02 de febrero de 2020
02.02.2020
FRONTERAS INCIERTAS CONTROVERSIA POR LA DELIMITACIÓN DEL OCÉANO

El conflicto por las aguas de Canarias reabre el debate de la relación con Marruecos

La intención del país vecino de delimitar de forma unilateral sus espacios marítimos remueve el pleito con España respecto al establecimiento de la mediana con las Islas

02.02.2020 | 02:04
Arancha González con Ángel Víctor Torres en Presidencia del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria.

Se abrió el enésimo conflicto con Marruecos a cuenta de las fronteras marítimas compartidas. El país vecino cumplió su plan de aprobación de sendas leyes de delimitación de sus espacios marítimos, que en teoría podría afectar a las aguas territoriales canarias, y pone en guardia a Canarias por la conocida tendencia expansionista del régimen marroquí, expresada en su famoso mapa del Gran Marruecos que cuelga de las paredes en algunos importantes despachos de Rabat y que incluye el Archipiélago canario como integrante de su geografía física. Su histórica reclamación de extender la soberanía sobre el Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes ha llevado en esta ocasión a las autoridades de Rabat a remover el pleito con España respecto al establecimiento de la mediana marítima con Canarias, y a la ampliación de la plataforma continental, dos de los varios litigios fronterizos activos en este momento.

La versión oficial española es que esa nueva normativa marroquí no va a tener efectos reales y que hay que interpretarla en clave de política interior de ese país, pero pone de nuevo sobre la mesa el debate respecto a las complejas y sutiles relaciones entre ambos reinos y, al tiempo, las dificultades que acompañan a toda vecindad marítima, tal como demuestra el hecho de que España tenga abiertos pleitos de fronteras de aguas con todos sus vecinos, el propio Marruecos, Portugal, Francia y Reino Unido (Gibraltar). No es un problema exclusivo español o de los países limítrofes, porque esta es, de facto, la norma en las relaciones de vecindad marítima entre países ribereños de todo el mundo. Sólo en el Mediterráneo, por ejemplo, hay declarados cerca de 30 de pleitos similares, aunque en ningún caso afectados por decisiones unilaterales como la de Marruecos en el Atlántico.

Tramitación

Las leyes marroquíes ahora de actualidad fueron aprobadas por el Parlamento de ese país al pasado miércoles 22 de enero, y tienen aún por delante su tramitación en el Senado y la posterior promulgación efectiva por el Rey, Mohamed VI, algo más que un detalle legal o político en el personalista régimen alauí. De hecho, ambos textos legales son más que nada una declaración de intenciones o principios sin las concreciones necesarias para una aplicación efectiva y operativa. No sólo porque no pueden tener ningún tipo de vigencia sin que sean avaladas previamente por el derecho internacional en esta materia, la famosa Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en vigor desde 1982, sino porque no establece ningún trazado concreto sobre el mapa.

La nueva demarcación marroquí establece el perímetro de sus aguas territoriales, fijado en 12 millas (22 kilómetros), a lo largo de todo el Sáhara Occidental, territorio cuya soberanía está pendiente de resolución desde que España abandonó su colonia en 1975. Además, Marruecos delimita las 200 millas (370,4 kilómetros) de su zona económica exclusiva (sobre la que el país tiene derechos de soberanía para su explotación) e incorpora las 350 millas (648 kilómetros) de la plataforma continental (lecho y subsuelo de las áreas submarinas). La nueva norma menciona "los derechos soberanos y exclusivos" sobre esa superficie en los "fondos marinos y del subsuelo con fines de exploración y de explotación de sus recursos naturales minerales, fósiles y biológicos". El pleito con España afecta tanto a la delimitación de la mediana marítima entre Canarias y las costas marroquíes, que ambos países tienen pendiente tras el fracaso de las nueve rondas negociadoras que tuvieron lugar entre el 2003 y el 2007, como a la ampliación de la plataforma continental que España ha solicitado en 2014 ante la Comisión de Límites de la ONU y que Marruecos no acepta por entender que solapa parte de las aguas saharauis que justamente ahora incorpora como propias en su nuevo mapa de soberanía marítima.

En el caso de la mediana con Canarias, la nueva doctrina marroquí es que no puede trazarse de forma equidistante porque del lado canario se trata de un Archipiélago que no es Estado, y porque la extensión de la costa marroquí es mucho mayor que la canaria. Ya el pasado diciembre, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, anunció que "establecer una frontera marítima mediante la línea mediana solo sirve como criterio entre dos plataformas continentales", y explicó su idea de que si un país "tiene 750 kilómetros de costa y otro 10, no se puede aplicar mediana sino que deber regir el principio de equidad".

De hecho, Marruecos nunca ha aceptado formalmente esa hipotética mediana equidistante porque ha explorado sin problemas y sin pedir permiso en su zona la posible existencia de hidrocarburos, pero protestó y montó un lío diplomático cuando España lo hizo en las aguas canarias durante las polémicas prospecciones de Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

En el caso de la plataforma oceánica, la cuestión de fondo es que Marruecos se arroga la soberanía de las aguas saharauis, tanto de su mar territorial como de la zona económica exclusiva, y por tanto amplía notablemente su teórico acceso al lecho y subsuelo marinos de la esa zona. Ademas de pretender garantizarse los derechos de explotación sobre las 200 millas frente a las costas del Sáhara, Maruecos tiene la vista puesta en el monte submarino Tropic, situado a 500 kilómetros al sur de El Hierro y en el que investigaciones españolas y británicas han desvelado la existencia del mayor yacimiento de telurio encontrado hasta la fecha en todo el mundo, con un contenido potencial de 2.670 toneladas.

Ese material tiene un gran valor estratégico de futuro por su uso en la industria tecnológica para la construcción de paneles solares y teléfonos móviles, entre otros, aunque el coste de su extracción a esas profundidades de más de entre 1.500 y 3.000 metros no la hace viable a corto plazo. En la misma zona, las investigaciones del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) han registrado presencia de cobalto, hafnio, níquel y platino, aunque las expectativas de desarrollo tecnológico para hacer viable su extracción es de un mínimo de 20 años, según los investigadores. La reacción del actual gobierno español a la iniciativa marroquí, pese a la importante presión mediática y del propio Gobierno de Canarias, está marcada por su tradicional cautela con todo lo que tenga que ver con las relaciones con nuestro principal aliado africano y en especial aquellas que afecten a cuestiones de soberanía. El argumento central, que repiten hasta la saciedad tanto desde Madrid como desde Rabat, es que no habrá en ningún caso una política de hechos consumados, es decir, que a la hora de la verdad, no se va a hacer nada que no sea producto del acuerdo entre las partes y bajo el paraguas del derecho internacional.

Inmigración


Y sobre el horizonte de toda esta cuestión se vislumbra claramente el problema del control de la inmigración irregular procedente del Magreb y del África Occidental Subsahariana que lleva a cabo Marruecos por encargo explícito y remunerado de la UE y de España, y que el gobierno de Rabat utiliza a conveniencia como presión en otro tipo de asuntos bilaterales. Justamente cuando, tras varios años de calma, repunta de nuevo la llegada de pateras y cayucos a las costas canarias desde el litoral africano, Marruecos vuelve a la carga con la cuestión fronteriza en las aguas compartidas.

El Ejecutivo español ha tratado de responder con premura pero con evidente prudencia para no molestar al gobierno marroquí ni afectar, por tanto, al resto de asuntos de interés para España en la región. La nueva ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, se encontró esta papa caliente sobre la mesa en la ya programada visita al país vecino, la primera que suele hacer el jefe de la diplomacia española cuando un nuevo Gobierno en Madrid toma posesión.

No es improbable, sin embargo, que Marruecos 'agendara' la tramitación de su normativa para hacerla coincidir con ese primer encuentro entre Laya y Bourita. En todo caso, la cita del pasado día 24 dio lugar a una aparente garantía marroquí de negociar con España las respectivas demarcaciones marítimas y respetando siempre la legalidad internacional. Laya dijo que España "estará vigilante" y que recurrirá ante la ONU cualquier medida efectiva unilateral por parte marroquí y se comprometió a implicar a Canarias en las negociaciones al respecto, según explicó la ministra al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la visita relámpago que hizo a las Islas para explicar su previa reunión con Bourita, y por deferencia a la preocupación que el asunto ha causado en las Islas.

Torres asegura haber quedado "mucho más tranquilo" tras las explicaciones de González Laya porque se confirma que "no se tocará ni un milímetro de las aguas canarias", el mantra que no ha dejado de repetir en las últimas semanas, y que la legislación interna marroquí "no tiene ningún recorrido" porque contraviene el derecho marítimo internacional y no será por tanto avalado por Naciones Unidas. El pleito con Marruecos no es el único que tiene abierto España en relación con la delímitación de espacios marítimos con países vecinos. Y no es el único que afecta a Canarias, aunque sí el más importante por la actitud unilateral del régimen alauí, y por su posible afectación a otros asuntos bilaterales entre ambos países. Pero también están en agenda discusiones con Portugal y Francia sobre otros asuntos fronterizos en el Atlántico y en el Mediterráneo, respectivamente. El más llamativo es el litigio hispano-portugués tanto en relación con la ampliación de las plataformas oceánicas pretendidas por ambos países desde Canarias y desde Madeira, respectivamente, como con el distinto carácter jurídico que uno y otro pretende otorgar a las Islas Salvajes, el archipiélago portugués situado a 165 kilómetros al norte de Tenerife. En el primer caso, ambos países pugnan por una zona de unos 10.000 kilómetros cuadrados sobre la que se solapan las ampliaciones marítimas que pretende cada uno de ellos.

El caso de las Islas Salvajes es distinto, porque aquí ambos países discrepan sobre la verdadera entidad técnico-jurídica que cabe otorgarle a estos tres "islotes", según calificación oficial española, que suman una superficie de 2,7 kilómetros cuadrados.

España reconoce la plena soberanía de Portugal sobre estas islas (Salvaje Grande, Salvaje Pequeña y Fora), pero cree que al no estar habitadas ni tener actividad económica permanente, no dispone de zona económica exclusiva y que, por tanto, salvo las 12 millas de mar territorial que determinan el perímetros de soberanía de Portugal, el resto del espacio marítimo a su alrededor forma parte de la propia zona económica exclusiva de Canarias, pues está dentro de las 200 millas que conforman ese área de dominio español. Portugal ha tratado de demostrar que sí están habitadas estableciendo allí permanentemente un retén de la Policía Marítima y un guarda forestal.

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