El Parlamento de Canarias ha exigido este viernes al Gobierno español un protocolo de derivaciones de menores migrantes no acompañados, proporcional y estable, que incluya a todas las comunidades autónomas.

Todos los grupos parlamentarios de la Cámara regional han apoyado una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por CC-PNC que también exige a la Unión Europea la renovación del Plan de Menores no acompañados que finalizó en 2014 y que vaya unido a una dotación creíble de fondos.

Además, requieren al Gobierno español la implementación urgente de medios humanos y tecnológicos que permitan agilizar la determinación de edad a través de pruebas óseas u otras de igual validez.

Todo ello con el fin de evitar la permanencia e inseguridad que implica la convivencia entre mayores y menores migrantes, requiriendo a su vez que la Policía adopte las medidas necesarias para que una vez determinada la mayoría de edad, deriven a esas personas a la mayor brevedad posible a centros de acogida humanitaria del Estado.

Todos los partidos con representación en el Parlamento de Canarias han reconocido el esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias en la gestión de la acogida e integración de los menores.

La diputada de CC-PNC Cristina Valido, impulsora de la PNL que para su aprobación ha sido modificada y consensuada con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias, ha afirmado que de esta manera se pretende que el Estado y la UE "pongan el foco" en la situación "grave" que se vive en Canarias.

Asimismo, es una forma de presionar para que asuman su responsabilidad, ha agregado Valido, quien ha lamentado que el Gobierno canario siga "en solitario pidiendo al resto de las comunidades ayuda" para atender de forma adecuada a los menores inmigrantes.

"No dudamos que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para que se cumpla ley y se distribuyan los menores, pero a fecha de hoy esto no ocurre", ha manifestado la diputada de la oposición, quien ha admitido el "enorme esfuerzo" que se ha hecho desde Canarias para acoger a los menores llegados en patera.

Según Valido, "no cabe dulcificar y cambiar los términos" porque se trata de una situación "grave, urgente e importante" que precisa de una legislación estatal con medidas específicas.

En su opinión, "es increíble que a nivel estatal no se hable de ello y la Unión Europea no haga nada".

La Proposición No de Ley aprobada en comisión parlamentaria también insta al Gobierno español a impulsar una mejor coordinación entre las distintas entidades de protección de menores existentes en el territorio nacional, a través de su Comisión de Direcciones Generales de Infancia y Familia.

Aboga por promover la unificación de los criterios de actuación de las distintas entidades de protección de menores existentes en el territorio nacional y por fomentar el establecimiento y seguimiento de la aplicación de convenios bilaterales con los países de origen de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas.

El texto aprobado pide la creación de un Registro único administrativo de menores extranjeros no acompañados con el fin de que las entidades de protección de menores cuenten con un sistema accesible, fiable y coordinado de identificación de estos menores.

Un manual de buenas prácticas para la atención de menores extranjeros no acompañados en situación desamparo es otra de las sugerencias para "buscar una respuesta adecuada a la complejidad e importancia de la intervención con estos menores".