Solo en 2020 han a arribado a Canarias más del doble de migrantes, un 60% más, que en los diez años anteriores, tras la crisis de los cayucos (2006-2008). El Archipiélago cierra a 31 de diciembre con 23.023 migrantes llegados en pateras o cayucos a las costas isleñas, un 756% más que en el ejercicio anterior, sin sumar que en estos pocos días de enero han alcanzado las Islas unas 300 personas. Mientras, a la Península y a Baleares arribaron 16.610 personas en 2020, lo que supone una reducción de un 24% con respecto al año anterior, y certifica que la ruta canaria se ha reavivado por el control sobre la vía del Mediterráneo, unido a que la pandemia cerró las fronteras para las repatriaciones y se disparó la llegada de magrebíes, junto a los subsaharianos, a las Islas al no poder ser devueltos. Canarias recibió el año pasado 13.599 personas más que en la suma de todos los años desde 2009 a 2019. En estos diez años llegaron 9.424 migrantes en total, nada comparable con la cifra del año 2020, que es la segunda más alta desde 2006 cuando arribaron al Archipiélago nada menos que 31.678 personas. Ese fue el año en que empezó la conocida crisis de los cayucos, si bien las medidas que se adoptaron entonces lograron rebajar las llegadas anuales, que pasaron a 196 personas en 2010.
Con el nuevo año, la entrada de migrantes sigue sumando enteros. En estos días de enero las pateras y cayucos no cesan y ya van por unas 300 personas, contando con el cayuco que Salvamento Marítimo rescató ayer, con 43 hombres y una mujer de origen subsahariano, que fueron trasladados a Arguineguín.
La subdelegada el Gobierno, Teresa Mayans, apuntó que ante esta situación de goteo continuo de embarcaciones, el Ministerio de Migraciones seguirá albergando a estas personas en los hoteles, pese a la presión del Ayuntamiento de Mogán para que los desaloje, al menos los de su municipio. La alcaldesa Onalia Bueno dio un ultimátum para que se vaciaran los hoteles antes del 31 de diciembre, cuando acababan los contratos con los establecimientos alojativos o si no procedería a multar a los hoteleros. Mayans aseveró, al respecto, que están yendo a marchas forzadas para abrir el “macrocentro de Las Raíces”, en Tenerife, con una capacidad para 2. 500 plazas, y otros recintos como el acuartelamiento Canarias 50, en La Isleta, que puede albergar a 650 migrantes. Por ello, espera que, de forma “inminente”, se puedan desalojar los hoteles que el Estado ocupa en Mogán para albergar a mayores de edad migrantes, y trasladarlos “en los próximos días o en las próximas semanas, como mucho”, a otros recursos. Según la subdelegada del Gobierno, el Estado está haciendo “obras importantísimas” y va “a toda velocidad, pero al mismo tiempo están las llegadas y eso hace que haya una cierta demora”, en desalojar los hoteles, si bien recalcó que ya se han reactivado las repatriaciones y las derivaciones a la Península.
El Ayuntamiento de Mogán continúa, no obstante, con sus trámites para sancionar a los hoteles que mantengan a migrantes en sus establecimientos, amparándose en que se les está dando un uso que no es turístico. El concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, afirmó que ayer reanudó el procedimiento admnistrativo y ordenó a la Policía Local que haga una visita de inspección a esos complejos, 11 en Mogán, para ver si se continúa ejerciendo ese uso para acoger migrantes. El concejal tiene conocimiento de que solo se ha desalojado uno de los once, así que cuando tenga el informe de la Policía abrirá el procedimiento sancionador a los hoteleros que alberguen a migrantes.
Tres de estos establecimientos acogen a más de 500 menores, cuya custodia corresponde al Gobierno canario una vez llegan a las costas isleñas. En total, el Ejecutivo tutela a 2.400 menores y está desbordado por la falta de espacios. La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, sostiene que el 23 de diciembre se aprobó un decreto ley del Gobierno para habilitar todos los recursos, privados o no, para acoger a los menores. Están preparando un informe jurídico que demuestra que pueden usar esos establecimientos, aunque su voluntad es desalojar los apartamentos cuanto antes pero tiene claro que esos niños necesitan un techo hasta que sean derivados a la Península o se habiliten otros espacios para los menores, y si Mogán multa a estos apartamentos, los hoteleros tendrán todo el apoyo jurídico del Gobierno.
