11 de septiembre de 2020
11.09.2020

La rebelión local por la 'confiscación' de los remanentes derrota al Gobierno

Derogado por 193 votos el decreto de las reservas de los ayuntamientos v La oposición reclama un nuevo texto

11.09.2020 | 00:17
La rebelión local por la 'confiscación' de los remanentes derrota al Gobierno

Varapalo amortizado. Pero varapalo. Un durísimo golpe, el primero, infligió ayer el Congreso al Gobierno de coalición. La Cámara baja tumbó el real decreto ley sobre los remanentes de los ayuntamientos por una mayoría incontestable: 193 votos frente a 156 y ninguna abstención. PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35) solo lograron sumar un solitario apoyo más, el de Teruel Existe, y porque había emitido su voto la víspera de manera telemática cuando aún había algún mínimo atisbo de esperanza, según le trasladó Hacienda.

La estampa que arrojó el hemiciclo es exótica: solo en cuatro ocasiones anteriores, en 40 años de democracia, la Cámara baja se negó a convalidar un decreto ley del Gobierno: en 1979, con la UCD en el poder; en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero (y por error); en 2017, con Mariano Rajoy, por la estiba, y en 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa -pero al frente de un Ejecutivo monocolor-, por los alquileres. No hay más precedentes.

Nada maquillaba la magnitud del desastre. O casi nada, porque al menos el Ejecutivo sí consiguió preservar su unidad, ya que la oferta de última hora lanzada por la ministra María Jesús Montero logró atraer a los comuns de Ada Colau. Oferta que suponía que el 60% del fondo de 5.000 millones se entregara a los municipios sin condiciones y por criterios de población, por lo que podrían acceder a él incluso aquellas entidades locales con déficit. Pero, tras la derogación ayer del decreto, todo queda como estaba: los consistorios, aquejados de falta de liquidez, no podrán tocar sus ahorros ni recibirán una inyección extra de recursos.

Montero ya sabía que el texto estaba perdido cuando subió a la tribuna del Congreso a defenderlo. Se afanó en reiterar que no se trataba de una "confiscación" de los remanentes de los ayuntamientos, sino un mecanismo voluntario al que los alcaldes podían acogerse. Estos prestaban su dinero al Estado y Hacienda se lo devolvía en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022 y además ponía sobre la mesa esos 5.000 millones y otro fondo de transporte de otros 400 millones. También había aceptado tramitar el decreto como proyecto de ley, para incorporar enmiendas. Los grupos lo veían insuficiente.

En su intervención, la ministra insistió en que no habrá "una segunda oportunidad", así que no cabrán "lamentaciones". Aquello irritó más a la oposición, que habló de "chantaje" y "trágala". Los grupos le afearon su "soberbia" y su poca voluntad de diálogo, algo que ella negó.

Cerrado el debate, Montero se aferró a su tesis: no habrá nuevo decreto. El Ejecutivo ha hecho su parte, dijo, y "ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley".

Pero en el hemiciclo se oyó un clamor, incluso procedente de los socios de la coalición: que llegue otra iniciativa. "A decreto muerto, decreto puesto. No hagan un drama", glosó Joan Baldoví (Compromís). "Recapaciten", instó Carmen Martínez, de Cs.

"Cuando uno está en el Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades", adujo Gerardo Pisarello, de los comunes. Los grupos demandan que se reforme la ley de estabilidad presupuestaria, la que el PP aprobó en 2012, pero Montero insiste en que es la Constitución, tras la modificación del artículo 135, la que también exige a los consistorios que no incurran en déficit.

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