La inminente entrada de Canarias en una fase de turismo cero tendrá consecuencias para más de 165.000 trabajadores, entre los que desempeñan su labor en los hoteles y apartamentos -unos 150.000- y los empleos que genera el alquiler vacacional, alrededor de entre 15.000 y 17.000. Las patronales hoteleras esperan con impaciencia la publicación de la orden que establecerá el cierre de los establecimientos y que dará amparo legal a los empresarios para acometer los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) previstos, con los que puedan enviar de forma transitoria a sus plantillas al paro con la intención de recuperarlas cuando el efecto de la pandemia de coronavirus haya remitido en las Islas y el sector turístico empiece a recuperarse.

Las organizaciones empresariales y sindicales confían en que la orden se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero aunque así sea, las cosas no serán sencillas. El borrador del documento establece que este cierre por decreto debe producirse, con ciertas excepciones, en el plazo máximo de siete días naturales, y extiende su vigencia a todo el periodo en el que España permanezca bajo el estado de alarma, tanto el ya decidido por el Consejo de Ministros como sus posibles prórrogas, que tendrán que ser validadas por el Congreso de los Diputados. Transcurrido ese plazo, las empresas que reabran tendrán que hacerlo, en un primer momento, con una plantilla más escasa de lo habitual, puesto que la recuperación de la clientela será gradual. En esa segunda fase, auguró ayer el secretario general de Sindicalistas de Base (SB), Manuel Fitas, en declaraciones a Europa Press, se acometerán nuevos ERTE, aunque en este caso por razones económicas y productivas.

Un año "caótico"

El dirigente sindical cifra en 150.000 los afectados por la situación creada por el coronavirus de Wuhan en la hostelería canaria. El año, advirtió, será "caótico", ya que en los clientes se ha instalado una "psicosis" que tardará en desaparecer. A su juicio, las medidas anunciadas el martes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, están incompletas. Faltan, por ejemplo, complementos salariales a los trabajadores, además de la suspensión de cotizaciones a la Seguridad Social concedida a las empresas. Al margen de este plan de rescate nacional, el sindicato mayoritario en el sector hostelero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife negocia acuerdos con los establecimientos -algunos ya cerrados, como con la cadena Spring Hoteles- que, además de los ERTE, incluyan estos complementos y el recurso a la figura del contrato fijo discontinuo.

Al margen del sector hotelero y extrahotelero, otra modalidad alojativa, el alquiler vacacional, está sufriendo los efectos del shock que la epidemia ha supuesto para el sector turístico de la Comunidad Autónoma. Ascav, la asociación mayoritaria de esta actividad en las Islas, cifra en 156 millones de euros las pérdidas que han acarreado las cancelaciones, y entre 15.000 y 17.000 los empleos que pueden desaparecer durante esta crisis. "Nos ponemos a disposición de las administraciones y la ciudadanía para colaborar en todo lo que sea necesario en una situación que sin duda afecta y afectará a los más vulnerables", indicó el colectivo a través de un comunicado.

Ascav, que representa a unos 1.500 propietarios y gestores de viviendas turísticas, asegura que no ha recibido "información directa" del Ejecutivo regional ni ha sido convocada junto al resto de sectores. De hecho, la asociación trató de participar en una reciente reunión del Consejo Canario de Turismo y, afirma, no se le permitió la entrada. "El Gobierno de Canarias ha ninguneado al 25% de la oferta de camas turísticas", denunció Ascav.

Las patronales hoteleras canarias se muestran prudentes a la hora de pronunciarse sobre las condiciones en que se desarrollará el cierre de hoteles hasta que la orden que lo regule no se publique en el BOE. Sin embargo, Tom Smulders -vicepresidente de la patronal de Las Palmas (FEHT) y presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) de la provincia- alertaba de que el borrador, pese a incluir excepciones para los establecimientos en que se alojen turistas de larga estancia, no atiende a la realidad de los complejos extrahoteleros donde convive el uso turístico y el residencial. En estos casos, dijo, debe aclararse que no se cierra "a cal y canto" el establecimiento, sino solo la actividad turística que en él se desarrolla.

Repatriación

En cuanto a la repatriación de los clientes, la mayor parte se está llevando a cabo con normalidad, puesto que la mayoría de los turistas han llegado a través de la turoperación y son estos agentes los que se encargan de las operaciones. En el resto ha habido pocos problemas, aunque algún complejo había cerrado "precipitadamente" -tal vez por el efecto de la filtración de la orden-, obligando a la patronal de Las Palmas a gestionar su reubicación hasta que puedan volver a sus países.

El Gobierno central pidió ayer "calma y cooperación" a los turistas extranjeros que actualmente se encuentran en España y aseguró que está en contacto con las autoridades de sus países para colaborar en su retorno. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, señaló que se está trabajando con autoridades y embajadas de Gran Bretaña, Irlanda y los países nórdicos para organizar "cuanto antes" el retorno.

Cuando el cierre hotelero sea efectivo, algunos establecimientos se han puesto de acuerdo para donar productos perecederos "en perfectas condiciones" a organizaciones no gubernamentales y otros colectivos sociales. Es el caso de una serie de complejos de Tenerife, liderados por Ashotel, que pondrán a disposición de asociaciones como Cáritas carnes, pescados, verduras o frutas, informó en un comunicado la patronal de la provincia.