La mayoría del suelo agrario de Canarias no tiene actividad y otra parte nada desdeñable corre incluso el riesgo de desaparecer. Revertir esta situación es el objetivo que anima la elaboración de las directrices de ordenación del suelo agrario (DOSA), un proceso que el Gobierno regional emprendió en la anterior legislatura y que sigue su camino en la actual. La memoria del avance del documento advierte de las consecuencias de seguir perdiendo superficie dedicada a la agricultura y la ganadería: caída de la producción y aún menos recursos para el autoabastecimiento. Que eso no ocurra dependerá de las posibilidades de activar el 46,5% del suelo que permanece sin cultivar y también de atenuar el peligro de "pérdida irreversible" de terreno agrario, que se cierne en los próximos años sobre casi una de cada cinco hectáreas (el 18,6%) y que podría afectar también a una porción del suelo que no está en producción.
La urbanización y la construcción de infraestructuras constituyen factores que empujan hacia la desaparición a miles de hectáreas de terreno agrícola. A ellos se une, todavía con más impacto, la "colonización" del suelo por especies de flora protegidas, lo que derivará en su salida del ámbito agrario. Según el avance de las DOSA, 23.905,5 hectáreas de suelo destinado a las actividades del campo están en riesgo de perderse en los próximos años. De ellas, 20.734 no se cultivan, mientras que 2.575,5 sí se encuentran en producción. Los cálculos de los redactores del documento -que ha sido sometido durante las últimas semanas a exposición pública- apuntan a que los procesos de urbanización y construcción pueden hacer perder un 6,4% de la superficie agraria del Archipiélago, en tanto que la inclusión en espacios naturales protegidos supone peligro de desaparición para un 12,2%.
La suma de la superficie en riesgo y de la no cultivada deja una conclusión desesperanzadora: apenas el 34,9% del suelo agrario de Canarias está cultivado en estos momentos y no corre el riesgo de dejar de estarlo en los próximos años.
Explotaciones ganaderas
El panorama para la ganadería tampoco es halagüeño. El riesgo de desaparición acecha a 663 explotaciones de las Islas y a 21.364 cabezas de ganado. El futuro del 27% de las instalaciones ganaderas está comprometido, sea por la posibilidad de ceder ante el empuje de la urbanización de los entornos y la ejecución de infraestructuras (10,3%) -dado que están insertas en suelo urbano, urbanizable o rústico de protección de infraestructuras- o por la incompatibilidad de usos -al estar ubicadas en espacios naturales protegidos o en suelo rústico de protección natural-.
"Las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pérdida irreversible de suelo agrario se traducen en una disminución de la capacidad productiva de la superficie del sistema agrícola y ganadero de Canarias, con lo que, si no se producen nuevas entradas en el sistema, se aumentará la dependencia respecto del exterior", expone el avance de la memoria de las directrices.
Entre los efectos ambientales de este proceso -que el documento considera como muy probable-, figuran la pérdida de suelo fértil como recurso natural y de biodiversidad agraria y natural, la impermeabilización del suelo, "con el consecuente riesgo de inundaciones", el aumento del riesgo de desertificación si se dan procesos de erosión en suelo agrario sin actividad, la disminución de la superficie con capacidad de absorción de CO2 y el incremento de las emisiones de este gas debido al aumento del transporte de alimentos procedentes del exterior. Todas estas serían consecuencias de la merma de suelo agrario por urbanización y construcción, puesto que, como resulta lógico, la pérdida de hectáreas agrícolas por su "naturalización" -inclusión en espacios naturales protegidos- no acarrearía impactos desde el punto de vista medioambiental.
El papel de la erosión
Pero el peligro de pérdida de suelo agrario va más allá de ese 18,6% al que alude el avance de las directrices de ordenación. Entre las 58.162,9 hectáreas que no están cultivadas y que, en principio, no están amenazadas por el desarrollo urbanístico o la construcción ni se encuentran en zonas protegidas hay también espacios que podrían dejar de ser potencialmente aptos para las actividades del sector primario por otras razones. En función de la orografía y de las condiciones climatológicas, en algunos casos parte de este suelo está sometido al riesgo de desaparición por efecto de la erosión, advierte el documento.
Los datos contenidos en el avance de las directrices -procedentes de los planes de ordenación municipales, mapas de cultivos y registros de explotaciones ganaderas- han despertado la preocupación de organizaciones agrarias de la región. Es el caso de Asaga Canarias, que recordó recientemente, a través de un comunicado, la capacidad de los suelos agrarios para abastecer de alimentos a la población y su contribución a "la seguridad y soberanía alimentaria del territorio, al mantenimiento del paisaje y a la economía de las Islas".
La entidad ha presentado alegaciones y propuestas al documento para tratar de reforzar las actuaciones que buscan revertir esa "pérdida irreversible" de suelo apto para la agricultura y la ganadería. Asaga considera "imprescindible" incluir la figura del ingeniero agrónomo en el equipo redactor de los instrumentos de ordenación y corregir las deficiencias de los planes generales para llevar a cabo la clasificación y definición de las normas para el suelo rústico de protección agrícola. Asimismo, demanda facilitar el desarrollo técnico de las explotaciones, propiciando su funcionalidad, rentabilidad y evitando así el abandono de la actividad.
Las aportaciones de Asaga Canarias señalan hacia uno de las causas del poco uso que se da a la superficie agrícola: su escaso reconocimiento en los instrumentos de ordenación, al que también apuntan las DOSA. "El estudio referente a la evolución temporal de la superficie del sistema agrícola de Canarias de los últimos 10-20 años muestra la tendencia al aumento del suelo agrario sin actividad", indica el texto. Según los cálculos realizados por los redactores de las directrices, 18.837 hectáreas de superficie del sistema agrícola han dejado de estar cultivadas. Aunque hay varios factores que explican este retroceso, el documento se centra en las relacionados con el planeamiento. Así, incide en que solo el 59,3% de la superficie cultivada se encuentra dentro de suelo rústico de protección agraria. El 40,7% restante se ubica en otras categorías o en espacios naturales protegidos, que o bien no son aptas para el desarrollo de las actividades del sector primario o bien le imponen prohibiciones o limitaciones. En el caso de la ganadería, la proporción de explotaciones en suelo rústico de protección agraria es todavía más baja: un 43,9%.
El avance de las DOSA lamenta que el planeamiento no reconozca lo suficiente la actividad económica que se ejerce en el suelo agrario. Si esa actividad se pierde, alertan, "se pierden los valores socioeconómicos y ambientales que conlleva". "Una de las consecuencias socioeconómicas más relevantes de un aumento excesivo del suelo agrario sin actividad es una disminución del autoabastecimiento alimentario del Archipiélago con el consecuente aumento del exterior", afirman los redactores del documento. Desde un punto de vista ambiental, el incremento de la dependencia del exterior "puede conllevar un aumento de las emisiones de gases efecto invernadero derivado del transporte de alimentos".
La memoria de las futuras directrices revela también que los agrosistemas con valores culturales, etnográficos o paisajísticos "han perdido mucha superficie en los últimos años". Solo el 24,3% del suelo ocupado por estas técnicas se encuentra cultivado. Se trata de agrosistemas que desempeñan "un destacado papel ecológico al mantener los suelos y evitar su erosión", a lo que se añade su riqueza cultural o paisajística.
