¿Y qué hay de la curva en la tensión política? España afronta esta etapa de la epidemia en la que, por fin, se empieza a torcer el pulso al virus, o al menos a la representación gráfica de la tragedia que ha provocado, esa anhelada curva en la línea de número de afectados y de fallecidos, y se inicia eso que se ha dado en llamar la desescalada del confinamiento. Queda mucho aún por hacer, se multiplican las dudas sobre los aspectos epidemiológicos, sanitarios, los problemas para el abastecimiento de medios de protección y de pruebas con las que definir la situación real de la población, y sigue habiendo muchos muertos por la enfermedad. Pero al menos hay un horizonte. Y de repente nos hemos dado cuenta que recuperar parte de la normalidad perdida, incluso en términos tan limitados como se están planteando en este momento, va a ser casi de tan complicada gestión como lo fue hacer frente al pico de la pandemia. Como entonces, nadie sabe nada porque esto vuelve a ser nuevo, y también como entonces, pese a ello, habrá un millón de listos que tienen respuesta y soluciones para todo.
En este contexto, todos los gobiernos, central y autonómicos, afrontan la nueva situación en los dos frentes en los que se están fajando desde el inicio de la crisis: en el control de la propagación de la enfermedad, y el de la puesta en marcha de medidas económicas y sociales para paliar los graves efectos provocados por el confinamiento ciudadano y el parón de la actividad productiva. El vencimiento de la curva de la epidemia coincide con el intento, por parte del Ejecutivo central de Pedro Sánchez, de activar un pacto de Estado para la reconstrucción económica al que la mayoría de las formaciones políticas de distinto signo están poniendo reparos. Lo que pretendía ser una reedición de los históricos Pactos de La Moncloa en plena Transición (1977) se va a quedar en una mera comisión parlamentaria de funcionamiento, objetivos, calendario y nivel de participación aún por concretar, pero que no parece responder a la urgencia que requiere la situación.
En todo caso, la mera puesta en marcha de esta iniciativa y la previa ronda de contactos de Sánchez con los líderes del resto de formaciones políticas, salvo con quienes se han desmarcado del proceso, los de Vox y la CUP en un curioso hermanamiento estratégico entre la extrema derecha y los anticapitalistas independentistas de Cataluña, anima a pensar que también el pico de la tensión política en España se podría estar alcanzando. Es apenas un indicio, pero es también una posibilidad que hoy podría ofrecer su verdadero rostro en el pleno del Congreso en el que, de nuevo, el Gobierno pedirá la prórroga del estado de alarma, y se valorará la situación epidemiológica y política del país. Este pleno parlamentario podría ser el punto de inflexión en la bronca política que ha acompañado a todo el proceso prácticamente desde el inicio de la pandemia y la aparición de los primeros muertos, pero también podría ser el inicio de una nueva estrategia por parte de los partidos de la oposición, especialmente el PP, para reubicar sus objetivos en el marco del proceso gradual de desconfinamiento.
Si una cosa ha estado clara desde el inicio del estado de alarma es que España ha sido el país, probablemente de todo el mundo, donde más politizada, e ideologizada, ha estado la mirada hacia la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de turno. Ni siquiera en países donde sus líderes o gobiernos han negado tácitamente en algún momento la importancia de esta epidemia, como el Reino Unido o EEUU, dos de los países donde la enfermedad está aún en escalada, la oposición se ha mostrado tan dura con ellos. Por no hablar del caso de Portugal, donde todo el mundo ha cerrado filas con el Ejecutivo socialista de António Costa. Ni siquiera la derecha italiana ha llegado al nivel de acusaciones hacia el Ejecutivo de Giuseppe Conte, al que lo han hecho los dirigentes del PP y de Vox con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en España. Tampoco otros países donde la incidencia de la enfermedad es también muy grave y los problemas surgidos muy similares, como Francia o Bélgica, la batalla política ha llegado ni de lejos a la gresca española.
Pese a todo, la tendencia en estos momentos es un reajuste estratégico de los partidos políticos, salvo excepciones, con la vista puesta en la desescalada y el posicionamiento en ese proceso negociador que se ha abierto para preparar la reconstrucción económica del país. O, en todo caso, para sacar partido, nunca mejor dicho, a esa comisión parlamentaria en la que, al menos teóricamente, se decidirá la estrategia nacional para abordar una nueva etapa de futuro incierto. Seguramente como consecuencia de las encuestas que ya se están publicando sobre la valoración de la gestión de la crisis, los partidos están empezando a modular sus posiciones.
El líder del PP, Pablo Casado, ha llevado a cabo una estrategia cambiante que pasó del apoyo inicial, con matices, a las primeras decisiones del Ejecutivo de Sánchez, a un ataque frontal y en todos los terrenos. Ocurrió nada más decretarse el estado de alarma, que apoyó, y la creación del mando único de gestión, aunque tuvo como principal elemento de crítica el hecho de que el Gobierno no prohibiera la manifestación feminista del 8 de marzo, ya con el virus activo en Madrid. Una motivación claramente ideológica, porque nada dijo el PP de cerrar otros espacios o actividades masivas que también contribuyeran a los contagios. Durante la etapa más dura de la crisis, a finales de marzo, con los hospitales colapsados y el virus matando a muchos centenares de enfermos todos los días, Casado recrudeció su ofensiva compitiendo en formas y contenidos con los dirigentes de Vox.
La presión de la derecha mediática y el aventurerismo del partido ultra incitó al PP a una estrategia de escarnio que claramente apuntaba a un objetivo de ruptura del Gobierno de coalición, y a un horizonte de desestabilización política, muy por encima de las posiciones de sus varones gobernantes en las comunidades autónomas como Galicia, Andalucía, Castilla León o Murcia, aunque sí en sintonía con la agresiva presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayudado por las torpezas de Sánchez en su comunicación con los partidos, Casado amagó con no entrar en el pacto de reconstrucción, pero finalmente cede, advertido por esa mayoría social partidaria del pacto, a cambio de que el proceso se haga en el Congreso, ahora con la pretensión de presidir la comisión creada al efecto. ¿Hasta dónde llegará este deshielo aparente y frágil entre el Gobierno y el PP? Será difícil para Casado involucrarse en un pacto con un Gobierno si sigue tratándolo de "comunista" que está procurando un cambio de régimen por la vía de las medidas anticrisis.
En el caso de Vox, su estrategia es tan nítida y simple como sus ideas, pues todo se reduce a un comportamiento criminal de un Gobierno cuyo objetivo es "convertir a España en una nueva Venezuela", y no se espera ningún cambio de estrategia salvo si acaso recrudecer la actual en respuesta a la supuesta moderación del PP. CS, por su lado, ha mantenido una actitud muy leal de apoyo al Ejecutivo durante todo el proceso, y eso le permite ahora mostrarse más y ser más incisivo en la defensa de medidas propias para la reconstrucción. Los supuestos aliados del Gobierno de coalición, el PNV y ERC, han estado mirando en todo momento a sus procesos políticos territoriales y así seguirán probablemente hasta que las urnas no hablen, primero en las aplazadas elecciones del 5 de abril en el País Vasco, y en las también inminentes autonómicas en Cataluña, donde el independentismo más estrafalario de Quim Torra y JxCat asegura que en una República catalana el virus hubiera sido menos letal. Los dos partidos nacionalistas canarios, CC y NC, por su lado, mantienen un apoyo de fondo a las decisiones del Gobierno, pero con discursos muy diferentes, muy crítico en el caso de la coalición, y más templado en el de los progresistas. En ambos casos, sin embargo, se pone el foco principalmente en lo que desde el Gobierno de Canarias se está haciendo para presionar al Estado en la aprobación de medidas urgentes y singulares a una comunidad que camina, quizá, hacia su peor horizonte económico y social desde la postgerra si no se consigue alcanzar el pico e iniciar también la curva de esa escalada.
