La aprobación del ingreso canario de emergencia ha generado un aluvión de llamadas al 012 una semana antes de su entrada en vigor. El teléfono de atención a la ciudadanía del Ejecutivo regional ha recibido entre el sábado y ayer unas 16.000 llamadas relacionadas con la nueva prestación aprobada por el Gobierno canario el pasado viernes, la mayoría para solicitar información sobre la documentación necesaria a presentar. El decreto ley de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria, en la que se desarrolla este ingreso, entra en vigor este viernes, pero no es hasta el lunes que arranca el plazo de presentación de solicitudes. Aun así, ya ha suscitado una enorme expectación.

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo regional, Noemí Santana, puso ayer en valor la medida, pionera en el país, como pilar fundamental del "escudo social" ante el Covid-19. La pandemia no solo ha puesto en jaque al sistema sanitario, sino que también ha empujado al borde del abismo a la economía. Durante su comparecencia telemática ante la Diputación Permanente, Santana insistió en que esta medida -que actuará como "puente" a la renta de emergencia que el Estado estudia poner en marcha- aportará liquidez a unas 38.000 familias que no cuentan con ningún tipo de ingresos y que han visto agravada su situación con los latigazos de la pandemia. Ese ingreso, que se abonará a través de un abono único cuya cuantía varía entre los 367,02 y los 478,09 euros, alcanzará en total a unas 100.000 personas.

Santana, además de esta medida, hizo hincapié en la activación de las ayudas alimentarias a 10.000 familias con niños de comedor de cuota cero, en la ampliación de la prestación canaria de inserción (PCI) para llegar a unas 1.000 personas más -y alcanzar a unos 7.000 beneficiarios en total-, en la puesta en marcha de la aplicación Covida -que ha facilitado que mil voluntarios ayuden a 1.200 mayores en confinamiento- o en las exenciones al alquiler. "El objetivo es no dejar a nadie atrás", insistió.

Refuerzo a los ayuntamientos. La responsable de Derechos Sociales destacó, a su vez, que Canarias fue una de las primeras comunidades que decidió prohibir las visitas a las residencias y el cierre de los centros de día. A ello sumó que el Archipiélago es la única región del país en realizar pruebas diagnósticas a todos los residentes y trabajadores de sus residencias. Un trabajo, señaló, que ya ha concluido en todas las islas salvo en Gran Canaria y Tenerife.

Cristina Valido, diputada por CC, demandó a Santana el refuerzo del área de servicios sociales de los ayuntamientos porque estas administraciones van a ser, según apuntó, la primera puerta que toquen las familias más vulnerables para solicitar el ingreso canario de emergencia. Más aún, aseguró, porque normalmente las personas en esta situación no tienen recursos para pagar llamadas de teléfono o realizar peticiones de forma telemática. El PP exigió, por su parte, que la partida destinada a cubrir esta nueva prestación se ceda a los ayuntamientos para que sean éstos quienes gestionen de forma directa tales ayudas.

También desde las filas de CC, al igual que Cs, aprovechó la ocasión para afear a la consejera su ausencia durante las primeras semanas del estado de alerta. Santana negó la falta de coordinación con patronales, ayuntamientos, cabildos y el tercer sector. "Que no se me haya visto en la foto no quiere decir que no esté", afirmó, al tiempo que recalcó que es hipertensa, uno de los colectivos de riesgo, y que ha estado en periodo de lactancia.