Más de 2.000 empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma están afectados por el aplazamiento de las ofertas de empleo de estabilización a las que se habían comprometido tanto el Estado como el Gobierno regional para reducir la elevada tasa de interinidad, que en algunos departamentos autonómicos supera el 60% de la plantilla. La pandemia del coronavirus y el confinamiento han provocado que el plazo fijado entre el Ejecutivo y las centrales sindicales varíe y se haya decidido prolongarlo, de tal forma que en vez de este año el proceso para convocar las ofertas finalizará el 31 de diciembre de 2021.
El Real Decreto Ley 23/2020 publicado en el BOE el pasado 24 de junio determina que tanto las ofertas de empleo público de nuevas plazas como las convocatorias para estabilizar los puestos temporales, previstas en las leyes de presupuestos de 2017 y 2018, se amplían hasta 2021. Ante ello la Comunidad Autónoma ha decidido aplicar el mismo criterio. Fuentes de la Dirección General de Función Pública añaden que "el nuevo plazo permite un mayor margen para su concreción pero seguiremos avanzando para dar cobertura al compromiso de reducir las tasas de temporalidad actualmente existentes".
Representantes del Ejecutivo y de los sindicatos han constituido un grupo de trabajo que ha retomado los contactos tras la finalización del estado de alarma para contabilizar las plazas sujetas al proceso de estabilización y que actualmente están ocupadas por empleados con carácter interino o temporal, tanto personal laboral como funcionarios. Las centrales cuantifican en más de 2.000 las plazas que están afectadas por este procedimiento, con trabajadores que en algunos casos llevan hasta 15 años trabajando para la Administración sin que hayan consolidado su puesto de trabajo.
Este proceso de ofertas extraordinarias de estabilización para reducir la temporalidad en el empleo público está respaldado por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Sin embargo, en Canarias se da la peculiaridad de que los dos sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos son Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que están en contra de este tipo de ofertas porque consideran que ponen en riesgo a los trabajadores que ocupan esas plazas ya que se pueden quedar fuera de la Administración si no superan los procesos selectivos pese a sus años de trabajo.
Los representantes de los dos sindicatos de ámbito canario advierten con llevar a los tribunales a la Administración autonómica si no se negocia la estabilización y se garantiza que los que ocupan las plazas de forma temporal mantendrán sus puestos de trabajo. La precariedad en el empleo público ha sido objeto de varias sentencias, tanto del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) como de los tribunales españoles. El pasado mes de marzo, en pleno confinamiento, el Tribunal de Luxemburgo llamó la atención a España por "abusar" de la temporalidad en las administraciones públicas e insta a la Justicia española a establecer varios caminos para reducirla, entre ellos la conversión de estos trabajadores en indefinidos no fijos o mediante la convocatoria de procesos selectivos para consolidar las plazas sujetas a interinidad. También contempla la opción de indemnizar a estos trabajadores por sus años de servicio, algo que resultaría especialmente gravoso para las arcas públicas porque hay miles de personas afectadas.
En el caso de Canarias la suma de Educación, Sanidad, Administración General y Justicia eleva a más de 20.000 los empleados que de una u otra forma no tienen plaza por oposición. Según las centrales sindicales hay trabajadores que llevan más de 15 años sin consolidar su plaza.
El objetivo tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma es reducir la tasa de interinidad entre sus empleados al 8% frente a un media de entre el 25 y el 30%, que se dispara en el caso de Sanidad por encima del 40%. Los sindicatos se muestran escépticos sobre la consecución de este objetivo a corto plazo y que en 2021 será muy difícil alcanzar ese objetivo porque los procesos continuarán en los años siguientes.
Junto a este escenario, la Administración autonómica también tiene la intención de publicar una oferta de empleo pública con nuevas plazas antes de finalizar el año. La última convocatoria se produjo en las postrimerías de 2019 y en ese momento el Ejecutivo manifestó su intención de realizar en 2020 una convocatoria de plazas más amplia con un aumento de la promoción interna. El Covid-19 ha ralentizado todo el proceso y fuentes de la Dirección General de Función Pública mantienen la intención de sacar la nueva oferta antes de finalizar el año, con el fin también de cubrir la tasa de reposición debido a las jubilaciones que se están produciendo en la Administración.
