El fiscal general de Canarias, Luis del Río, entregó ayer al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el lápiz de memoria (pen-drive) la memoria de la Fiscalía del año 2019. El contenido de este documento será abordado en una comisión específica que debe celebrarse antes de finalizar el presente ejercicio y en el que el propio Del Río expondrá la evolución de los diferentes delitos y acciones del Ministerio Público en el Archipiélago y podrá responder las preguntas que realicen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Respecto a la denuncia planteada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, al considerar que el Gobierno del Estado vulnera los derechos humanos al tener a más de 1.200 personas en el "campamento" habilitado en el muelle de Arguineguín por falta de otras plazas de acogida, el fiscal general de Canarias aseguró que no conoce el contenido de la misma, sólo en base a lo que han publicado los medios de comunicación. En cualquier caso, se mostró dispuesto a analizar la citada denuncia y adoptar las medidas que sean oportunas al respecto.
Sobre la directriz establecida por el propio Del Río sobre la no separación de madres y sus hijos cuando llegan a las islas como migrantes en situación irregular, el representante de la Fiscalía destacó que los niños no tienen otro vínculo en el país y el Ministerio Público debe velar por el interés de lo derechos de los ciudadanos, sobre todo por las personas más vulnerables. A la hora de establecer un criterio para no separar a las mujeres de sus menores, aclaró que existen dos excepciones: que existan indicios de trata de personas o de riesgo para la vida del pequeño.
El representante de la Fiscalía recordó que la memoria sirve para efectuar un análisis y una reflexión interna con sentido autocrítico, con la intención de mejorar; para dar a conocer a las instituciones cuáles son las necesidades del Ministerio Fiscal, así como para dar transparencia de la actividad y las funciones asignadas.
Sobre el balance del año 2019 en cuanto a delitos en la Comunidad Autónoma, según Luis del Río, no ha habido grandes cambios en cuanto a las estadísticas conocidas en el 2018. Confirmó que sí se ha registrado "cierto incremento en los delitos contra la libertad sexual" (agresiones, abusos sexuales, acoso, entre otros) y también han aumentado las infracciones penales contra la vida y la integridad física (asesinatos, homicidios o lesiones).
Medios materiales
Reconoció que también en la Administración de Justicia se está pasando por "una etapa muy singular y extraordinaria, que ha generado un cambio radical en la forma de trabajar". En esa línea, desde su punto de vista, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, "ha tenido que facilitarnos medios tecnológicos por encima" de lo que estaba previsto. Y lo que antes resultaba casi excepcional, como el teletrabajo y las videoconferencias para celebrar juicios, comparecencias, vistas o reuniones, ahora es lo más habitual.
Para Del Río, el impulso importante que ha ofrecido el Ejecutivo autónomo ha permitido cumplir con los objetivos. Durante su intervención en el Parlamento ayer ante los medios, el fiscal general de Canarias recordó que la violencia de género sigue siendo una prioridad y se trata de acabar con un drama "que hay que superar".
Gustavo Matos agradeció el trabajo de los fiscales en una situación complicada, "con fenómenos nuevos, que requieren nuevos desafíos". Para Matos, el contenido de la memoria supone una buena radiografía de lo que ocurre en las islas y acercar determinadas situaciones que, a veces, pasan desapercibidas. El presidente de la Cámara regional advirtió de que la Fiscalía "no solo" tiene que ver con el Derecho Penal.
