El plan de derivaciones anunciado esta semana por el Gobierno de España continúa adelante, pese al amago de bloqueo por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien aseguró el martes en el Senado que “ni organiza, ni gestiona ningún tipo de viajes o traslados a la Península” y que las derivaciones se limitan a las personas vulnerables y a las beneficiarias de asilo. El compromiso del Ejecutivo central pasaba por trasladar a la Península a 3.500 migrantes irregulares llegados en patera a las costas canarias. Según fuentes del Gobierno regional, las indicaciones del Ministerio de Migraciones siguen en marcha y aseguran que cada día salen vuelos desde las Islas hacia diferentes puntos de la España peninsular con decenas de migrantes, entre los que hay adultos que no están englobados en las condiciones de vulnerabilidad y asilo.
La autorización de Migraciones llegó después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, interviniera en el Senado para alertar sobre la difícil situación por la que atraviesa el Archipiélago al vivir una crisis migratoria, a la vez que se atiende la pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias económicas.
Desde el inicio de la emergencia migratoria Marlaska ha negado la existencia de las derivaciones. Estas operaciones nunca se han difundido oficialmente con el objetivo de evitar críticas políticas procedentes de las regiones a las que trasladan a los migrantes. Además, el Ejecutivo considera que ocultando esta información se evita el “efecto llamada” en los países de origen de la migración irregular.
Las derivaciones a la Península autorizadas por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se completan con repatriaciones a Mauritania, Marruecos y Senegal. El martes estaba previsto un primer vuelo con repatriados hacia Dakar, que debía salir desde el aeropuerto de Tenerife Norte, pero finalmente fue cancelado. En diciembre, se reactivaron las devoluciones a Marruecos, con un cupo máximo de 80 personas a la semana, que se reparten en cuatro vuelos. España mantiene desde 2003 un acuerdo con Mauritania por el que este país acepta que se le entregue a cualquier migrante llegado a Canarias, con independencia de su nacionalidad, si ha salido de sus costas o simplemente ha transitado por su territorio.
Marlaska achaca la reducción del flujo migratorio hacia Canarias a los trabajos de cooperación bilateral con los países de origen y tránsito, a la lucha contra las mafias y a las políticas de retorno de quienes no tienen derecho a la protección internacional.
