Canarias puede ya por fin gastar los 389 millones del superávit en sus cuentas

La medida fue valorada ayer como un "logro histórico" por parte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien recordó que es la "primera vez" que se podrá recurrir a los ahorros que la Comunidad Autónoma tiene en los bancos desde que en 2012 se aprobó la actual ley de Estabilidad Presupuestaria, el marco legal estatal que impedía esta fórmula de inyectar liquidez a las cuentas regionales y con ello mejorar la cobertura de los servicios públicos esenciales que presta la comunidad autónoma -sanidad, educación y gasto social-. "Es la primera vez que podemos hacer uso del superávit, y no para deuda, ni para los bancos, sino para los ciudadanos, para el gasto corriente, para compensar la minoración de los ingresos, para el gasto público", afirmó el jefe del Ejecutivo canario.

Sin embargo, no participa de ese entusiasmo el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien aseguró a través de un comunicado que es "un paso adelante, pero insuficiente". Considera en este sentido que "se ha cumplido parte de lo acordado, pero nos siguen faltando 581 millones de euros para compensar la caída total de ingresos prevista en la Administración autonómica para el año en curso".

"Seguiremos reclamando al Estado una actuación decidida para dar respuesta a una reclamación justa y sensata, ya sea por transferencias o por el desbloqueo de los 500 millones de la sentencia de carreteras y la autorización de endeudamiento", dijo Rodríguez, quien recordó que Canarias ha cumplido escrupulosamente en los últimos años sus deberes fiscales, que es una de las autonomías menos endeudadas del Estado y que, por contra, será de las que más sufra las consecuencias económicas de la crisis debido a su mayor dependencia del turismo, el sector que más tardará en recuperar una cierta normalidad.

Ayuntamientos y cabildos

La medida fue anunciada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, con quien precisamente el Gobierno de Canarias tenía abierta una negociación en este sentido tras la reunión entre ambas partes el pasado 13 de mayo. En esa reunión Montero se comprometió verbalmente a autorizar el uso del superávit, pero desde el Ejecutivo regional se reclamaba una nueva cumbre para perfilar los términos en que se produciría esa autorización, pero sobre todo que se hiciera de forma urgente para poder compensar el notable descanso de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma por el parón de la actividad turística en el conjunto del Archipiélago. Falta ahora por aclarar si el Estado adoptará la misma decisión para con los ayuntamientos y cabildos, que acumulan más de 3.000 millones de superávit y que también reclaman su uso también para paliar la caída de ingresos por la crisis del coronavirus. Montero ha aceptado una mesa de negociación específica con estas corporaciones y recientemente anunció que pronto se reuniría con ellas. "Ha quedado demostrado que, si hay determinación en la exigencia y voluntad política para reconocerla, se puede dar una respuesta diferenciada al Archipiélago, por lo que ahora insistiremos para que se adopten todas las medidas que nos permitan compensar la totalidad de la caída de nuestros ingresos y, por tanto, podamos mantener nuestros servicios públicos esenciales", recalcó el vicepresidente canario.

El texto de la disposición adicional segunda del decreto referida al uso del superávit, establece unos criterios para su aplicación que reduce a tres las comunidades que se podrán beneficiar de la medida, además de Canarias, únicamente Navarra y el País Vasco. "Es para estar contentos", aseguró Torres, quien insistió en que "la posibilidad de usar el superávit ya no es una promesa, sino una realidad, un hecho reglado aprobado por el Consejo de Ministros", que no obstante deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el marco de la tramitación del decreto ley sobre los fondos Covid de ayuda a las comunidades autónomas.

Las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda cierra la puerta a otras comunidades que, como Galicia, Madrid y Andalucía, pese a registrar superávit en el 2019, tienen unos márgenes de deuda incompatibles con la medida, ya que deberán destinar ese "supuesto superávit", como afirma la ministra, a amortizar esa deuda.

La medida se valora ahora por parte del Gobierno de Canarias como una ayuda para garantizar liquidez tras el desplome de la recaudación, en cerca de 1.000 millones en todo el 2020, de los impuestos autonómicos por el 'cero turístico' que registra el sector desde hace tres meses y la malas expectativas para lo que resta del año. Canarias aspiraba a que parte de esa pérdida la compensara el Estado con el fondo de 5.000 millones inicialmente previsto, del que se sustrajeron 800 millones para compensaciones al transporte terrestre, dentro de la partida global de 16.000 millones, para el conjunto de regiones por las pérdidas de recaudación fiscal. Pero finalmente, el Gobierno central sólo asumirá la pérdida de la recaudación relativa a los impuestos estatales cedidos (unos 275 millones), como al resto de las comunidades, pero no por la que tiene que ver con los impuestos propios ni con los del bloque de financiación del REF (IGIC y AIEM), unos 700 millones de pérdida que se compensará en parte por el uso del superávit, pero no por el fondo estatal. De ahí las reservas expresadas por el vicepresidente canario al paso dado por el Estado.

El real decreto aprobado ayer establece los criterios de reparto y distribución de ese fondo Covid de 16.000 millones, pero todavía sin un cálculo preciso sobre la cifra concreta que corresponde a cada uno de los territorios. Montero justificó ayer esa laguna en la información sobre el reparto en que "hay determinados momentos de evaluación, algunos son inmediatos, otros serán en octubre, y en el momento en que se apruebe el decreto ley y se asignen las cantidades se publicará en el BOE y se conocerán la primera para de cada uno de los tramos". Además, el decreto está sujeto a que se pueda tramitar como proyecto de ley y a los cambios que en ese caso se puedan introducir.

En todo caso, el Gobierno de Canarias ha realizado un cálculo aproximado de lo que, en función de los criterios de reparto aprobados, le correspondería de esos 16.000 millones, que cifra en una cantidad que oscila entre los 650 y los 693 millones. De ellos, además de los mencionados 275 de los 4.200 millones totales por la caída de ingresos, Canarias percibiría entre 280 y 290 millones de los 9.000 para sanidad; 93 de los 2.000 para educación, y 32 de los 800 para la compensación al transporte terrestre.

Torres destacó ayer que Canarias había mejorada la compensación por gasto sanitario al modificarse los criterios de reparto y tener en cuenta todas las pruebas PCR realizadas en cada comunidad y no solo el número de casos positivos detectados. "Estamos hablando de una importante inyección económica de cientos de euros para Canarias para el gasto suplementario para este año para compensarnos por los efectos de la pandemia", afirmó el presidente regional.

La ministra Montero destacó ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el decreto "recoge todos los elementos que se habían sugerido por parte de las comunidades autónomas" y que "con el libramiento de las distintas cantidades quedarán a disposición de todas ellas 24.532 millones más que el año anterior para el desarrollo de sus competencias". "Es una cifra indiscutible que habla de un incremento de recursos sin precedentes y del cuidado que este gobierno tiene para que los servicios públicos esenciales se puedan seguir prestando en las mejora condiciones", afirmó.