“Hay mucho dinero disponible para España pero hay que asegurar que se ejecute rápido para que no se pierda”. El mensaje que llega desde la Comisión Europea es claro y nítido tanto para España como para el resto de los Estados miembros de la UE en estos años que van a ser claves en la recuperación de la actividad económica, con el fin de volver a los indicadores anteriores al estallido de la pandemia. Una de las regiones más beneficiadas por los fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis como los correspondientes al marco financiero 2021-2027 es Canarias, lo que implica que la Comunidad Autónoma tiene que adaptar su aparato administrativo a este escenario ya que la Comisión Europea cede espacio de gestión de los fondos a las comunidades y regiones para acelerar su ejecución, pero seguirá siendo la responsable última de fiscalizar el destino de los mismos.
Los técnicos y cargos de la Comisión conocedores de los fondos comunitarios advierten que “no queremos que haya los mismos retrasos en la ejecución de los programas que hemos observado en el periodo anterior”. Se refieren sobre todo a las partidas incluidas en las políticas de cohesión, principal instrumento de inversión de Bruselas para reducir la brecha económica y social entre los territorios de la Unión. Durante este año 2021 la Comisión y los Estados tienen que negociar la adaptación de los programas de cohesión para el periodo presupuestario 2021-2027 y el objetivo comunitario es llegar a un acuerdo lo más rápido posible para que se empiecen a aplicar las nuevas prioridades de las políticas comunitarias.
Es aquí donde se encuentra la principal dificultad ya que Bruselas entiende que se debe acelerar aún más la inversión y ejecución de los programas pendientes del anterior periodo financiero. Según los datos de la Comisión, a España aún le queda por invertir un 50% de los fondos vinculados a las políticas de cohesión del periodo 2014-2020, lo que supone que entre este año y el 2022 van a coexistir las partidas pendientes de ejecutar del periodo anterior, las procedentes del nuevo marco financiero y los fondos React EU destinados a la recuperación del tejido económico y social destruido por la pandemia del Covid-19.
Dinero hay y Bruselas no ha detectado aún que se hayan desestimado por el Gobierno español y las comunidades autónomas programas importantes comprometidos con fondos comunitarios pero, eso sí, “la ejecución se tiene que acelerar más en los próximos meses para evitar perder fondos en estos dos próximos años”, advierten.
Un 48% más
Canarias forma parte de las comunidades que reciben más fondos de las políticas de cohesión a través de sus tres principales líneas financieras: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo (FSE). En este marco se encuentra también entre 2021 y 2022 el mecanismo de transición para recuperar la actividad económica dañada por la pandemia. España recibe un 48% más de fondos procedentes de las políticas de cohesión, 15.300 millones de euros más, frente al 23% de incremento de media. Canarias ya tiene asegurados unos 630 millones de euros pero se pueden elevar a más de 1.000 millones a través de las diferentes políticas vinculadas directa o indirectamente a los distintos sectores económicos y las políticas de inversión pública.
La demanda de más agilidad y eficacia en el gasto público forma parte de los cambios introducidos por la Comisión Europea frente a periodos anteriores. Bruselas ha acometido una reestructuración de los procedimientos para reducir trámites y descentralizar las decisiones. Bajo el lema de la “gestión compartida” la UE reduce el derecho derivado y la normativa comunitaria y da más poder de decisión a los gobiernos nacionales, regionales y locales para elegir los programas, gestionar los fondos e invertirlos en planes que se encuentren en el marco de las prioridades comunitarias. De hecho, se flexibilizan las normas de ejecución de los fondos y las auditorías nacionales y regionales serán las encargadas de supervisar la gestión y la ejecución del gasto frente a los mecanismos de control comunitario que hasta ahora eran un corsé que ralentizaba el desarrollo de los programas. Asimismo, y como gesto de Bruselas durante 2021 y 2022, los fondos europeos financiarán el 100% de las acciones frente a la habitual cofinanciación de los proyectos de años anteriores. Como medida excepcional frente a la crisis, Bruselas adelanta el 11%, se reembolsará la totalidad de lo que se invierta en estos dos años y los gastos financiables se retrotraen al 1 de febrero de 2020, es decir, desde que comenzó a detectarse en Europa los primeros síntomas de lo que después se convertiría en la pandemia en la que aún estamos inmersos.
Pese a los retrasos Bruselas garantiza que los programas vinculados al periodo financiero 2014-2020 se seguirán ejecutando, a la vez que se refuerzan en 2021-2022 con los fondos de recuperación y los del nuevo marco financiero que se negocien en los próximos meses.
Este reto que lanza la UE a los Estados y regiones pone a prueba la capacidad de gestión de las administraciones públicas para destinar los fondos a los objetivos previstos, el control del gasto y la ejecución en tiempo y forma de los mismos. El principal vector en el que se mueve la Comisión que preside Ursula von der Leyen da prioridad absoluta al Pacto Verde para reducir los efectos del cambio climático en el ámbito de la UE de aquí al 2050. Las inversiones en sostenibilidad, energías renovables y gestión de residuos convivirán con las políticas destinadas a restaurar la crisis del Covid. En esta línea, Canarias tiene un déficit en cuanto a ejecución de los fondos con una media por debajo del 40% según algunos expertos. Por eso Bruselas hace hincapié en agilizar el gasto de los recursos ante la lluvia de millones que se avecina dotando a los países y regiones con herramientas que hagan más eficaz la gestión pública.
En este sentido, Bruselas puntualiza que una parte importante de los fondos del Feder son plurianuales porque suelen estar vinculados a proyectos de inversión que se desarrollan en varios años. Los planes a desarrollar bajo el paraguas de los fondos Next Generation se pueden extender hasta 2023 y el cierre y justificación de los mismos tienen que estar presentados ante de acabar 2025.
