El Ministerio de Fomento ha acordado este jueves con el Gobierno canario transferirle 37,7 millones de euros que le debía por inversiones en carreteras que la comunidad autónoma hizo con cargo a la adenda del convenio con el Estado 2009-2017 firmada durante la anterior legislatura.

Fomento acepta como certificada esa inversión y abonará "en las próximas semanas" su importe, pero el Gobierno de Canarias defiende que aún debe transferirle 64 millones más para completar la anualidad pactada en la adenda, según detalla en un comunicado el consejero de Obras Públicas de las islas, Sebastián Franquis (PSOE).

El consejero ha participado este jueves en Madrid en la reunión que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pactaron celebrar para intentar desbloquear las cantidades que la comunidad aún no ha recibido.

"Se han certificado 37,7 millones de euros (...) Quedan otros 64 millones por transferirnos que completarían la anualidad. En este caso, y aunque el Ministerio plantea que la adenda caducó en febrero de este año, nosotros no vamos a renunciar a ese dinero, ya que para nosotros esa deuda no está liquidada. Por eso vamos a incorporar a una nueva negociación", asegura el consejero canario.

Franquis ha sugerido a Fomento como solución que esos 64 millones en disputa se incorporen al nuevo convenio ya en vigor, el que se extiende desde 2018 a 2027, "porque aún se pueden certificar esa cantidad con las obras que hay todavía en curso, una posibilidad que el Gobierno de España atendió de manera positiva.

"Lo que hemos planteado es que esos 64 millones se incorporen a la negociación que ambos gobiernos tienen pendiente de la deuda no certificada, e incorporarlos al convenio vigente", añade.

Franquis reconoce al Ejecutivo en funciones su "voluntad" de llegar a un acuerdo en este asunto, pero también matiza que "habrá que esperar" a que tome posesión el gobierno que salga de las urnas del 10 de noviembre, algo que no ocurrirá hasta entrado 2020.

El consejero de Obras Públicas recuerda que esta reclamación del Gobierno de Canarias al Estado esta judicializada, una opción que también se mantiene sobre la mesa.

"No vamos a renunciar en ningún caso a esta vía y, si hay fallo de los tribunales antes de que se forme un nuevo Gobierno en España, acataremos la decisión de la sentencia", apunta.