01 de diciembre de 2019
01.12.2019
FINANCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Liquidación de las entregas a cuenta de 2017

Ayuntamientos y cabildos de Canarias deben devolver a Hacienda 21,1 millones

Las entidades locales recibieron en 2017 más dinero del que les correspondía v Solo 12 municipios se libran de reintegrar fondos | Solo 12 municipios se libran de reintegrar fondos

01.12.2019 | 00:53
Panorámica del Palacio de los Dragos, sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Cabildos y ayuntamientos tienen que devolver al Ministerio de Hacienda alrededor de 21,1 millones de euros por el excesivo optimismo del Gobierno central al calcular la recaudación pública. El Ejecutivo estatal, entonces gobernado por el PP, se pasó de rosca en las previsiones de ingresos tributarios en 2017 y transfirió más dinero del que debía a las cuentas de las entidades locales, con lo que la gran mayoría de las corporaciones municipales e insulares han de reintegrar al fisco las cantidades percibidas de más. Solo 12 de los 88 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma se libran de tener que compensar a Hacienda, una docena de consistorios para los que los cálculos del Ministerio se quedaron cortos y a los que, por tanto, debe abonarles lo que no les abonó en su momento. En el caso de los cabildos no hay ninguna excepción: los siete tienen que devolver fondos. Un total de casi 9,5 millones. El conjunto de la Administración local de las Islas ha de reintegrar así esos 21,1 millones de euros, el equivalente a todo el presupuesto anual de muchos ayuntamientos de la región.

Hacienda hace cada año una estimación de la recaudación de impuestos, y en función de este cálculo va dando anticipos a los cabildos y ayuntamientos, a cada uno según su importancia, esto es, según su población, si se trata o no de un municipio capitalino, si es o no un municipio turístico... Es lo que se conoce como entregas a cuenta. Una fórmula que permite a los consistorios y a las corporaciones insulares (y también a las comunidades autónomas, para las que se sigue el mismo esquema) disponer de un flujo constante de dinero con el que sufragar el coste de los servicios públicos y de la atención a sus ciudadanos. Pero no deja de ser una previsión, y como tal nunca acierta totalmente. Así que cuando el Ministerio tiene todos los datos, es decir, cuando ya se sabe exactamente lo recaudado por los distintos impuestos y se pueden hacer los cálculos definitivos, llega el momento de saldar cuentas. El momento de la liquidación definitiva de la financiación de las entidades locales, ese en que el Gobierno se sienta junto a los ayuntamientos y cabildos para ver cuáles cobraron más entregas a cuenta de las que debían y cuáles percibieron, por el contrario, menos fondos de los que les correspondían. La liquidación se lleva a cabo dos años después del ejercicio en cuestión, con lo que este año se liquidan las cuentas de 2017 y las de 2019 se liquidarán en 2021, y así sucesivamente. El problema surge cuando los cálculos iniciales de los técnicos de Hacienda resultan muy a la baja, lo que obliga al fisco a abonar la diferencia a los entes locales en el momento de la liquidación, o cuando resultan muy optimistas, lo que obliga a los entes locales a devolver los adelantos cobrados de más. En esta última situación se encuentran la mayoría de los ayuntamientos del Archipiélago y todos los cabildos.

El Ministerio que dirige en funciones María Jesús Montero publicó la semana pasada la liquidación definitiva del ejercicio de 2017. En el caso de Canarias, 76 de sus 88 corporaciones municipales tienen que devolver dinero a las arcas estatales. En total, estos 76 ayuntamientos, incluidos los de las dos capitales autonómicas y provinciales y los de las restantes cinco capitales insulares, han de reintegrar a Hacienda un montante de 11,7 millones (exactamente 11.664.638 euros). Los restantes 12 municipios son los que recibirán o ya habrán recibido un cheque del Gobierno central para compensarlos por haberles pagado en 2017 menos adelantos o entregas a cuenta de los que tendría que haberles pagado. Eso sí, en este caso la suma es mucho menor. Hacienda les debe unos 523.000 euros.

La fórmula con que se calcula si un determinado ayuntamiento tiene que devolver dinero al Estado, o viceversa, varía en función de si se trata de un municipio incluido en el régimen de cesión de tributos o en el régimen general. En el primero están los municipios que son capitales de provincia o de comunidad autónoma y también, los que tienen una población de 75.000 o más habitantes. Y en el régimen general están todos los demás. Por lo tanto, las cinco únicas corporaciones municipales de las Islas que se rigen por el sistema de cesión de tributos son las de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal de La Laguna, Telde y Arona. Son así las únicas cinco que arañan dinero del Fondo Complementario de Financiación (FCF), un dinero que debe emplearse en inversiones que puedan ayudar a incrementar la riqueza y la renta media del municipio. Y las cinco están entre las 76 que han de devolver dinero a Hacienda. Las Palmas de Gran Canaria tiene que transferir a la cuenta del Ministerio poco más de 1,75 millones; Santa Cruz de Tenerife, casi 1,4 millones; La Laguna, 946.682 euros; Telde, 544.741 euros; y Arona, otros 398.450 euros.

Los otros 83 municipios están en el régimen general. De estos, a 71 les ha salido la cuenta a pagar. Las cuantías (ver cuadro que acompaña la información) oscilan entre los 753.581 euros que tiene que devolver Mogán, en Gran Canaria, y los 2.920 euros que ha de reintegrar el Ayuntamiento de Barlovento, en La Palma. También deben abonar sumas importantes, de más de 300.000 euros, los consistorios de Arucas, La Orotava, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Agüimes y Los Realejos. En cambio, hay 12 a los que la liquidación les salió a devolver, si bien se trata de cantidades modestas. Los ayuntamientos de Garafía, Puntallana, San Miguel de Abona, Tazacorte, Vallehermoso, El Pinar de El Hierro, Antigua, Firgas, Gáldar, Ingenio, Pájara y Tuineje recibirán cantidades que se mueven entre los 188.762 euros de Gáldar y los 1.147 euros de El Pinar.

En cuanto a los cabildos, que se rigen bajo la misma normativa que los ayuntamientos en régimen de cesión de tributos, no se libra ni uno. El de Tenerife tiene que reintegrar al Estado prácticamente 3,8 millones de euros, que son algo más de 3,5 millones en el caso del Cabildo de Gran Canaria. Más de 735.000 euros debe devolver la corporación insular de La Palma, y unos 606.000 ha de abonar la de Lanzarote. El Cabildo de Fuerteventura tiene que pagar a Hacienda unos 375.000 euros; el de La Gomera, aproximadamente 257.500; y el de El Hierro, alrededor de 215.000.

El año pasado, cuando se liquidaron las cuentas del sistema de financiación local de 2016, ninguno de los cabildos ni de los cinco ayuntamientos en régimen de cesión de tributos tuvo que devolver dinero. De hecho, fue Hacienda la que tuvo que pagarles, ya que sus cálculos se quedaron cortos y la recaudación tributaria acabó siendo mayor de lo previsto. Es más, no ocurría que las entidades locales tuvieran que reintegrar fondos al fisco desde 2015, cuando se liquidaron las entregas a cuenta del ejercicio de 2013. Entonces los dos grandes cabildos, los de Tenerife y Gran Canaria, tuvieron que devolver unos siete millones de euros cada uno.

Hay instituciones del Archipiélago que ni siquiera han recibido todavía la notificación del Ministerio y, por tanto, no saben aún a qué atenerse. En cualquier caso, y por lo ocurrido en 2015, lo normal es que el ajuste se haga en las futuras entregas a cuenta. Es decir, que los pagos que mensualmente hace Madrid a cada uno de los ayuntamientos y cabildos se reduzcan en mayor o menor medida hasta que la deuda de la entidad local correspondiente quede saldada. En anteriores ocasiones se ha evitado que el reajuste tenga consecuencias en los servicios públicos. Lo lógico es que el Ministerio de Hacienda no exija que la cantidad se abone de una sola vez, lo que podría suponer un duro golpe a las finanzas de determinados consistorios. Hasta que no se liquide el ejercicio de 2018, lo que se llevará a cabo el próximo año, no se sabrá si lo ocurrido con las entregas a cuenta en 2017 fue o no algo puntual.

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