta del comité de empresa del SCE en la provincia oriental.
En cuanto al seguimiento de la protesta ayer, Manuel González se mostró seguro de que superó el 50%, «una participación media-alta». En el SCE redujeron el porcentaje hasta el 28%. En el caso del personal no docente de Educación –comedores básicamente–, la Administración situó la participación en el 11,6%, con datos de las 13.30 horas.
Más allá del seguimiento de las protestas, Bruselas ha condicionado el envío de fondos a España a, entre otras cuestiones, la reducción de la tasa de temporalidad. Ese es un factor que presiona a todas las administraciones.
Hasta que se rubrique el acuerdo, el calendario de protestas incluye paros parciales los segundos jueves de cada mes y totales en los cuatro primeros días de la última semana. Los preceptivos preavisos presentados alcanzan hasta diciembre.
