El Archipiélago carece de estrategia frente al cambio climático. La Audiencia de Cuentas de Canarias es contundente en un reciente informe de fiscalización sobre la operativa de adaptación de los cabildos a este reto. El órgano dependiente del Parlamento señala que la ausencia de planificación del Ejecutivo regional en esta materia explica, en parte, el retraso en la implementación de medidas por parte de las corporaciones insulares. Las inundaciones, los incendios forestales y la desertificación son los principales riesgos a los que se enfrentan las Islas, especialmente vulnerables por su situación geográfica, insularidad y biodiversidad. La conclusión es clara. Pese a que a que algunos cabildos han suscritos acuerdos, programas y proyectos de ámbito comunitario e internacional, han mostrado hasta ahora, en términos generales, "una escasa preocupación por el cambio climático". Y cuando lo han hecho, sostiene el órgano fiscalizador, solo ha sido en el ámbito de la mitigación.
El informe Evaluación preliminar de la vulnerabilidad ante el cambio climático en las Islas Canarias de 2013, elaborado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de entonces, ya identificaba 39 impactos del cambio climático en los sectores natural, social y económico del Archipiélago. Ese documento sostenía, que con una probabilidad superior al 90%, llegarían a materializarse el aumento de las temperaturas, el incremento de las precipitaciones extremas, la disminución de la precipitación media anual o la subida del nivel del mar. Pero no es lo único. Con un nivel de confianza en torno al 50%, también preveía un alza del número de llegadas de polvo sahariano (calima) y una agudización de los conatos de incendios. El pasado agosto, sin ir más lejos, varios fuegos asolaron Gran Canaria. El último de ellos fue analizado, incluso, como uno de sexta generación. Rápido y agresivo, alimentado por el abandono del campo y el cambio climático.
Para el órgano fiscalizador, que analiza las acciones emprendidas por los cabildos insulares en la crisis ambiental durante los años 2017 y 2018, han sido las Reservas de la Biosfera las que han liderado "la escasa planificación" que existe en el Archipiélago con respecto al cambio climático. La Audiencia de Cuentas sostiene que especialmente en las islas en las que esta figura abarca todo el territorio insular -Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera-, esta declaración se ha erigido como un "instrumento muy valioso" que ha contribuido a aumentar la sensibilización, tanto en las administraciones insulares y locales como en la sociedad en general, para proteger el medio natural y propiciar el desarrollo sostenible. Los cabildos no disponen de una estrategia frente al cambio climático, si bien los de Gran Canaria y La Gomera la tenían elaborada y pendiente de aprobación durante el periodo de estudio.
Dada esta circunstancia, la Audiencia de Cuentas da un suspenso general a los cabildos en materia de inundaciones, incendios y desertificación, pues recalca que no han llevado a cabo acciones con el objetivo específico de adaptarse al cambio climático, si bien reconoce que han realizado algunas "actuaciones aisladas" que pueden contribuir a reducir los riesgos de sus efectos.
Ninguna de las corporaciones insulares había aprobado tampoco su Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) correspondiente, aunque el de La Gomera estaba en trámite de licitación su redacción. El aumento de las precipitaciones extremas y del nivel del mar, recuerda el órgano presidido por Pedro Pacheco, puede ocasionar un incremento de las inundaciones, que causarán una mayor incidencia si no se toman las medidas necesarias de adaptación.
Evaluaciones preliminares
Las corporaciones disponen, no obstante, de evaluaciones preliminares en esta materia. En Tenerife se ha elaborado un estudio hidráulico del barranco de San Felipe; en La Palma se han llevado a cabo actuaciones de regularización del encauzamiento de los barrancos Tenisca y La Paloma; en La Gomera, de las medidas contempladas en el PGRI en trámite, se contempla el proyecto de encauzamiento del barranco de La Concepción; en Lanzarote se ha proyectado el acondicionamiento de cauces de dominio público hidráulico; en Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas ejecuta tareas de corrección hidrológica; y en Fuerteventura se ha restaurado el lecho fluvial de los barrancos en Castillo de Lara y de los Barrancos en Parra Medina.
En cuanto a las actuaciones de prevención y extinción de incendios realizadas, el informe destaca que éstas no han sido realizadas para adaptarse al cambio climático. La Audiencia de Cuentas señala que, en este caso, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote no hay aplicación porque se tratan de islas que carecen de masa forestal. Pese a ello, el órgano fiscalizador autonómico es contundente con estas islas y con Gran Canaria en el planeamiento contra la desertificación, pues pese a presentar un nivel "muy alto o alto de riesgo", no han ejecutado acciones que hagan frente a este riesgo.
Los presupuestos y la labor de seguimiento de las acciones emprendidas es otro de los capítulos que, a juicio de la Audiencia de Cuentas, debe mejorar. Ningún cabildo cuenta con programas específicos destinados a la adaptación del cambio climático y tampoco recurren, por lo general, a fondos externos -tanto nacionales, europeos como internacionales- para activar políticas de esta índole. El órgano presidido por Pacheco hace hincapié en que en los casos en los que existen acciones concretas, se incluyen en otro tipo de programas. "Es reflejo de la falta de planificación e implementación de una estrategia insular sobre cambio climático", apunta.
Por ello, y aunque las corporaciones insulares lleven a cabo acciones aisladas que contribuyan a la adaptación al cambio climático, la Audiencia de Cuentas destaca que no se ejecutan en el marco de una planificación y con objetivos específicos a alcanzar, lo que dificulta la evaluación y seguimiento de las mismas.
Otra de las carencias detectadas entre 2017 y 2018 es la ausencia de unidades que se encarguen en exclusiva de las funciones relacionadas con la gestión del cambio climático. Tampoco ha habido modificaciones en la normativa para incorporar una nueva perspectiva en esta materia. No obstante, el Cabildo de Gran Canaria , al que la Audiencia de Cuentas sitúa un poco por delante de el resto de corporaciones insulares, incluyó las consecuencias del cambio climático en la última revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio -aún pendiente de aprobación definitiva-.
La falta de coordinación con los ayuntamientos también constituye otra de las asignaturas pendientes de los cabildos. Solo el de Gran Canaria y Tenerife han dado pasos en este sentido. El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía de la Unión Europea, definida por el órgano fiscalizador canario como una "herramienta" para los gobiernos locales en la elaboración de sus estrategias, ha tenido poca acogida en el Archipiélago. No en vano, únicamente las corporaciones insulares de Gran Canaria y Tenerife lo han suscrito como coordinadores.
El desinterés de los cabildos por esta materia también se plasma en la inexistencia de análisis de vulnerabilidades ante la crisis climática, el "paso previo o una parte del plan de adaptación". Sin embargo, en los años analizados, es el de Gran Canaria el único que dispone de un diagnóstico de riesgos.
Debido a las debilidades que presenta el Archipiélago, la Audiencia de Cuentas recomienda al Ejecutivo regional implementar, en coordinación con los cabildos, un plan de adaptación al cambio climático. El órgano fiscalizador considera que puede achacarse el retraso de las políticas insulares a la inaplicación de la estrategia diseñada en 2010 por la desaparecida Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
El Gobierno canario ha tratado, desde entonces, dar algunos pasos en esta materia. Entre los más recientes destaca la puesta en marcha del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y el Fomento de la Economía Circular y Azul por parte del anterior Ejecutivo, presidido por Fernando Clavijo (CC). El actual, con Ángel Víctor Torres (PSOE) al frente, perfila la Ley Canaria de Cambio Climático, que se encuentra en estos momentos en fase de consulta previa pública. Ya a finales de agosto el nuevo Gobierno canario aprobó la Declaración de Emergencia Climática en las Islas con el propósito de agilizar la tramitación de la ley regional en esta materia, que busca, entre otras cuestiones, reducir la emisión de gases de efecto invernadero e impulsar las renovables.
