El Gobierno de Canarias ha decidido aplazar hasta el 1 de junio por la crisis del coronavirus el impuesto general indirecto canario (IGIC), el equivalente al IVA en las islas, con lo que inyecta a la economía de la región unos 600 millones de euros, ha anunciado el presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres.

Esta es una de las medidas principales aprobadas este jueves por el Ejecutivo canario, que también ha decidido complementar con sus fondos la parte de la ayuda por cese de la actividad de los autónomos que no cubría el Estado, para que esta llegue al 100 %.

Asimismo, ha decidido liberar 20 millones de euros para reforzar el funcionamiento del Servicio Canario de Salud, una cantidad que será ampliada si es necesario.

"Todo el presupuesto de Canarias para 2020 está destinado a la situación de emergencia que estamos viviendo", ha dicho Ángel Víctor Torres, quien ha demandado a la Comisión Europea que a su vez autorice a España a que los superávit presupuestarios de las comunidades autónomas se destinen a esta crisis, así como a endeudarse para hacerle frente.

En el caso de Canarias, Torres quiere que los 300 millones de euros de superávit de 2019 se puedan dedicar a afrontar la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, que se permita un endeudamiento de otros 300 millones con cargo al superávit previsto para 2020 y que se transfieran los fondos pendientes del convenio de carreteras por otros 500 millones de euros.

"Ante la envergadura lo que afrontamos se nos debe permitir endeudarnos lo máximo posible", ha insistido el presidente.

Torres también ha pedido al Ministerio de Sanidad que ordene el cese de la actividad alojativa y ha confido que a lo largo de los próximos días puedan salir de Canarias la mayoría de los entre 80.000 y 90.000 turistas que siguen en las islas.

El presidente ha remarcado que no tiene sentido que llegue ningún nuevo turista a las islas mientras dure la emergencia sanitaria, puesto que "no se puede hacer turismo".

En los aeropuertos y puertos ya están aplicándose restricciones y controles sanitarios y solo se permite la entrada de residentes o quienes viajen por obligaciones sanitarias o profesionales.

Ha solicitado a las empresas, que ante el cese de la actividad económica no se produzcan despidos, sino expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), porque "esto es transitorio" y es importante que "nadie pierda su trabajo".

Torres se ha dirigido a los ciudadanos, cuya angustia comprende, para pedirles "responsabilidad individual para que colectivamente salgamos cuanto antes" de esta situación.

El presidente canario que las medidas de aislamiento que se están aplicando son necesarias, y ha puesto como ejemplo la falta de casos en El Hierro o las pocas infecciones en lugares como La Gomera o La Palma.

No obstante, ha adelantado que cuando se reciban los nuevos kits para detecciones rápidas en los próximos días se incrementarán las pruebas y con ellas el número de positivos.

Por el momento, la sanidad pública tiene capacidad para atender las hospitalizaciones, pero Torres ha recordado que ahora hay "una sola sanidad", de manera que el personal y medios de la sanidad privada están disponibles y si hiciera falta habilitar otros espacios "se hará".

Ha explicado que en Canarias hay unos 400 respiradores para atender a los pacientes graves y se han pedido otros cien.

En el cuanto a las residencias de ancianos en la islas, no se ha detectado ningún caso de coronavirus.

Solamente se ha dado un caso en un centro de día de una persona joven con discapacidad, que es la última de los tres fallecidos que se han registrado por el momento en las islas.

Torres ha anunciado que el domingo participará en la reunión telemática convocada por el presidente Pedro Sánchez con el resto de mandatarios autonómicos y que el lunes volverá a citar a empresarios, sindicatos, cabildos, ayuntamientos y grupos parlamentarios.

Internamente, el Gobierno de Canarias se reorganizado para reforzar el área sanitaria.

Al respecto, se ha constituido un comité de gestión coordinado por el presidente con la presencia de los consejeros de Sanidad, Transportes y Hacienda y el viceconsejero de Comunicación.

También se ha creado un comité de economía y derechos sociales con los responsables de las respectivas áreas.