El presidente del Gobierno de Canarias, Gobierno de CanariasÁngel Víctor Torres, ha aprovechado su estancia en Madrid este martes para intercambiar impresiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la aprobación este lunes en el Parlamento de Marruecos de una nueva delimitación de sus aguas marítimas. Torres ha denunciado que aún no ha visto un "mapa cartográfico" que "diga claramente cuál es esa delimitación" propuesta por el país vecino, pero ha dejado claro que existe "un compromiso cerrado del Gobierno de España y de Canarias" de "elevar la voz donde proceda" si Marruecos "toca una sola milla de las aguas marítimas canarias".
Por su parte, el portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, registró este martes la solicitud de que se convoque un pleno extraordinario para que el Gobierno regional informe sobre las acciones que va adoptar al respecto.
Barragán expresa en un comunicado su interés por conocer qué acciones se prevé adoptar también en colaboración con el Gobierno de España, y también pide al Ejecutivo canario que explique las repercusiones que la decisión marroquí podría tener sobre el Archipiélago.
El ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, ha explicado que con estas leyes se delimitan las 12 millas de las aguas territoriales, las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva y las 350 millas de la plataforma continental para armonizar sus leyes internas con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Las leyes que regulaban el espacio marítimo de Marruecos datan de 1975 y 1982 y tenían como límite al sur la ciudad de Tarfaya pero con la nueva revisión normativa adoptada, Marruecos extiende su tutela jurídica sobre el espacio marítimo, que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de Lagu¿era; y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con Argelia, explica CC-PNC en su nota.
Estos hechos han sido calificados por el diputado nacionalista Juan Manuel García Ramos, que no ha vacilado en anticiparse en la delimitación de sus aguas territoriales", por lo que a su juicio el Estado español debe elevar una protesta ante el marroquí y tratar el asunto en una comisión bilateral Canarias-Estado.
Si el Estado no formaliza esa protesta "no solo perjudicaría los derechos e intereses canarios al solaparse esa nueva delimitación con los espacios marítimos del Archipiélago, sino que estaría consintiendo por aquiescencia la unilateralidad marroquí", advierte el parlamentario nacionalista.
