El Juzgado de Instrucción número 2 de Arona espera por la identificación de uno de los 24 migrantes fallecidos en un cayuco localizado a casi 500 kilómetros al Sur de El Hierro el pasado mes y cuyos cuerpos llegaron a Los Cristianos el pasado 27 de abril. Para este proceso, un familiar de uno de los subsaharianos que perdieron la vida en la travesía y que reside en el País Vasco ofrecerá su ADN para cotejarlo con las personas muertas en la embarcación salida de Mauritania y que estuvo en el mar más de tres semanas. Esta gestión resulta fundamental para poder agilizar el entierro de los cadáveres que están descomponiéndose en las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y, de esa manera, mejorar el funcionamiento del citado recurso, que depende del Gobierno de Canarias.

Durante la jornada de ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informó de que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona «es consciente de que el tiempo apremia», pero advierte de que su labor fundamental es la tutela de los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción y, en el presente caso, de los familiares de los fallecidos.

La autoridad judicial estima que su deber es ejercer de garante del derecho de los migrantes a que reciban sepultura en las mejores condiciones. En este momento, hay una familia que reside en el País Vasco que reclama el cuerpo de su ser querido, que supuestamente se encuentra entre los 24 cadáveres que continúan en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. Esta situación genera problemas en el funcionamiento y el trabajo de dicho recinto, ya que los cuerpos se descomponen y no existe espacio suficiente para acogerlos. La familia fue localizada hace varios días y facilitará una muestra de ADN de un hermano del supuesto fallecido, que será cotejada con los extraídos a los cadáveres. El tiempo que tarde en resolverse dicha situación será lo que dure la resolución del actual problema en el Instituto de Medicina Legal, que ha sido criticado por su director, Jesús Vega. Si en breve no se resuelve el caso, el lunes o el martes la magistrada adoptará una nueva decisión.

En condiciones normales, el entierro de los mencionados migrantes debería realizarse en el cementerio de Arona, que fue el municipio al que llegaron tras ser remolcado su cayuco por una embarcación de Salvamento Marítimo hasta Los Cristianos. Sin embargo, dicho camposanto no se halla en condiciones para poder dar sepultura a los subsaharianos. Ante dicha situación, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y la villa de Candelaria ofrecieron sus respectivos cementerios para poder resolver la situación lo antes posible.

El hallazgo por casualidad del cayuco con los 24 cadáveres ha sido uno de los hitos de los episodios trágicos del proceso migratorio por la Ruta Canaria. La embarcación fue localizada por casualidad cuando un avión del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) del Ejército realizaba un ejercicio de entrenamiento.

La localización se produjo a unos 490 kilómetros al Suroeste de El Hierro. Desde esa mañana se activó el dispositivo de rescate, que fue coordinado por Salvamento Marítimo desde su base en Santa Cruz de Tenerife. Un helicóptero del SAR acudió al punto en el que se hallaba el cayuco y consiguió rescatar a los tres supervivientes, dos hombres y una mujer. En esa dura experiencia, los profesionales de dicho equipo contabilizaron unos 17 cadáveres.

Sin embargo, días después, cuando la embarcación llegó hasta Los Cristianos y los bomberos del Consorcio de Tenerife procedieron a sacar los cuerpos sin vida, se comprobó que la cifra real de fallecidos ascendía a 24, tras haber permanecido en el mar más de tres semanas. Sin embargo, se estima que otras 32 personas murieron durante la travesía y fueron arrojadas por la borda.