Patronal y sindicatos celebran las ayudas pero muestran dudas sobre su aplicación

¿Aprovecharán los empresarios para, toda vez que lo peor haya pasado, ajustar sus costes laborales por la vía de los despidos?, se preguntan las organizaciones sindicales. ¿Habrá sensibilidad por parte de lo público para entender que de la rápida puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) depende la supervivencia de muchas empresas?, plantean los dueños de los negocios. Hasta ahí las no pocas diferencias.

Desde la declaración del estado de alarma, en ambas orillas del tejido productivo se habla prácticamente el mismo lenguaje, al menos en lo esencial. Sobre todo a la hora de mostrar el convencimiento de que esta situación es pasajera para dejar paso a continuación a una época en la que habrá que restañar las múltiples y profundas heridas.

"Pasará, no me cabe ninguna duda", manifestó el presidente de Satocan; "sin duda lo superaremos", coincidió por su parte el secretario general de CCOO-Canarias, Inocencio González Tosco. La agenda la marca la gravedad de la situación y nadie se atreve a mostrarse abiertamente discordante, lo que, no obstante, tampoco impide la introducción en el discurso de matices que evidencian el estrato económico desde el que llegan las palabras.

Ir más allá

Para Alberto Cabré, consejero delegado de Publicidad Atlantis, Pedro Sánchez incluso se ha quedado corto. "Ya no se trata solo de carencias ni facilidades para el crédito", señala. En su opinión, el escenario demanda que se pongan en marcha "ayudas directas para quienes tengan que cerrar, pero también para los que padezcan una brusca caída de la facturación".

Sobre todo porque existen serias dudas sobre la posibilidad de que haya financiación para las empresas que hayan entrado en esta fase ya con dificultades. De ahí que varios consultados apuntaran la necesidad de contar con ese oxígeno independientemente del estado actual de sus cuentas. Entienden que resulta necesario evitar que la pandemia se lleve por delante a muchos de ellos. De otro modo, solo llegarían los créditos a las grandes empresas.

Siempre dentro de un debate en el que no se pone en duda que había que actuar, a Sebastián Grisaleña le parece que el Gobierno central "ha reaccionado tarde", porque "se veía venir este escenario".

Menos crítico se mostró Agustín Manrique de Lara. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) entiende que el Ejecutivo "ha tendido la mano" y ha realizado "un esfuerzo de acercamiento" a la realidad que afrontan los negocios. Ante ello, y aunque "todo es mejorable", a los propietarios de las compañías no les queda sino colaborar "para salvar el tejido productivo".

Incluso, entiende que las empresas con más de 50 empleados tengan que pagar una parte (25%) de las cotizaciones a la Seguridad Social. "Las medidas adoptadas no pueden llevarse por delante al país", explica sobre el momento en que superado el momento actual haya que poner a funcionar de nuevo la maquinaria.

Desde el sindicato UGT, Héctor Fajardo, reflejó el temor a que algunas empresas aprovechen el momento posterior a la actual crisis para "destruir empleo". El responsable de Organización de la gestora que dirige en la actualidad al sindicato en las Islas alertó de la necesidad de estar atentos para evitar que el sector privado aproveche las ayudas presentes y posteriormente no dé marcha atrás a los ERTE alegando "causas objetivas".

Las suspicacias en el caso del presidente del Grupo Domingo Alonso tienen un origen diferente. "Ya ha pasado y estamos escaldados", detalla sobre la fiscalización que el sector público ha realizado a posteriori de la aplicación de leyes. "No podemos estar sujetos a que ahora se nos admita una decisión y que el año próximo vengan los inspectores a decirnos que no estaba bien", relata.

Como el resto, también él coincide en que era necesario poner en marcha iniciativas de calado. "No se discuten los ERTE ni las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social", se suma también José Sánchez Tinoco. Ahora, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria tampoco oculta las dudas sobre la aplicación de las medidas aprobadas.

"Sin precedentes"

Inocencio González destaca el "esfuerzo sin precedentes" que se está realizando con "recursos públicos para atajar las consecuencias de la crisis". Y, a su juicio, solo habrá resultados si "el conjunto de la sociedad", se compromete a aceptar "determinados niveles de corresponsabilidad".

De entre las cuestiones que más celebran tanto Fajardo como él destaca la preservación del tiempo de paro que tienen los asalariados afectados por los ERTE. Ambas organizaciones sindicales insistieron en ello ante Pedro Sánchez desde el primer momento. "Era necesario, pasado este momento, poner el contador a cero", asegura González.

Otra cuestión que preocupa es la inexistencia de una relación de actividades que sí pueden mantener la actividad. "Estamos encontrando casos de policías municipales que, con toda su buena voluntad, ordenan cerrar el taller de un pueblo", lamenta el secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares.

El directivo de la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife insta por ello a la Delegación del Gobierno en las Islas a hacer llegar instrucciones claras a las fuerzas de seguridad. Se trata de mantener operativo "lo poco que queda de la economía" por la propagación del coronavirus.

Sobre las medidas adoptadas coincide en la necesidad de aprobarlas "para evitar que haya un millón de parados más en quince días". Dicho esto, también alerta de la aplicación que se haga.

Desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, ayer le hicieron llegar su intención de interpretar de manera amplia el real decreto para dar cabida a todas las empresas afectadas. "Un hotel que tiene que cerrar por falta total de clientes es un caso claro, ¿pero qué ocurre con una fábrica de harina que vende en exclusiva al sector turístico?", advierte Bezares.