“No había protocolo para sacar a menores de centros de adultos”

¿Es el peor momento para llevar los casos para saber la edad de los menores migrantes?

Este año ha sido especialmente difícil, sí. En 2021 llevamos 300 expedientes de determinación de edad incoados; es decir, por los que se acuerda practicar las pruebas óseas y otras para saber si son mayores o menores.

¿Cuántos casos hubo el año pasado?

Unos 700. El 2020 fue una auténtica locura de llegada de embarcaciones y con muchos menores. Pero casi todos los expedientes que se incoaron el pasado año están ya resueltos. Faltan 45.

¿Y cuántos eran realmente menores?

El 65% resultaron ser mayores, según la Fiscalía de Menores. Y, respecto a los de este año, estamos pendientes de que se hagan las pruebas de los forenses.

¿Desde febrero no hay ningún resultado nuevo?

No. Acabamos de hacer las pruebas de las personas que llegaron en el 2020. En Fiscalía, lógicamente, no disponemos de un aparato de rayos X. Usamos los del Hospital de La Candelaria. Se designa un día y va un grupo a hacerse las pruebas. No podemos hacerlas de forma permanente, porque tenemos que esperar a la cita que nos dan y es un equipo que está para todos los ciudadanos, no solo en exclusiva para menores migrantes. Hemos calculado que en un par de meses estemos ya con todas realizadas y en espera de recibir el informe médico forense. Porque, una vez que se hace el análisis de los huesos de la muñeca y de los maxilares, la mandíbula y los dientes, después las imágenes son analizadas por forenses. Y estos también realizan una exploración física al menor, para tener una visión más global y certera.

¿A qué se debe que pueda haber menores en hoteles o en campamentos para adultos?

En la actualidad, todas aquellas personas que han manifestado ser menores y han aportado un principio de prueba están ya en recursos específicos para ellos. En febrero se nos presentó un listado enorme de personas. Hubo una reunión con las ong que gestionan tanto Las Raíces (Accem) como Las Canteras (OIM), así como con Cruz Roja, y se acordó que, con respecto a las personas que consideraran que pudieran ser menores, se presentara un informe detallado e individualizado. Yo no puedo trabajar con una lista que solo contiene nombres, apellidos y la fecha de nacimiento que esa persona dice. Las ong empezaron a aportarnos entonces partidas de nacimiento, fotos de los presuntos menores y expedientes individuales, donde el trabajador social y el psicólogo nos decía que tenía una serie de aspectos, como que adoptaba un comportamiento infantil o que solo se relacionaba con menores, entre otras cosas. Todos esos expedientes, 225 solo de Cruz Roja, nos los enviaron a Fiscalía. Y esas personas se sacaron de los centros donde estaban y se enviaron a recursos específicos. Y, a partir de ese momento, se comunicó a Accem, OIM y Cruz Roja que si detectaban algún caso de supuesto menor que avisaran de forma inmediata a la Fiscalía. Y así se ha hecho con varios casos.

¿Se hace un seguimiento de esta situación?

Suelo llamar a las representantes de las ong para preguntar si está todo en orden o hay algún problema. Y ellas saben perfectamente cuál es la tramitación. Desde que aparece un pasaporte que dice que ese chico es menor, inmediatamente hay que ir a la Policía Nacional y los agentes me avisan para que se acuerde el ingreso inmediato en un centro de menores. Se ha reforzado la atención con un servicio específico de funcionarios para atender este asunto.

¿A los menores no se les identifica a su llegada?

La Policía Nacional identifica. Y una acción importante es separar a los adultos de los que dicen ser menores. A veces, ellos mismos no dicen que son menores, por lo que hay que hacer una indagación. ¿Por qué no lo dicen? Imagínese que usted es menor y viene con su hermano mayor de edad en un barco. Si reconoce la minoría de edad, sabe que irá a un centro y su hermano a otro recurso diferente. Si fuera yo, no diría que soy menor. Eso es lo que tenemos que controlar. Hay miles de razones. No separarse de la familia es un supuesto. Otro es que, si dices que eres menor, no vas a poder trabajar de forma inmediata, que es su objetivo principal para ayudar a la familia. En estos casos no me gusta nada generalizar. Para mí no hay números, sino historias personales y cada una es un mundo.

¿Les cogió por sorpresa cuando algunos activistas empezaron a venir a Fiscalía con decenas de migrantes que decían ser menores?

Sí. Digamos que fue una avalancha. Pero todo eso se ha gestionado y, de hecho, muchas de esas alegaciones de minoría de edad se referían a supuestos menores incluidos en ese famoso listado inmenso de Cruz Roja. Hubo que cotejar todas las listas, las que nos llegaban de plataformas, de las ong. Nos hemos encontrado que, para una misma persona, se había solicitado la minoría de edad desde cuatro entidades distintas. Fue un trabajo arduo, pero todas las peticiones se lograron canalizar. Sí que fue una avalancha importante, pero se logró gestionar.

¿Han fallado los protocolos de comunicación entre ongs y la Fiscalía; o esas pautas de ación no existían hasta ahora?

Siempre hay que trabajar con el protocolo de menores extranjeros no acompañados (Menas), que se publicó en el 2014. Pero un protocolo específico para lo que vivimos aquí en Tenerife en febrero no existía. Lógicamente, una vez que se plantea el problema, hay que actuar y de manera inmediata. Y lo que se hizo fue hacer una reunión de coordinación con esas ong y establecer cuál era la mejor manera de encauzar la información, pues teníamos que trabajar todos en el mismo sentido. Si hay un menor, hay que protegerlo de forma inmediata y todos debíamos saber lo que había que hacer. En ese encuentro nos intercambiamos teléfonos, correos electrónicos y hay un móvil disponible las 24 horas, que tienen todas las ong. Esa coordinación se puso en marcha en marzo.

¿La Fiscalía se ha visto desbordada por este proceso?

Quiero dejar bien claro que en la sección de Extranjería no estoy sola. Si no sería absolutamente imposible trabajar. Desde julio del año pasado hay una compañera que trabaja conmigo en el servicio y, a raíz de estos problemas con los menores, se nombró en enero otro fiscal de refuerzo. ¿Desbordada la Fiscalía? Pues fue una impresión recibir ese listado de 225, pero, insisto, con un esfuerzo ímprobo se pudo resolver todo, con muchísimas horas de trabajo, con jornadas larguísimas, todas las tardes, fines de semana, festivos o Semana Santa. También con un servicio de funcionarios que me ayudan, evidentemente.

¿También lo hizo el Jueves y el Viernes Santo?

Sí. Y el sábado también.

¿Y qué hizo esos días?

Los decretos sobre el listado de Cruz Roja. Y un trabajo muy importante, como es la organización, que consiste en tener un control de toda la documentación que ha entrado y en qué estado se encuentra. Y lo más importante era verificar que ni una sola de las peticiones hubiera quedado desatendida. He contado con el apoyo y la ayuda de la fiscal jefe, María Farnés Martínez. Su apoyo personal y profesional ha sido fundamental.

¿Cómo ha evolucionado la llegada de migrantes desde el año pasado hasta ahora?

En enero del 2020 llegó algún cayuco. Fue algo anecdótico. En marzo se inició un goteo. Empezamos con la pandemia y, durante esta, siguieron entrando. El pasado año arribaron a Tenerife 56 cayucos y pateras; 16 a El Hierro, dos a La Palma y otras tantas a La Gomera. Y en este año llevamos 12 por Tenerife y 11 por El Hierro. Pero ya no llegan desde Senegal, sino desde Mauritania. A toda Canarias en el 2019 llegaron 129 pateras y cayucos; en el 2020, 745. Y en 2021, desde el 1 de enero al 15 de abril, han arribado 3.980 personas en 111 embarcaciones. En el mismo periodo del pasado año llegaron 1.770 en 60 barcos.

¿A qué atribuye ese cambio en los lugares de partida?

Supongo que se basa en el control de las fronteras. Ellos saben exactamente por dónde salir y por dónde no. Hablo de la ruta senegalesa, que es posiblemente la más peligrosa. Si hay la más mínima desviación, no llegan a Canarias, entran en la corriente atlántica y desaparecen. Eso es lo que pudo haber pasado con el cayuco localizado el 11 de abril. Si no les llega a encontrar el barco pesquero, esa gente hubiera fallecido con total seguridad. Se quedaron a la deriva, estuvieron así muchísimos días, sin comida, sin agua. Las declaraciones de los testigos fueron durísimas. Tres días les duró la comida. Les dijeron que no hacía falta que llevaran comida, porque el barco estaba perfectamente pertrechado y, cuando llegaron allí, se encontraron sin nada. El principal problema de la inmigración es que algunos se aprovechan de la vulnerabilidad, los sueños, la necesidad y el engaño. Muchas personas que llegan aquí tienen una percepción completamente distinta de lo que van a encontrar. Ellos creen que llegan aquí, que van a tener trabajo, permisos, que pueden moverse libremente por Europa; y ese es el engaño. Dudo mucho que sean conscientes de las condiciones en las que van a venir. Saben que van a subirse a un barco, pero no de la dureza de la travesía; ni de la realidad laboral y social. Vienen con la voluntad de trabajar y ayudar a sus familias. Pero la realidad se confronta con sus sueños.

¿Cuántas personas han llegado a Tenerife?

Solo a la provincia de Santa Cruz de Tenerife llegaron 4.400 personas el año pasado. Y hay una labor ingente de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) de la Policía Nacional, que tiene una coordinación ejemplar con la Fiscalía.

¿Cuántos patrones se han detenido desde el año pasado?

Llevamos muchos patrones detenidos y la mayoría está como presos preventivos. Desde el 2020 hasta ahora se ha arrestado a más de 40. Y en prisión provisional están 30 de ellos. Las detenciones son un instrumento principal que tenemos para mandar el mensaje de que organizar viajes y cobrar el dinero de los inmigrantes irregulares es delito. No perseguimos a quien entra de forma irregular, sino a la red que se encarga de traer a esas personas.

¿Y ustedes llegan a tener datos de quienes promueven esos viajes en origen?

Eso es uno de los principales problemas que hay con estas investigaciones. No podemos abarcar toda la red, entre otras cosas, porque no tenemos jurisdicción en los países de origen. Se pueden obtener datos de la organización, pero no podemos llegar a ella. Nos centramos en el que lleva el timón, el que se encarga del GPS, en el que tiene la comida y la raciona; porque muchas veces las personas no son libres de coger los alimentos. Hay uno que les dice: tú comes cuando yo te digo.

¿El cayuco que llegó el 11 de abril ha sido uno de los peores de la historia de Canarias, con entre 26 y 30 muertos en total?

Efectivamente. En enero de este año también llegó otro a El Médano con cuatro fallecidos. Hace años, cuando yo todavía no llevaba esta sección, también arribó otro a El Hierro con siete fallecidos. Si se confirman las manifestaciones de los supervivientes del 11 de abril, sería uno de los peores, porque ellos hablan de más de 20 personas que fallecieron durante el viaje, junto con los cuatro cadáveres que estaban en el barco cuando fue localizado. Fue durísimo. Se consiguió hacer una investigación muy rápida, prácticamente desde el momento de la llegada. Y esa rapidez permitió identificar a los cuatro patrones.

¿De verdad que se requieren grupos organizados para esos viajes?

Detrás hay redes. Un cayuco con 195 o 180 personas no lo organizan dos amigos. Se está pagando mucho dinero. Muchos ponen 700 euros. Imagínese lo que son 700 euros para una persona pobre en África. Pues multiplique eso por 100 personas que pueden venir en uno de esos barcos. Y si organizas 4 o 5 viajes al mes... Las ganancias que se obtienen son enormes y el coste es mínimo.

¿Cómo se identifica a los responsables de los viajes?

Hay una identificación fotográfica y después en el juzgado se hace una rueda de reconocimiento. También se hacen las pruebas preconstituidas, en las que las personas que venían en la embarcación identifican, reconocen y declaran contra los patrones. La prueba preconstituida se hace porque se contempla la posibilidad de que algunas de ellas no estén en el país cuando se celebre el juicio a los acusados. Están presentes los investigados, sus abogados, el juez, el intérprete, la fiscal y el letrado de la Administración de Justicia. Con todas las garantías legales.

¿El supuesto bloqueo que se registra en Canarias con respecto a los desplazamientos a la Península puede influir para frenar la salida de más personas?

Vamos a hablar de una llegada mantenida, lo que pasa es que las embarcaciones que arriban ahora son más pequeñas. Una parte de las que llegan en el 2020 eran cayucos senegaleses, que, mínimo, venían con 100 personas. Ahora llegan barcos mauritanos y pateras marroquíes, que son mucho más pequeñas. Pueden llegar las mismas embarcaciones, pero con muchas menos personas. No creo que la situación registrada en campamentos como Las Raíces pueda influir. Quien quiere venir va a seguir viniendo. No creo que les afecte, porque ya están en Europa. Tarde o temprano esta situación se va a tener que solventar. Si no les desalienta el riesgo a jugarse la vida en el mar, no creo que les desaliente estar aquí una temporada. Cuando uno vive en la miseria, hará lo que sea. Me da pena la información que reciben tan errónea de lo que hay aquí. Y esas falsas expectativas que les generan otros compatriotas que están aquí favorecen a las mafias.

¿El Gobierno o la Unión Europea favorece un bloqueo en sus viajes a la Península?

Creo que, para volar, los requisitos nos afectan a todos. Tenemos que tener un pasaporte, una justificación para volar... Yo, por ejemplo, no puedo viajar libremente a cualquier parte del territorio nacional si no cumplo una serie de requisitos, como pasaporte, PCR, justificación del desplazamiento, etc. Los casos que me han llegado afectan a personas que han intentado volar y no han podido con pasaportes e identificación no apta, por ejemplo, pasaportes falsos u otro tipo de documentos que no habilitaban para volar. Igual que usted no puede volar con una partida de nacimiento, alguien no puede volar si no está identificado. Desde luego, la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo establece bien claro que toda aquella persona que está bien identificada, dispone de pasaporte y cumple los requisitos puede volar. Y el martes salieron 25 migrantes hacia la Península. Y en estos meses, en colaboración con los ministerios, se han hecho traslados periódicos a la Península.

¿A usted le constan?

Sí, claro.

¿Nos podría decir a cuántas personas se ha trasladado?

Datos no le puedo dar. No los tengo. Quienes son especialmente vulnerables, mujeres embarazadas...sí son trasladados. La Fiscalía tiene un ámbito competencial muy determinado: intervengo en el caso de internamientos en el CIE, si procede; expulsiones cuando son necesarias, asuntos penales (delitos de favorecimiento de la inmigración), pero no llevo un control sobre todas y cada una de las personas, porque eso es responsabilidad del Ministerio del Interior.

¿Le consta que en Las Raíces se hayan vulnerado los derechos humanos?

Lo desconozco, porque no he estado en el interior. Y no tengo constancia por otras vías. A mí no me ha llegado un escrito en el que se alegue vulneración de derechos humanos, que es algo muy grave; tampoco por incumplimiento de derechos fundamentales. Que hay quejas, sí; que hay cosas por mejorar, por lo que se lee en prensa, también. Si en la Fiscalía tuviéramos constancia de algo, actuaríamos de inmediato.