El comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias, Daniel Cerdán, ha propuesto este martes introducir en la legislación algún tipo de elemento que posibilite multar a las administraciones que incumplen de forma reiterada o hace caso omiso de manera clara.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar el informe correspondiente a 2018, Daniel Cerdán indicó que también se podría sancionar a las entidades que no tienen página en internet, algo para lo que, recordó, no hace falta especialización ni mucho tiempo.

Daniel Cerdán comentó que este año se publicó un anuncio en prensa para dar a conocer las entidades incumplidoras con la transparencia, como una forma de "sanción".

Presentó el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 98 instituciones de las islas (ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades) correspondiente a 2018, en el que la nota media fue de 5,36, y lo puso en relación con el de 2017, cuando fue 5,47 puntos, y el de 2016, que se cifró en 3,14 puntos.

La mayoría de las entidades han mejorado sus portales de transparencia entre 2016 y 2018 al realizar la autoevaluación y rendir cuentas ante el Comisionado de Transparencia, hasta el punto de que la progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 85 % de las instituciones, se indica en el informe.

Pero se advierte un muy leve retroceso entre 2017 y 2018 en el ámbito municipal, debido, según el comisionado, a la que la evaluación coincidió con periodo electoral y a que se hizo un mejor esfuerzo en las entidades dependientes de ayuntamientos y cabildos.

Durante la comparecencia del comisionado quedó patente que ha aumentado el silencio administrativo, algo que, dijo Daniel Cerdán, se debe a que la transparencia ha dejado de ser algo "preocupante" porque los concejales y consejeros insulares ven que incumplir no conlleva sanción ni presión social ni electoral.

Y, añadió, si no hay presión social sobre la transparencia los políticos se ocupan de otras cosas, "como humanos que son", reconoció Daniel Cerdán, quien también consideró que las entidades dependientes de las administraciones son menos cumplidoras porque sobre ellas hay menos presión social.

En cuanto a la baja por coincidir con el periodo electoral señaló que la participación disminuyó "un poquito" debido a dos cuestiones, una de las cuales es que se crearon muchos portales en administraciones pequeñas.

El otro motivo es que en periodo electoral se prestó menos atención a los portales de transparencia porque desde los ayuntamientos hay más preocupación por reunirse con los vecinos que dar información en los portales de internet, agregó.

En el informe del comisionado se apunta que solo 62 entidades públicas de las 340 que hay en Canarias no presentaron su declaración de transparencia.

La administración pública de la Comunidad Autónoma, dirigida por el Gobierno de Canarias, obtuvo en 2018 un índice de transparencia de 9,04 puntos, frente a los 8,03 de 2017.

El conjunto de las 43 entidades de su sector público autonómico ha mejorado significativamente, al pasar su media aritmética de 4,28 puntos en el año 2017 a 5,07 en el año siguiente.

Lo que más desprestigio está provocando a la práctica de la transparencia en Canarias y en el conjunto de España es el silencio administrativo como forma permanente de dar la callada por respuesta en materia de derecho de acceso a la información pública, señala el comisionado.

Explica que en más de un 90 % de las reclamaciones admitidas a trámite por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias el motivo es la falta de respuesta por parte de los entes públicos.

Y en más de un 50 % de los trámites de audiencia que se dan a las administraciones reclamadas, la respuesta al Comisionado es también el silencio.

Para evitar los efectos negativos de la falta de respuesta recomienda elaborar en cada entidad de un protocolo de actuación respecto a las solicitudes de derecho de acceso, para conseguir que aumenten las respuestas expresas a las personas que requieran la información pública.