Los partidos de la oposición han presentado un total de 824 enmiendas al proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 elaborado por la Consejería de Hacienda. Los cambios propuestos por las tres fuerzas políticas que ocupan los sillones de la oposición —Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs)— suman más de 400 millones de euros e implicarían la supresión e incorporación de centenares de partidas presupuestarias.
Aunque los grupos que apoyan al Gobierno de Ángel Víctor Torres son mayoría tanto en número —cuatro: PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera— como en escaños, el bloque de la oposición ha hecho su tarea y ha plasmado en sus enmiendas el rechazo a las cuentas del vicepresidente Román Rodríguez, que también ocupa el cargo de consejero de Hacienda. CC, el principal partido de la oposición, registró ayer en el Parlamento una batería de hasta 457 enmiendas, 68 al articulado —en las enmiendas al articulado se incluyen, suprimen o modifican artículos del proyecto de ley— y 389 a los estados financieros —son las enmiendas en que los dineros consignados en una partida se asignan a otra que se considera más necesaria. Hasta 238 millones cambiarían de destino en caso de aprobarse las enmiendas de los nacionalistas.
Coalición propone que los presupuestos incluyan 200 millones con cargo a la deuda que el Estado tiene con la Comunidad Autónoma por los incumplimientos del convenio de carreteras. En el proyecto de presupuestos se incluyen solo cien millones, y en CC entienden que los otros cien servirían para implementar la Ley de Servicios Sociales e incluso poner en marcha una línea de ayudas a trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los nacionalistas ven también necesario reforzar la plantilla de la Administración para, entre otras cosas, tener los recursos humanos suficientes para sacar adelante la inversión prevista para 2021, máxime cuando el propio Gobierno reconoció ayer que con los medios actuales no es suficiente. Además, CC también apuesta por la creación de un fondo de apoyo a los ayuntamientos, las instituciones más golpeadas por la crisis.
En el caso del PP son 287 enmiendas, de las que 53 son al articulado y las 234 restantes, a los estados financieros. Suman algo más de 112,6 millones. Los populares insisten en la necesidad de bajar el tipo general del IGIC del 7 al 5% —lo que supondría devolverlo a los niveles de 2012, cuando con motivo de la anterior crisis se decidió subirlo— y plantean un plan de alivio fiscal con deducciones en el tramo autonómico del IRPF a los contribuyentes en ERTE o ERE; la bonificación temporal de las tasas y precios públicos; y recuperar la bonificación del 99,9% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos fallecidos por causa de la Covid-19.
El partido que dirige Australia Navarro también propone un programa de ayudas directas de 50 millones de euros para paliar la situación crítica por la que están pasando miles de autónomos y micropymes. Asimismo apuesta, en consonancia con CC, por la dotación de un fondo extraordinario de liquidez para la recuperación económica y social de los municipios.
Los populares coinciden con Ciudadanos (Cs) en la exigencia de un plan o programa de racionalización del gasto público y de la propia Administración, para hacerla menos gravosa para el ciudadano. Cs registró un total de 80 enmiendas —21 al articulado y 59 a los estados financieros— centradas en la mejora de las partidas para Educación, Sanidad y servicios sociales.
La formación naranja confía en que su apoyo al Plan Reactiva Canarias, en el que se incluyeron casi una treintena de propuestas, se vea ahora reflejado en la aceptación de estas enmiendas destinadas a mejorar las cuentas de 2021. Entre ellas se incluyen la congelación de los salarios de los altos cargos del Gobierno y sus organismos dependientes, la evaluación de la economía sumergida, que supone un 25% del PIB en Canarias y una auditoría externa para detectar duplicidades y gasto innecesario.
