“¿Cómo es posible que no haya un sistema de acogida como Dios manda?”

Nosotros tenemos a 31 de diciembre 1.523 expedientes más lo que han ido llegando en este año. Son personas de las que dudamos que sean mayores o menores de edad y el bloqueo es por varios motivos, aunque vamos resolviendo conforme nos van llegando los informes. Si no hubiera ninguna pandemia, lo normal es que todo el procedimiento tardara una media de 20 días. ¿Problemas? Primero, la cantidad de personas que han llegado. Es difícil gestionar un volumen de personas que dicen ser menores de edad y eso hace que, efectivamente, se bloqueen los medios con los que contamos, es decir, los hospitales, el Instituto de Medicina Legal y, por ende, también la propia Fiscalía, porque yo trabajo sola en la determinación de la edad junto con un equipo de cinco funcionarios, y quiero que conste que hacen un trabajo encomiable porque ellos también tienen otras cosas y están trabajando mucho conmigo, codo con codo. La gran cantidad de gente que está llegando hace, de por sí, que se produzcan retrasos, porque lógicamente hay que hacer pruebas médicas a cada uno de ellos, hay que mandarlas al Instituto de Medicina Legal, hay que utilizar intérpretes, hay que utilizar medios en la Policía y eso genera un retraso, y si luego añadimos a eso una situación de pandemia y de crisis sanitaria, pues lógicamente hay mayor retraso todavía, porque los hospitales durante el periodo de confinamiento absoluto no realizaron ninguna prueba, luego todas las personas que llegaron desde marzo hasta el mes de junio estuvieron paradas para hacerse pruebas médicas. Cuando se termina el confinamiento y se empiezan a realizar las pruebas médicas, los hospitales establecen un protocolo muy rígido, porque es un trasiego de personas, y el hospital decide que para hacerse las pruebas de la muñeca solamente pueden ir cinco chicos y cuando van a hacerse la ortopantomografía (radiografía de la mandíbula) solo pueden ir tres menores. Antes, en la situación de prepandemia, la Policía podía llevar hasta 10 y 15 personas para hacerse las pruebas médicas.

Usted ya se quejaba a principios de 2020 de que tenía carencia de personal.

Sí, en 2019 terminamos con 380 expedientes, y el año pasado con 1.523.

Pero en Tenerife van más rápidos que en Las Palmas. ¿Por qué?

En materia de determinación de la edad el procedimiento es supercriticado por gente muy especializada, por ONG y también por la propia jurisprudencia. Yo he estudiado esto a fondo porque tengo una tesis doctoral sobre ello y concluyo que el sistema no es adecuado, o sea, no funciona. No funciona porque no debe ser el fiscal quien lo debe de hacer, ni funciona porque al final es una cuestión probatoria, tenemos que recopilar pruebas para determinar si estamos ante una persona mayor o menor, y la ley es muy vaga al respecto y dice que el Ministerio Fiscal podrá acordar las pruebas médicas que estime conveniente. La que tradicionalmente se ha utilizado es la prueba de la muñeca, y eso ha sido muy criticado, porque dicen que los estándares para hacer las comparativas están hechos con personas caucásicas, de Estados Unidos, blancas, y¿ cómo se va a aplicar eso a una persona negra o a una persona marroquí?, porque efectivamente el sol que le da una persona a los huesos hace que se desarrollen de distinta manera. También están las pruebas de la mandíbula, hay una tercera prueba, la de la clavícula, y hay otra, un escáner de rodilla.

¿Y cuáles son las usted pide?

Siempre la radiografía del carpo, que es la que se utiliza en toda España, la ortopantomografía, que no la utilizan en toda España, y un informe médico firmado por dos forenses, y si los forenses me dicen que no pueden determinar la edad solicito un TAC de la clavícula, y si tengo dudas les pido audiencia a los menores para examinarlos. Eso son garantías para determinar la edad, pero requiere más tiempo y más gasto. Por eso las pruebas son distintas, porque en Tenerife el fiscal que lo lleva o la sección han optado por solo hacer una o dos pruebas. Pero yo considero que debo hacer un decreto fundamentado de la determinación de edad.

¿Y cuándo puede tardar esta situación? La Consejería de Derechos Sociales calcula que hay unos 600 mayores en los centros de menores que gestionan, con lo que si se determinara su edad podrían desalojar, por ejemplo, los hoteles del sur de Gran Canaria.

Yo voy resolviendo los informes que me llegan. El año pasado contabilizamos 1.523 expedientes de los cuales es cierto que se han resuelto bastante pocos por el colapso que le dije en las distintas instancias. ¿La Dirección General cree que 600 pueden ser mayores? No lo sabemos, porque ahora la situación ha cambiado. Ahora no hace falta decir que eres menor de edad para quedarte, porque Senegal no está admitiendo a nadie, y Gambia o Mali tampoco. Solamente Marruecos lo está haciendo, y a los nacionales, pero de poco en poco. Entonces, creo que es todo lo contrario. A los chicos les interesa decir que son mayores de edad para seguir con su proyecto migratorio, porque saben que si dicen que son menores se van a quedar aquí anclados, y son impulsados por sus padres para que digan que son mayores de edad para que puedan salir de este atolladero y puedan volar a la Península, de tal manera que es muy complicado decir que pueden ser la mayoría de ellos mayores de edad porque se está dando la tendencia contraria .

¿Cuántos menores han detectado en centros de mayores?

Pueden ser unos 200. ¿Qué pasa? Que con tanto volumen de gente que llegó a ese muelle de Arguineguín era imposible realizar un trabajo serio respecto de personas que llegaban que podían ser mayores o menores de edad, porque hay muchas personas que están en el límite de la edad o personas que son menores pero a lo mejor aparentan un poco mayor, y a la Policía se le escapaba porque aquello era un desbordamiento total. Entonces, la Cruz Roja empezó a comunicarse conmigo y a decirme que podían tener personas que podrían ser menores de edad en sus recursos. La ley dice que es la Policía la que traslada la duda al Ministerio Fiscal y yo considero que también puede ser trasladada por personas que están en contacto con esos migrantes. Así que Cruz Roja me presenta sus informes y yo los valoro y están detectando entre ellos menores de edad que dicen ser mayores.

En su tesis concluye que el procedimiento actual para la determinación de la edad no funciona.

Yo considero que el procedimiento tiene que salir de la Fiscalía, es decir, el fiscal tiene que estar para el ejercicio de acciones judiciales. La determinación de la edad no va encaminada a resolver ningún procedimiento judicial de nada, es un procedimiento administrativo y el fiscal se tiene que dedicar a ejercitar la acción judicial ante los tribunales ¿y qué acción judicial ejerzo yo aquí? Ninguna, cero de cero.

Entonces ¿quién debería hacerlo?

Mi teoría es que tiene que hacerle la Administración General del Estado que es la que tiene la competencia en inmigración. Las ONG dicen que debería ser un juez independiente, pero eso no es más que judicializar la vida normal y corriente. ¿Por qué las ONG quieren que lo hagan los jueces? Porque existe una desconfianza muy gorda respecto a que lo haga la Administración porque actúa por criterios políticos y si hay una administración que dice: no quiero un extranjero, quiero que se vaya todo el mundo fuera, a lo mejor los que van a determinar la edad van a decir que son todos mayores para expulsarlos. Por tanto, existe una desconfianza por los criterios políticos por los actúa la Administración. Yo lo que digo es que tiene que ser la Administración pero sometida a control judicial. ¿Y qué es lo que se achaca al fiscal? Que lo que yo hago no está sujeto a control judicial.´

¿Usted decide sola?

Sí. Yo decido y el decreto del fiscal no puede ser recurrido y los menores no son asistidos por letrados porque el procedimiento está así, y es una queja importante y hace que se justifique que este tema deba salir del ámbito de la Fiscalía. Y no es por más trabajo para nosotros, es por el cumplimiento de las garantías que exige el Comité de los Derechos del Niño y de una decisión que afecta realmente a la vida de una persona, porque si se determina que es mayor de edad lo van expulsar y si determinas que es menor de edad va a estar sometido a un procedimiento de tutela, y por eso fundamento mis decisiones con las pruebas que hagan falta. Y en cuanto a los letrados en extranjería hay un problema de falta de especialización.

¿No están los letrados preparados en este tema?

Considero que en un procedimiento como este, igual que la ley exigió que los letrados que intervienen en el procedimiento de menores tuvieran su especialización o en violencia de género, aquí debería de existir algo parecido, letrados especializados en extranjeríaa y no los hay, no se exige, y hay letrados con muy buena voluntad pero que no tienen ni idea de todas las posibilidades que tienen.

Se está vinculando la delincuencia al tema de inmigración. ¿Es real? ¿Genera xenofobia?

Sí, por supuesto que la genera. En cuanto a vincular la inmigración a la delincuencia es muy difícil de decir. No tengo los datos. Sí he podido comprobar que a lo mejor en una guardia te pueden venir más casos pero es muy difícil de controlar porque para eso habría que ver los datos de todos los juzgados. Mi experiencia personal es que la mayoría de ellos son buena gente.

La Delegación del Gobierno anunció esta semana que se va a dar prioridad de expulsión a las personas migrantes que cometan delitos.

Eso no es nada nuevo. En cuanto a los inmigrantes en situación irregular que cometen un delito se puede acordar la expulsión suspendiendo incluso el procedimiento penal. Persona que comete un delito es expulsada, persona que con sentencia firme ha cometido un delito la ley obliga a la expulsión. Pero luego si piden asilo la cuestión cambia.

¿A qué se refiere?

La Ley de Asilo española dice que no se puede internar a ninguna persona solicitante de asilo por el mero hecho de pedirlo. Entonces lo que pasa es que muchas personas de Marruecos o de Senegal para evitar ser devueltas decían que querían asilo. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de junio, que se deriva de una cuestión prejudicial que interponía una juez de San Bartolomé de Tirajana en la que intervine, que dice que sí pueden ser internadas conforme a una directiva Europea, pero ¿qué ocurre en España? Que esa directiva no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español y ha sido una dejación del legislador de su obligación de transponer esa directiva, con lo cual no podemos internar a nadie. El derecho europeo lo permite pero la legislación española que no está adaptada a la del derecho europeo de 2013 no lo permite. Por lo cual existe un fraude de ley palmario de personas que no deben ser solicitantes de asilo porque son migrantes económicos que lo que están haciendo es taponando un sistema ya de por sí desbordado como es el sistema de asilo español, porque habrá que tomarles una declaración , entrevista etcétera, frente a personas que sí lo necesitan.

¿Están pidiendo muchas personas asilo?,

Sí. Se lo he dicho al delegado del Gobierno. Cuando dicen: vamos a empezar a expulsar, pues será a aquellos que no pidan asilo, pero como todos piden asilo no se expulsa a nadie hasta que se resuelva un procedimiento de asilo, que por ley dice que dura seis meses pero que en la práctica sabemos que dura tres años. El hecho de solicitar asilo lleva también algunas obligaciones por parte de esos solicitantes, como por ejemplo quedarse aquí hasta que se admite a trámite el procedimiento, es decir, se impide seguir el tránsito y si incumple con esa obligación ya nunca va a poder pedir asilo o si se va a Francia lo va a devolver inmediatamente a España. Y volvemos a lo de siempre . La asistencia letrada no es tener un abogado, la asistencia letrada es tener un abogado de calidad y falta un turno de extranjería. Hay abogados que saben algo pero hay otros que no saben nada ,el procedimiento de asilo es muy complicado y no se saben ni la ley de asilo ¿y cómo les van a informar a los inmigrantes de sus derechos, obligaciones y consecuencias?

Usted inspeccionó el campamento de Arguineguín.

Sí. Fui a finales de septiembre, calladita y sin prensa, y vi que dormían a ras del suelo, comían bocadillos todos los días, tenían un baño químico para cada tienda, no había sitio dónde comer... Le mandé un informe el 30 de septiembre al delegado del Gobierno y a la Fiscalía General del Estado y el 5 de octubre tuve una reunión con el delegado -Anselmo Pestana- para temas de asilo y le comenté que le había remitido el informe y no sé si lo había leído [el campamento se cerró el 30 de noviembre]. Yo lo que digo es: ¿cómo es posible que habiendo superado una crisis migratoria en el año 2008, con la experiencia que deberíamos de tener, y que la ruta de Canarias nunca se cerró, y que es una ruta peligrosa, cómo es posible que ninguna administración haya previsto un sistema de acogida temporal aquí como Dios manda? Ahora dicen que lo están haciendo. Han pasado 12 años sin que se haya hecho absolutamente nada. Y en materia jurídica estamos trabajando con los mismos mimbres del año 2008, la Ley de Asilo es del año 2009 y la directiva europea del año 2013, ¿por qué no se ha traspuesto a la legislación española? Jurídicamente nos atan las manos

¿Ha ido a Barranco Seco a ver cómo está? Hay críticas sobre racionamiento de agua y comida.

Sí, y ya he hecho el informe pertinente Barranco Seco obviamente está mejor que Arguineguín pero no deja de ser un lugar provisional. He leído lo del racionamiento de agua y comida. Ahora les dan catering, no bocadillos, y me han dicho que están usando el agua de botella, no de la potabilizada, para las abluciones.