Las empresas que tengan fraccionados el pago de los impuestos y aquellas que estén en vía ejecutiva por impagos de tributos se podrán acoger a la moratoria fiscal decretada por el Gobierno canario. Estos aplazamientos para los autónomos y empresas afectadas por las medidas restrictivas impuestas por la pandemia supondrán 236 millones de euros que la Comunidad Autónoma dejará de ingresar para así aliviar la tesorería de las empresas al menos hasta octubre.
La Consejería de Hacienda ha acelerado las gestiones para tener cuanto antes el decreto ley que pone en marcha la moratoria fiscal. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó la norma y hoy se publicará en el BOC para que entre en vigor de inmediato, según aseguró el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez. Por lo que respecta a las ayudas directas a pymes y autónomos, por un montante de 165 millones de euros a fondo perdido, Rodríguez puntualizó que se están elaborando las bases de las convocatorias, por lo que tardarán algunas semanas más en ser efectivas, y son competencia de las consejerías de Economía y Empleo y de Turismo y Comercio.
Los aplazamientos en el pago de impuestos contienen dos tipos de medidas. Se podrá aplazar el pago ordinario del primer trimestre del IGIC y el AIEM del 20 de abril al 20 de octubre sin intereses de demora. El titular de Hacienda puntualizó que llegado el mes de octubre aquellos contribuyentes y sociedades cuya situación esté justificada pondrán volver a aplazar el pago. Esta medida supone un coste de 194 millones de euros para las arcas públicas.
El decreto ley aprobado también contempla el aplazamiento de los pagos fraccionados durante seis meses y sin intereses, con un impacto en la tesorería pública de 41,8 millones.
La principal novedad del aplazamiento fiscal acordado por el Ejecutivo fue añadida, según Román Rodríguez, in extremis y “después de una dura discusión”. Se ampliará el plazo a aquellos contribuyentes y empresas que se encuentren en periodo ejecutivo, es decir, los que adeudan tributos y están en proceso de embargo de cuentas o bienes, una medida que no tiene antecedentes ni en el Estado ni en el resto de comunidades autónomas. El aplazamiento es de seis meses siempre que las dificultades de liquidez surgieran a partir del 14 de marzo de 2020 con el inicio del estado de alarma. En este caso sí se mantienen los intereses por obligación legal. Esta medida podrá ser aplicada para el caso de deudas iguales o inferiores a los 30.000 euros o superiores siempre que se haya dispensado al contribuyente de constituir garantía conforme a la Ley Tributaria estatal. Quienes hayan pactado un aplazamiento y no hayan podido cumplir podrán participar en las convocatorias de ayudas directas, incluso quienes estén en fase ejecutiva, con lo que además de liquidez se les da una oportunidad, indicó el número dos del Ejecutivo regional.
Román Rodríguez aseguró que el Gobierno no dejará de cumplir con sus compromisos pese a que dejará de ingresar 236,8 millones de euros por este aplazamiento en el pago de los impuestos propios, por lo que acudirá a la suscripción de una póliza de crédito para cubrir esta cantidad porque también se ven afectados los cabildos y los ayuntamientos ya que el 58% de los ingresos por IGIC y AIEM van a las arcas locales. El vicepresidente aseguró que el Ejecutivo “hace todo lo que le permite la legislación en materia de aplazamientos fiscales y es más generoso que otras administraciones porque reconocemos las dificultades generadas por la crisis, desde el pequeño autónomo hasta las medianas y grandes empresas”.
El decreto ley se publica hoy en el BOC y en el mismo se detallarán las condiciones y circunstancias en las que deben concurrir los profesionales y empresarios para acogerse a la moratoria fiscal, siempre y cuando se justifiquen las dificultades de liquidez desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado.
En relación con las ayudas directas y a fondo perdido que otorgará la Comunidad Autónoma, Román Rodríguez insistió en que “están garantizadas” con fondos europeos que se están reprogramando con el Estado y la UE pero “si hubiera alguna dificultad”, se ejecutarán con fondos propios sin ningún género de dudas.
Las bases para acogerse a estas ayudas las elaborarán las consejerías de Turismo y Comercio y Economía y Empleo, bajo la coordinación de Hacienda, y se orientarán a los sectores económicos “más dañados” por la crisis “y lo antes posible”, caso de restaurantes, tiendas comerciales, gimnasios, locales de ocio nocturno o alojamientos turísticos. Rodríguez admitió que se trata de un proceso “complejo” pero que se hará “con rapidez y transparencia” y en diálogo con los subsectores afectados, las cámaras de comercio y las corporaciones locales, subrayando en todo caso que son medidas “paliativas” porque lo mejor para la economía sigue siendo “controlar” la pandemia.
Junto a los 165 millones de euros que se darán en forma de ayudas directas, el titular de Hacienda agregó que esta cantidad aumentará por los fondos procedentes de otras consejerías del Ejecutivo que también disponen de subvenciones directas como es el caso de los siete millones consignados en la Consejería de Economía y Empleo. Además, otras administraciones públicas también concederán ayudas en el caso de las corporaciones locales.
El vicepresidente del Gobierno lamentó que el Ejecutivo central no haya aprobado ayudas directas como las que ahora tendrá la Comunidad Autónoma. De hecho, el Gabinete autonómico esperó por las medidas del Estado hasta diciembre y, en vista de que no satisfacía lo aprobado, se puso en marcha la decisión de aprobar medidas propias en las Islas. Rodríguez no descartó que el Estado termine otorgando este tipo de ayudas ante el empeoramiento que se prevé de la crisis.
El dirigente nacionalista resaltó que Canarias se coloca a la vanguardia de las medidas adoptadas para ayudar a los sectores económicos más afectados por la crisis, al mismo nivel que las comunidades forales que también cuentan con singularidades desde el punto de vista fiscal.
