Choque entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una pugna por el reparto de competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil puso en un brete las operaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en España y, en especial, la operación Canarias para el control de los flujos de inmigración irregular. Según fuentes de ambos cuerpos, la disputa se basa en que la atribución de las responsabilidades no está bien definida debido una falta de “directrices claras” por parte del Ministerio del Interior. A esto se suma que la ley que regula la asignación de competencias está desfasada y requiere una revisión urgente para adaptarla a las necesidades actuales.
La Agrupación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) alega que la Policía Nacional quiere “robar competencias” en materia de costas y fronteras, tareas que dependen exclusivamente de la benemérita. Mientras que desde la Confederación Española de Policía (CEP) consideran que es la Guardia Civil quien quiere tener voz en extranjería, una responsabilidad delegada de manera directa a la Policía Nacional.
“El problema es que la ley está obsoleta y recoge una duplicidad evidente de funciones”, afirma el portavoz de AUGC, Juan Couce. Quien destaca que el hecho de que no estén bien repartidas las competencias “genera un gasto enorme” a las arcas públicas. Tomás Domínguez, secretario de la CEP en Canarias, además de la modernización de la Ley 2/86 de fuerzas de seguridad reclama “más coordinación e instrucciones adecuadas”.
Estas fricciones ocasionaron que el Frontex paralizara la renovación de sus operaciones en España hasta que el Ministerio del Interior resolviera el conflicto institucional. En materia de inmigración, las tareas de ambos cuerpos están estrechamente ligadas ya que cuando se detecta una patera cerca de las costas canarias es la Guardia Civil la responsable de interceptarla. Si bien, como las personas que viajan en la embarcación entran en el país de manera irregular, los traspasan a la Policía Nacional para que abran un expediente de expulsión en base a la Ley de Extranjería.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Luis Guedes, subraya que estos choques se registran solo en los despachos, “que están lejos de la realidad”, pero nunca entre los agentes que desarrollan su labor a pie de calle. “Trabajamos codo con codo entre la Policía Nacional, Guardia Civil, Frontex, Salvamento Marítimo y Cruz Roja. Cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer”, detalla Guedes.
Agentes de refuerzo
Las desavenencias entre cuerpos de seguridad ocasionaron en la Unión Europea una imagen negativa de Fernando Grande-Marlaska, ya que interpretaron que el ministro del Interior no era capaz de gestionar a sus equipos. Después de que se salvaran las discrepancias internas, el Frontex renovó por un año su compromiso con las operaciones que desarrolla en España que, de momento, son puntuales, pero que ganarán un carácter permanente con la creación de la European Border and Coast Guard. Este será el primer cuerpo de seguridad uniformado comunitario, al que se sumarán agentes de todo el continente, quienes pasarán a ser funcionarios de la Unión Europea.
En las últimas semanas Frontex amplió el apoyo a Canarias con un refuerzo de 26 agentes que ayudan en el registro de migrantes irregulares y en las labores para determinar su nacionalidad, así como con la recopilación de información sobre grupos delictivos involucrados en el tráfico de personas.
Desde el pasado año, el Archipiélago se ha convertido en una de las rutas migratorias más activas, tras pasar más de una década sin apenas actividad. Canarias es la región por la que más personas en situación irregular acceden al país. En el mes de enero, según datos del Ministerio del Interior, han llegado a las costas de las Islas 2.077 personas, frente a las 720 que se registraron en el mismo mes de 2020. Una cifra que refleja un incremento de llegadas de migrantes irregulares del 188% con respecto al año anterior. También se ha registrado una subida en el número de pateras arribadas a las costas canarias. En este caso algo más de un 138%, y es que de las 23 que llegaron en enero de 2020, se ha pasado a las 55 contabilizadas en el mismo mes de 2021.
Además de la veintena de agentes que tiene en las Islas, Frontex mantiene 257 efectivos desplegados en el Mediterráneo Occidental para atender la denominada operación Indalo, que vigila la inmigración en el Estrecho y en el Mar de Alborán. A estas dos misiones se suma la que cada verano lleva a cabo, en colaboración con la Policía Nacional, en el Paso del Estrecho.
