El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, lanzó ayer un pacto global para facilitar el acceso a nuevas casas o ya construidas y vacías en el Archipiélago, paliando así uno de los principales problemas que dice que sufren hoy los canarios y, en especial, la isla de Tenerife. Franquis compareció ante la prensa sobre las 9:45 horas y en el Parlamento tras entregarles a los distintos grupos políticos con representación en la Cámara su iniciativa, compuesta por seis ejes y tan abierta a las propuestas partidistas y del resto de la sociedad civil que no concreta el número de viviendas a crear u ofrecer, pues dependerá del suelo disponible que se obtenga y de los acuerdos con entidades como las constructoras o los bancos, propietarios de muchas viviendas vacías (138.262 según los datos del Instituto Canario de Estadística).

Tras unos primeros contactos previos con agentes implicados, como los propios bancos, Franquis comenzó ayer un proceso negociador con las formaciones políticas, las patronales de la construcción, los sindicatos, el resto de administraciones públicas y agentes del llamado tercer sector. El consejero confía en que esta fase acabe en torno al 15 de enero de 2020 con un texto acordado y, en febrero próximo, con un nuevo plan regional de vivienda no solo "más ambicioso y realista" que los anteriores, sino con cantidades concretas de casas a construir u ofrecer en buenas condiciones para reducir la demanda actual. Una necesidad que afecta a unas 17.000 familias, lo que, a su juicio, choca con esa disponibilidad de 138.262 inmuebles vacíos.

Ese "realismo" del nuevo plan lo ligó al hecho de que el aprobado por el anterior Ejecutivo regional en 2018 se topó, según lamentó, con un informe "contundente" en contra del Consejo Consultivo de Canarias. Por eso, el nuevo incorporará las correcciones o sugerencias de este órgano, así como todas las propuestas asumibles y enriquecedoras de los ayuntamientos, cabildos, organizaciones empresariales y demás.

Los ejes abiertos del pacto difundido desde ayer pasan, entre otras medidas, por garantizar el acceso al alquiler. Para ello, y según apuntó, tratarán de agilizar los trámites de las ayudas a las que aspiran muchos demandantes de vivienda, en muchos casos muy lentos o complejos, hasta el punto de que algunos demandantes desisten de intentarlo.

No obstante, el gran reto consiste en el aprovechamiento de la vivienda vacía y en la creación de nuevas casas. Sobre esto último, y según lo indicado a este periódico, el Gobierno cree que puede construir unas 2.000 casas en este mandato, aunque el documento no deja la cifra abierta porque a ese número han de añadirse las que pueda impulsar el sector privado y el resto de administraciones en función del suelo disponible y otras circunstancias.

También habrá medidas para los colectivos con mayores dificultades, para rehabilitación y el impulso de redes de colaboración. Franquis apela a la colaboración e implicación de todos para acabar con una sequía en la creación de nuevas viviendas públicas que se prolonga ya desde hace seis años. Además, remarcó que este pacto regional cuenta con el respaldo del plan nacional que se firmó en 2018 y, por tanto, con fondos económicos. Según su primera impresión, los grupos parlamentarios acogieron bien la iniciativa bien, aunque ahora deberán proponer alternativas.

Como otros planes previos, el borrador inicial del pacto contempla no solo ayudas para el alquiler social, sino la creación de una bolsa de viviendas de alquiler compuesta por inmuebles que aporten la distintas administraciones, las constructoras o promotoras o los bancos.

Asimismo, se prevé un censo de casas vacías también para ser alquiladas y hacer atractiva la promoción de nuevas viviendas en los próximos años. Otro de los objetivos pasan por la apuesta por criterios de sostenibilidad, mediante la eficiencia energética o económica en los pliegos de creación de nuevas promociones.

En cuanto a la sociabilidad en las nuevas promociones, se espera favorecer la convivencia entre los adjudicatarios de vivienda protegida, tanto en los casos de mayores, jóvenes o familias con menos recursos. En este sentido, se tendrán en cuenta estas características o el hecho de haber sufrido antes desahucios, que se sea víctima de la violencia de género o en situación de "exclusión residencial grave" a la hora de otorgar puntos en la baremación final. En este sentido, también se atenderá especialmente a las familias numerosas o monomarentales.