Canarias invertirá más de 60 millones de euros en la construcción, con fondos de la Unión Europa, de dos edificios de máxima seguridad para concentrar sus servicios esenciales en Tenerife y Gran Canaria. La Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha sacado a licitación por 1,9 millones de euros la redacción de los proyectos técnicos para la construcción en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria de dos inmuebles preparados para afrontar con plena operatividad terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos adversos.
El Gobierno de Canarias quiere mejorar la seguridad y lograr una mayor eficiencia económica y operativa al acabar con la dispersión actual de servicios que funcionan las 24 horas de los siete días de la semana y que se consideran imprescindibles para la región: el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112), el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Sala Operativa del Cuerpo General de la Policía Canaria, el Cibercentro, el 012, el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, el Control de Viaductos y Túneles, el Centro de Control de la Red de Emergencias y otros servicios que pueda asumir Canarias en función de las nuevas competencias del Estatuto de Autonomía. O, incluso, los de otras administraciones públicas, como los centros insulares de Protección Civil o los centros de control de consorcios de bomberos.
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez (NC), considera que la construcción de estos edificios es “una necesidad perentoria de la Comunidad Autónoma”, ya que se trata de “servicios imprescindibles para la ciudadanía en materias tan sensibles como las urgencias sanitarias, las emergencias o la atención a víctimas de violencia de género”. Cuestiones que no pueden desatenderse en ninguna circunstancia, por complicada que sea.
La propuesta técnica plantea que “para garantizar el funcionamiento de estos servicios en situaciones adversas, resulta necesario disponer de una concentración de todos los servicios de respuesta, alerta y actuación frente a incidencias en materia de seguridad, en dos infraestructuras edificatorias localizadas en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife”. Ambos inmuebles se levantarán en solares propiedad de la Comunidad Autónoma situados en El Sebadal (una decisión aún pendiente de confirmación), y en el distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, donde se ubican los barrios de Llano del Moro, El Sobradillo, El Tablero, Alisios, La Gallega, Añaza, El Chorrillo, Santa María del Mar, Acorán, Barranco Grande, El Rosarito, Tíncer y El Draguillo.
El director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, José Julián Isturitz, considera que las islas deben aspirar a “la máxima eficacia en la prestación de los servicios 24/7, y esto sólo se consigue mediante la adaptación y modernización de las infraestructuras, pero también con una centralización física”.
Los objetivos que cumplirán estos nuevos edificios son eliminar los problemas de movilidad, conectividad e interrelación de los servicios que se dan con la actual dispersión; contar con equipamiento e infraestructuras a prueba de catástrofes, y modernizar unas sedes que “en algunos casos ya no cumplen los requisitos de la normativa vigente, ni cubren la demanda de prestaciones actuales, en las que, además, se utilizan recursos tecnológicos insuficientes u obsoletos”.
Los edificios tendrán una localización que permita la mejor accesibilidad e interconexión con las principales vías, así como “una fácil interrelación con otros servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a áreas críticas relacionadas con el cuidado y protección de los ciudadanos”. El diseño también deberá prever su capacidad de hacer frente a situaciones excepcionales.
El Gobierno de Canarias estima que cada edificio albergará a una plantilla formada por 550 empleados públicos de la Comunidad Autónoma; ocupará una extensión útil de 15.000 metros cuadrados, y contará con un presupuesto de construcción de unos 30 millones de euros, “sin contar con el equipamiento”. La ejecución y dotación de estas infraestructuras se va a financiar dentro del programa React-EU, como parte de la respuesta de la Unión Europea (UE) a la pandemia del coronavirus, dentro del objetivo estratégico de “apoyar inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos”.
El primer paso para la construcción de los edificios, ambos dotados con helipuertos, ha sido la reciente licitación de la redacción del proyecto técnico de arquitectura, ingeniería, seguridad y salud de ambos inmuebles, que cuenta con un presupuesto de 1.897.000 euros y un plazo de finalización de seis meses.
