Los empleados públicos interinos y temporales de la Administración General de la Comunidad Autónoma no han querido esperar más y desde el lunes inician una huelga indefinida con la exigencia de dar estabilidad y fijeza a sus puestos de trabajo después de más 15 y 20 años de antigüedad en muchos casos trabajando para la Administración. A la convocatoria están llamados los 11.000 empleados que trabajan en las consejerías autonómicas, también por otro tipo de reivindicaciones laborales, si bien la situación de interinidad afecta directamente a cerca de 4.000 trabajadores. En toda la Comunidad Autónoma, incluyendo sanidad y educación, la temporalidad afecta a unos 26.000 empleados públicos.
El comité de huelga está formado por los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.bas, que son mayoritarios en la Administración autonómica, además de la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca). La próxima semana los paros están convocados para el lunes 11 y el viernes 15 con concentraciones, caravanas de coches y otro tipo de movilizaciones que sean compatibles con las medidas de seguridad vigentes por el Covid-19. Para el lunes está prevista una concentración delante de la sede de la Presidencia del Gobierno en las dos capitales canarias.
La principal reivindicación de los convocantes de la huelga es que se negocie una fórmula legal que garantice la fijeza al personal interino sin necesidad de pasar por un concurso-oposición, tal y como está previsto por el Gobierno regional. Precisamente la convocatoria de una oferta de empleo público para la estabilización y consolidación de las plazas que ocupan estos empleados fue pospuesta en diciembre por el Ejecutivo a la espera de los cambios que pudieran surgir con la ley de presupuestos del Estado de 2021 y la reforma que prevé el Gobierno central de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con el fin de reducir los índices de temporalidad en las administraciones públicas.
La Dirección General de Función Pública mantiene su intención de convocar estos procesos si no hay directrices contrarias por parte del Estado, algo que rechazan los sindicatos convocantes de la huelga y la plataforma Pefralca. A este respecto, la directora general de Función Pública, Laura Martín, advierte que el Ejecutivo no se ha negado a negociar siempre que sea dentro del marco legal vigente y, según explica, “la legislación española obliga a que para acceder a la función pública hay que pasar por un proceso de concurso oposición y eso no lo podemos incumplir”. Martín lanza la pelota a los sindicatos convocantes de las movilizaciones: “Sepca e Intersindical nunca han sido favorables al acuerdo pactado entre el Estado y los sindicatos con representación nacional para realizar ofertas de consolidación y estabilización, el diálogo no está roto porque ellos siempre han estado en contra y no quieren llevar ese acuerdo a la Administración General pero, en cambio, sí han aceptado este tipo de procesos en los ámbitos de la sanidad y la educación”, añade.
Por contra, el portavoz de Sepca, Manuel González, aseguró ayer que se puede buscar una solución a este personal si hubiera “voluntad política” por parte del Ejecutivo regional y no esperar únicamente por lo que pueda decidir el Estado. Según González, el Gobierno central abre la puerta en los presupuestos a estabilizar a los empleados interinos del sector público estatal, algo que podría trasladarse a la Comunidad Autónoma. “Igual que pasa con sanidad y educación, en la Administración General también se podría llegar a soluciones legales a través de una disposición de ámbito autonómico pero la directora general de Función Pública no está por la labor”, critica González. Por ello, el comité de huelga se niega a seguir negociando con Laura Martín y cualquier vía de diálogo solo la van a mantener con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
El comité de huelga critica que la directora general haya dejado pendiente las negociaciones en función de la respuesta a la huelga por parte de los trabajadores afectados, lo que para los sindicatos supone una falta de voluntad negociadora. Sin embargo, sí ha habido acuerdo entre ambas partes para establecer los servicios mínimos durante los paros.
Plan de permanencia
La directora general de Función Pública quiere concretar con el comité de huelga los pormenores del plan de permanencia que proponen para los interinos. En este sentido, avisa que la vía de la ley de presupuestos del Estado de 2021 “está cerrada” porque no modifica la legislación básica y la anunciada reforma del Estatuto Básico del Empleado Público todavía está por concretar, aunque hoy por hoy lo que está previsto es que la modificación se realice para evitar que aumente la temporalidad en el sector público de aquí en adelante y no buscar una solución para los actuales empleados, que llevan acumulando antigüedad en la Administración sin que se le estabilicen sus puestos.
Sin embargo, la disyuntiva está clara: los sindicatos convocantes y la plataforma exigen que se busque una vía para hacer fijos a estos empleados sin tener que pasar por unas oposiciones, mientras que el Gobierno regional considera que esa alternativa no existe porque es legislación estatal y hasta que ésta no cambie se tiene que convocar una oferta pública de empleo para estabilizar estos puestos. Laura Martín insiste en su propuesta y es que, una vez convocada la OPE, se negocien unas bases que se adapten a las particularidades del personal interino, de tal forma que se puntúe más la experiencia en la Administración que el examen teórico e incluso que éste también no dificulte el acceso a estos trabajadores a la fijeza en sus empleos.
“¿Estamos dispuestos a sentarnos a negociar unas bases adecuadas?”, pregunta Laura Martín a los convocantes de la huelga. Si la respuesta es favorable la directora general de Función Pública está dispuesta a negociar sin ningún tipo de objeciones pero si, en cambio, la petición es que este personal se quede fijo con un proceso restringido o sin ningún tipo de convocatoria la respuesta es negativa porque “la ley no es negociable, si no se cambia no se puede acceder a la función pública sin este tipo de procesos”.
Otra de las cuestiones en las que chocan los representantes del personal interino y Función Pública es en la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de marzo del año pasado, ya que para los sindicatos y la plataforma les avala en su petición de que tienen derecho a ser fijos después de tanto años, mientras que el Ejecutivo considera que el órgano judicial comunitario no entra en la legislación concreta de cada Estado miembro en materia de función pública, sino que sentencia sobre la necesidad de que el sector público reduzca la precariedad y temporalidad entre sus trabajadores y que los Estados hagan lo posible por alcanzar este objetivo en sus legislaciones nacionales.
La huelga indefinida –en principio la convocatoria es hasta marzo con paros intermitentes los lunes y los viernes– es la culminación de las movilizaciones que los sindicatos Sepca e Intersindical y la plataforma Pefralca vienen realizando desde hace varias semanas ante la situación en la que se encuentran los empleados interinos y su temor a quedarse sin empleo. La casuística es amplia pero hay muchos casos de trabajadores que llevan más de 10 y 15 años de labor en la Comunidad Autónoma con cargas familiares e hipotecarias y ven con incertidumbre que se les convoque a una oposición.
