La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pide al Gobierno central que no convierta a las Islas Canarias en “grandes campos de contención de personas”, donde se retiene durante meses a miles de inmigrantes llegados en patera, con sus “vidas paralizadas” y sus derechos, “vulnerados”. CEAR lanzó ayer aISLAdas, una campaña de recogida de firmas a través de su página web para pedir al Ejecutivo nacional que reconsidere su política migratoria y “facilite los traslados de las personas migrantes que han llegado a Canarias en los últimos meses de forma dejen de estar atrapadas en las Islas”.
“España no puede ser el laboratorio del errático del Pacto de Migraciones y Asilo presentado por la Comisión Europea, convirtiendo nuestras islas en grandes campos de contención de personas, en contra de lo que España junto al resto de países mediterráneos manifestó con contundencia frente a la Comisión y que nuestro presidente del Gobierno calificó como ‘inaceptable’”, advierte la organización. En un comunicado, la directora de CEAR, Estrella Galán, critica que, “sorprendentemente”, se esté aplicando en Canarias “esa misma política” que España rechazó en su momento, “dificultando y bloqueando sine die a las personas migrantes contra su voluntad, en un espacio territorial aislado, ultraperiférico y alejado de Europa”.
“Con estas políticas, las personas migrantes y solicitantes de asilo se encuentran atrapadas, con sus vidas paralizadas y viendo como sus derechos son vulnerados”, denuncia.
La ONG reclama al Gobierno una política de traslados de inmigrantes a la península “ágil y transparente”, que permita “redistribuir” a estas personas de forma “equitativa y solidaria, entre todas las comunidades autónomas. CEAR sugiere que el Ejecutivo español inste al resto de estados miembros de la UE “a ofrecer plazas de reubicación y a que la Comisión Europea apoye esta propuesta, tal y como se hizo en 2015 con el incremento de llegadas en Grecia e Italia”.
Un total de 23.023 inmigrantes llegaron a Canarias en pateras o cayucos en 2020. El Ministerio de Inclusión Social acaba de terminar la construcción de su red de campamentos provisionales en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con capacidad para 7.010 personas, a las que se suman unos 2.600 menores tutelados por el Gobierno canario en otro tipo de centros.
En varias ocasiones, el Gobierno de Canarias y varias oenegés han pedido que se agilice el traslado de esas personas a la península o, al menos, no se bloquee el acceso a los aeropuertos y puertos a aquellos que tienen pasaporte y han comprado pasajes aéreos o marítimos para viajar al continente. El Gobierno central siempre ha respondido que los traslados se limitan a personas con perfiles especialmente vulnerables, porque generalizarlos podría supone un estímulo a la llegada de nuevos inmigrantes por vía marítima a las Islas.
