El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo marco normativo de la Educación en España, un documento que ahora pasará al Congreso de los Diputados para recibir enmiendas. La Lomloe, o Ley Celaá, como ya se conoce, no cuenta de partida con excesivos apoyos entre la comunidad educativa, tampoco la canaria, salvo en la derogación de otra Ley, la Lomce, que pasó a la historia con el apellido de Wert por el ministro del PP que la impulsó. Los sindicatos de la enseñanza consideran que no ha habido consenso a la hora de su implantación y sectores como la enseñanza concertada, en especial la religiosa, muestran su frontal oposición. La excepción es la Consejería de Educación del Ejecutivo Regional, cuya titular, María José Guerra, alaba el documento.
La ministra del PSOE Isabel Celaá tiende la mano para negociar un posible pacto de Estado durante la tramitación del proyecto de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe). Evita referirse a los aspectos más polémicos como la religión, la escuela concertada o la segregación por sexos y pide a los grupos políticos que "sean capaces de superar los mantras de la educación". Asegura que el proyecto de ley "transita sobre los consensos sociales de los últimos años". Rechaza todas las acusaciones de supuestos recortes.
Celaá se reunió con Guerra en un encuentro para intercambiar puntos de vista y conocer los problemas. En ese marco valoró: "Vamos a impulsar un nuevo proyecto de ley que moderniza el sistema educativo en su conjunto y traerá calidad a las escuelas españolas".
Calidad y equidad. Entre las asignaturas que la consejera planteó a la ministra están la escolarización de 0 a 3 años, como prioridad política; las estrategias contra el abandono escolar temprano con un repunte los últimos años; la modernización y diversificación de la FP; afrontar las carencias de infraestructuras educativas y la apuesta por la educación inclusiva. Para Guerra "todo esto está en sintonía con el espíritu de la nueva ley, que traerá una mayor equidad con calidad y con excelencia".
La consejera cree que había un clamor en toda la comunidad educativa para derogar la Lomce del ministro Wert. Destaca del nuevo texto el propósito de luchar contra la segregación escolar, la suspensión de los itinerarios educativos y que "todo el sistema se basa en combinar equidad con la calidad".
Oposición frontal. Pero esta no es ni mucho menos la opinión mayoritaria en la comunidad educativa que pulsa EL DÍA. Por ejemplo, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en la enseñanza concertada y privada, lamenta que se pierda una nueva oportunidad para adoptar medidas que garanticen al sistema educativo la necesarias estabilidad y durabilidad para superar los graves problemas de fracaso y abandono.
Francisco Cedrés, su secretario general en Tenerife, critica "polemizar sobre la libertad de elección de los padres, la asignatura de religión o la enseñanza diferenciada como los problemas que tiene el sistema educativo cuando no es así". Para él la nueva ley responde al interés de una parte que no representa una amplia mayoría ni de la comunidad educativa ni la sociedad. Echa en falta diálogo y debate y considera que "el futuro de la ley está vinculado a lo que dure este Gobierno".
FSIE aportará en el trámite parlamentario propuestas para modificar el texto del Proyecto. Entre ellas, fortalecer el artículo 27 de la Constitución en su desarrollo; garantías para mantener los puestos de trabajo de los actuales profesionales ante las nuevas modificaciones o la equiparación salarial y de carga lectiva del personal docente de centros concertados con sus homólogos de la enseñanza pública. El sindicato confía en la incorporación de propuestas que mejoren el texto actual.
Sin consenso. ANPE Canarias, por su parte, a través de su presidente, Pedro Crespo, alerta de que la nueva ley educativa nace sin consenso y con escasa proyección de futuro. El sindicato con más representación en la escuela pública del Archipiélago advierte de que la Ley Celaá no cuenta con el respaldo de toda la comunidad educativa y no incluye medidas imprescindibles para acometer una reforma profunda del sistema. El sindicato comparte determinados cambios relacionados con medidas académicas, el diseño curricular, la estructura de los ciclos y el funcionamiento de los centros, pero desaprueba otros, como la posibilidad de obtener el título de Bachillerato teniendo una materia pendiente. Hasta ahora hay que aprobar todas las asignaturas para conseguir esta certificación que permite acceder a los estudios universitarios.
Preocupación. Otro de los sindicatos más representativos en la enseñanza canaria, el Stec-IC, celebra que el proyecto de ley educativa suponga derogar la Lomce, pero acoge con preocupación la anunciada reforma de la carrera docente. Prevé "una especie de MIR educativo que podría alterar las condiciones de ingreso del profesorado", señalan fuentes de la organización. Añaden que esta modificación "no ha contado" con la opinión de los representantes de los trabajadores que se pueden ver afectados. Creen que el Gobierno debe "buscar el consenso" para ampliar el respaldo y que "perdure en el tiempo". Insisten en demandar "participación y transparencia" para diseñar una ley que permita "progresar" a la educación pública. El Stec destaca de la nueva ley la apuesta por alcanzar el 5% del PIB en gasto educativo; la escolarización de 0 a 3 años; la autonomía de los centros escolares; la vuelta de la Religión como materia no evaluable o la mayor flexibilidad para la FP.
Insuficiente. Un primer paso, pero "insuficiente". Es la valoración de la Federación Canaria de Enseñanza de Comisiones Obreras. Su secretario general, José Ramón Barroso, la califica de "necesaria" por acabar con la Lomce, además de aportar medidas positivas, "pero no deja de ser incompleto". CCOO critica que no se observe el compromiso claro, con ficha financiera, de una mayor inversión "para poder afrontar las necesidades inmediatas de nuestro sistema educativo". Además, valoran que se quita peso a las comunidades autónomas en los contenidos del currículum, lo que tiende a la centralización. Entre lo positivo resaltan la potenciación de la FP y la implantación de la enseñanza de 0 a 3 años.
Falta de debate y consenso con todos los sectores y más sombras que luces en el contenido. Es el balance inicial en Canarias de la Ley Celaá. Lo más positivo ha sido derogar la Ley Wert. Pero queda mucho camino para llegar al pacto por la educación que trascienda de los cambios de gobierno.
