“Después de 30 años como juez, lo que más me preocupa es la tardanza de la Justicia”

¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia en Canarias?

Después de más de 30 años como profesional, lo que más me preocupa es la excesiva pendencia o tardanza de la Justicia; es algo que nos debe preocupar a los que tenemos cargos de responsabilidad y debemos hacer lo posible por cambiarlo. Pero el Poder Judicial tiene unas competencias limitadas para afrontar dicha realidad. Mis objetivos son lograr una Justicia más rápida, más eficaz, comprensible y transparente.

¿Cómo ha afectado la pandemia y la posterior crisis económica a la actividad de los diferentes juzgados en las Islas?

Hay jurisdicciones y partidos judiciales más afectados que otros por la acumulación de trabajo y el retraso generado a raíz de la pandemia durante los tres meses de confinamiento, así como por las suspensiones de diferentes actos judiciales. Los órganos judiciales que concentran más carga de expedientes son los de lo contencioso-administrativo, los de lo Social y lo que se avecina en los de lo Mercantil. Es cierto que está costando recuperar el tiempo perdido durante el parón producido entre mediados de marzo y junio del 2020.

El proceso de elección ha durado más de lo habitual, ¿no?

Se inició en septiembre del 2019 con la presentación de candidaturas y se ha demorado más de un año y medio. En noviembre del 2019, ninguno de los tres candidatos obtuvimos los tres quintos de los apoyos del Pleno. Y, después, por diferentes circunstancias, no se había vuelto a tratar la elección del cargo. El órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones más de dos años. El punto se pospuso hasta hoy, donde obtuve 13 de los 21 votos.

¿Cuáles van a ser sus directrices de trabajo para los próximos años?

Mi labor consistirá en dirigir y coordinar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; órgano en el que reside el control gubernativo de dicha institución, siempre bajo el Consejo General del Poder Judicial. Mi propósito será atender los problemas de la Justicia en Canarias de la mejor manera posible, mediante un seguimiento para detectar las dificultades y anticiparnos para ofrecer respuestas a las mismas. En ese contexto, mantendremos un contacto estrecho con el servicio de inspección para conocer de forma directa cuáles son los problemas de cada jurisdicción. También defenderé el respeto a la independencia de los jueces y magistrados.

¿Cuál será su postura ante el Gobierno de Canarias?

Ante la Consejería de Justicia exigiremos los medios materiales y de personal necesarios. Pero también vamos a colaborar con el Gobierno para que todas aquellas iniciativas que persigan una Justicia más eficaz y transparente lleguen a buen puerto, como pueden ser la llamada de papel cero y otras relacionadas con la mejora de la gestión procesal.

¿Qué otros planteamientos hará en su nuevo cargo?

En mi programa, que me servirá de hoja de ruta a partir de ahora, también figura la defensa de una nueva organización de la Oficina Judicial y modernizar la estructura de los órganos judiciales. También apuesto por la redistribución de efectivos a nivel comarcal para optimizar los recursos materiales y de personal, que es un proyecto que ya ha estudiado el Ministerio de Justicia y el propio Consejo General del Poder Judicial.

¿Cuál es la asignatura pendiente con el personal?

La elevada interinidad de los funcionarios, puesto que es necesario dar más estabilidad a las plantillas, lo que redundará en un mejor servicio y atención a los ciudadanos.

Usted ha sido uno de los más firmes defensores de la existencia de una Ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife.

Como decano, llevamos bastantes años detrás del proyecto de la Ciudad de la Justicia para Santa Cruz de Tenerife. Ahora los juzgados de las diferentes jurisdicciones están repartidos en cinco sedes diferentes. Por ejemplo, se creó el Juzgado de lo Social número 9 y, a pesar de que es muy necesaria su entrada en funcionamiento, no hay sitio donde ubicarlo.

¿Cómo están las negociaciones para desarrollar esta infraestructura?

En enero tuvimos la última reunión con el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, otras autoridades del Ejecutivo y representantes de Gestur. Las gestiones se llevan por buen camino y tengo la sensación de que está va a ser la oportunidad definitiva en este proyecto. Está previsto que a mitad de año esté despejada la cuestión urbanística. Y, a partir de ahí, se podrá desarrollar el concurso de ideas para saber qué tipo de infraestructura se tendrá. El proyecto ha tenido un impulso notable por parte del actual consejero de Justicia.

¿Cree que la actual crisis económica afectará a su construcción?

Espero que no. Hay una oportunidad con los fondos europeos para el desarrollo de estos proyectos. Se tratará de una inversión plurianual y también se podría afrontar con recursos del Gobierno de Canarias.

¿Hay otros partidos donde la necesidad de contar con mejores infraestructuras sea prioritaria?

También en los partidos de Puerto del Rosario y San Bartolomé de Tirajana, entre otros. Hay que hacer un repaso y análisis.

¿Cómo valora el trabajo de su antecesor, Antonio Doreste?

No soy quién para valorar o juzgar el trabajo de Antonio, pero ha hecho una importante labor como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y goza del respeto y cariño de sus compañeros. Espero contar con su apoyo y experiencia para afrontar esta etapa en el TSJC.