Las obras en los cuarteles de Las Raíces y Las Canteras, en La Laguna, para albergar a migrantes van a continuar pese a la orden de suspensión que dio el Ayuntamiento lagunero el pasado miércoles, al carecer de licencia municipal. El Ministerio de Migraciones no solo proseguirá acondicionando ambas infraestructuras sino que acelera en el montaje del campamento provisional de migrantes en la zona en desuso del cuartel Canarias 50, en La Isleta, donde albergará en carpas a 650 personas llegadas en pateras y cayucos, que ahora se encuentran en el de Barranco Seco o en los establecimientos hoteleros, tras el cierre del muelle de Arguineguín.
Ya son tres las instalaciones provisionales que prepara el Ministerio en Las Palmas de Gran Canaria, contando a Barranco Seco, que está en pleno funcionamiento y donde caben 600 personas, y el colegio León, con capacidad para 300 migrantes en una docena de carpas y que se abrirá de forma inminente.
El acelerón en estas infraestructuras trata de cumplir el compromiso del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, de desalojar a los 6.000 migrantes de los establecimientos hoteleros, principalmente en Gran Canaria, antes de final de año, y acoger a los que vayan llegando en recintos mejor preparados que el campamento de la vergüenza de Arguineguín.
Por ello, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, se mostró ayer especialmente crítico con la actitud del Ayuntamiento de La Laguna, que ordenó el miércoles la suspensión y precinto de las obras que se están realizando en los acuartelamientos de Las Canteras y Las Raíces, en el municipio lagunero, al no contar con la licencia municipal ni constar expediente en el Ayuntamiento relativo a esas actuaciones, según el concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, Santiago Pérez.
Anselmo Pestana rebatió los argumentos del edil y afirmó que es una situación de “emergencia” ante el drama humanitario de la migración, lo que ampara que se hagan actuaciones sin tener incluso proyectos, con el fin de que se pueda “contratar de forma rapidísima para tener habilitados los espacios cuanto antes”, explicó el delegado del Gobierno en la cadena Ser.
En su opinión, se confunden las “obras de urgencia con las de emergencia” porque en estas últimas no hay que pedir licencia ni presentar proyectos. Se hacen por la necesitad y luego ya se convalidarán. Y él lo sabe porque fue presidente del Cabildo de La Palma y puso como ejemplo que cuando hay un incendio se han de realizar actuaciones inmediatas, como en obras hidráulicas, y no se puede esperar a la burocracia.
Sin querer entrar en polémicas sobre el trasfondo de la petición municipal de paralizar las obras en este municipio, el delegado evidenció que lo mismo están haciendo en el cuartel Canarias 50 o en el colegio León en Las Palmas de Gran Canaria, y lo harán en la nave que ha cedido Bankia en el polígono industrial de El Sebadal, y el Ayuntamiento capitalino, lejos de poner objeciones, ha cedido incluso las instalaciones del viejo centro escolar ubicado en El Lasso. Lo que “no puede ser es que nos exijan una solución y alternativas a los alojamientos turísticos” y se intenten paralizar las obras por cuestiones administrativas que, además, carecen de sentido cuando está declarada una “situación de emergencia” como la actual, apostilló.
Santiago Pérez (de Avante y que gobierna con el PSOE y Unidas Podemos en La Laguna) asegura que “no es una estrategia retardataria, sino de cumplimiento”. Insiste en que las obras debían ser comunicadas previamente y añade que los usos relacionados con la migración “no están previstos y son incompatibles con el planeamiento de La Laguna”. Afirmó que los inspectores de la Gerencia de Urbanismo fueron atendidos por un representante del Ministerio de Migraciones y espera que el Gobierno central responda cuanto antes para resolver esta situación.
El Defensor del Pueblo constata carencias en la atención
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, constató “importantes carencias” en las dependencias del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, utilizadas para la detención de migrantes irregulares llegados a la costa, que pudieron “afectar a su salud y a la de los funcionarios” que los custodiaban. Así lo hace llegar el Defensor en una carta, a la que ha tenido acceso
, en la que deja constancia de lo que la institución pudo comprobar en una visita no anunciada el pasado 17 de noviembre a la nave situada en el polígono industrial del puerto de Las Palmas, utilizada para albergar extranjeros y que fue cerrada seis días después de la visita, el pasado 23 de noviembre, Cuatro funcionarios detectaron significativas carencias en las instalaciones que pudieron afectar a la salud de los detenidos y de los funcionarios que los custodiaban, según advierte Marugán, al igual que ocurrió con el campamento de Arguineguín, también clausurado. El número de inmigrantes llegados a Canarias a lo largo ayer ascendió hasta 290 tras desembarcar en Gran Canaria a primeras horas de la tarde 70 personas en tres embarcaciones. Otros 169 inmigrantes, entre los que había cuatro mujeres y 14 posibles menores de edad, fueron rescatados y trasladados también a Arguineguín. Completan la cifra 51 personas más, 46 hombres, dos mujeres y tres posibles menores, que llegaron por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro.
