Nueva Canarias y Podemos quieren sosegar el debate generado por la elección a dedo de los altos cargos de los cabildos insulares frente a las prisas del PSOE, que quiere llevar la modificación de la Ley de Cabildos lo antes posible al Parlamento tras frustrarse por los servicios jurídicos de la Cámara el intento de colar el cambio legislativo en la ley de presupuestos de 2020. Las dos formaciones mantienen sus reparos pero, en este caso, tanto NC como también ASG quieren armar bien jurídicamente la propuesta para evitar que el Estado la impugne si entra en contradicción con la ley de bases de régimen local.

El portavoz de ASG en el Parlamento y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, cuestionó ayer el procedimiento que se quería utilizar para cambiar la ley de cabildos. "Parece que se estaba buscando un pretexto para que los servicios jurídicos se mostraran contrarios a que se tramitara por la ley de presupuestos, cuando se sabía que era un error porque no es un procedimiento transparente", aseveró Curbelo.

El dirigente gomero señala que esta vía era recurrible por el Estado y que ahora se pueden utilizar otros procedimientos, como una proposición de ley o realizar una modificación de la norma a petición del Gobierno. Curbelo defiende que los cabildos son, desde la aprobación de la reforma del Estatuto, instituciones de la Comunidad Autónoma con multitud de competencias y, como tales, podrían utilizar también la opción que tiene la Comunidad Autónoma para nombrar a sus altos cargos.

Sin embargo, existe cierto escepticismo entre algunos de los partidos del pacto regional. Fuentes de NC advierten que el Estado puede impugnar el cambio legislativo porque la Ley de Cabildos lo que hace es seguir la doctrina establecida por la ley básica estatal para que los altos cargos directivos de los ayuntamientos más poblados y el resto de las corporaciones locales sean designados por méritos, capacidad y experiencia mediante concurrencia. De hecho, varios nombramientos tanto en los ayuntamientos capitalinos como en los cabildos han sido impugnados y la Justicia le ha dado la razón a los recurrentes, por lo que este camino se seguirá utilizando si los nombramientos son discrecionales como en el Gobierno regional.

Sin embargo, el PSOE defiende que, aunque se designe a los altos cargos por criterios políticos, también se mantiene que se tenga la idoneidad suficiente para ejercer la responsabilidad que se le encomienden por cualificación y méritos. De esta forma, los socialistas esperan que no se entre en contradicción de la ley estatal argumentando la doble condición de los cabildos de corporaciones locales pero también de instituciones de la Comunidad Autónoma.

Podemos no quiere prisas y NC que la modificación se realice con todas las garantías legales y jurídicas. Sin embargo, las presiones procedentes de cabildos como el de Tenerife y Lanzarote, encabezados por destacados dirigentes socialistas como son Pedro Martín y Dolores Corujo, supone que la modificación de la ley de cabildos continúe siendo motivo de debate en el seno del cuatripartito, con el protagonismo directo de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez.