La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, firmaron ayer el convenio por el que se transferirán a la Comunidad Autónoma los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), unos fondos con los que el Estado empieza a pagar la deuda con el Archipiélago. Valerio destacó la "compleja" tramitación que ha seguido esta iniciativa, aprobada dos veces por el Consejo de Ministros -el 26 de abril y el pasado viernes- y que, bajo la modalidad de subvenciones nominativas, busca "aumentar el empleo y su calidad".
La formalización del PIEC se produce este año casi un mes antes que en 2018, cuando tuvo lugar el 17 de octubre, lo que deja un mayor margen al Servicio Canario de Empleo (SCE) y a las administraciones isleñas -los ayuntamientos, fundamentalmente- para preparar las convocatorias, que deben lanzarse durante este ejercicio aunque se puedan ejecutar hasta el último día de 2020. Los fondos del PIEC se suman a los 155 millones de euros que ha recibido Canarias este año para poner en práctica políticas activas de empleo, nueve millones más que el año pasado.
Las medidas incluidas que se financiarán con los 42 millones del plan se dirigen a mejorar la cualificación de la población trabajadora mediante acciones de formación, estimular la inserción laboral de los desempleados, incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento, promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo y reducir la tasa de paro juvenil, que es "especialmente alta en España y, en particular, en Canarias". El desempleo de los menores de 25 años se sitúa en el 48% en el Archipiélago y en el 33,2% en el conjunto del país, detalló la ministra de Trabajo.
Valerio puso el acento sobre las políticas formativas. "Existen puestos de trabajo en determinados sectores que se ofertan pero no se ocupan. Necesitamos personas formadas en esos sectores", destacó. La ministra también celebró como una "muy buena idea" que entre las medidas previstas en el programa se encuentren acciones destinadas a paliar los daños originados por los recientes incendios forestales en Gran Canaria, una prueba, a su juicio, de que los planes de esta índole "deben ser dinámicos y ajustarse a la realidad".
"Hoy rubricamos el PIEC, pese a que había dudas", señaló, por su parte, el presidente del Gobierno autonómico, en referencia a los recelos de la oposición sobre la viabilidad de que Canarias recibiera los fondos. "Somos una tierra con un 20% de desempleo, lejos de la metrópolis y que exige sus derechos", añadió Torres, quien incidió en la necesidad de que los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral reciban "una formación acorde a los tiempos". Según el jefe del Ejecutivo canario, "lo más importante en la vida de una persona es sentirse útil y aportar a la sociedad". Ayudar a alcanzar este objetivo, advirtió, "no puede hacerse solo desde lo público".
Entre las medidas que se desarrollarán bajo el paraguas del PIEC figura el plan de empleo social Reincopora-T, con el que se pretende favorecer la integración laboral de la población de mayor edad, así como el proyecto de formación en certificados de profesionalidad con alternancia en el empleo, que dará prioridad a las especialidades vinculadas a la economía azul, como las energías renovables, la pesca, la acuicultura, el turismo costero y marítimo, el transporte marítimo o las formas de energía oceánica.
A través de este programa se pondrá en marcha un plan de fomento del empleo en las zonas de medianías de Gran Canaria afectadas por los últimos incendios, que consiste en la contratación de población parada, sobre todo de los municipios afectados, para ejecutar actuaciones de recuperación, reforestación y rehabilitación.
Las líneas de actuación sufragadas con el PIEC incluirán también un plan de choque contra el abandono escolar temprano, que proporcionará formación en competencias claves a los alumnos que han abandonado sus estudios. De esta manera, podrán acceder a certificados de profesionalidad. Además, los jóvenes que hayan dejado las aulas tendrán la oportunidad de formarse en habilidades básicas y avanzadas en materia digital y de idiomas.
La transferencia de los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias supondrá el primer pago de los fondos que el Estado tiene comprometidos con el Archipiélago y que, en su mayor parte, permanecen bloqueados, conformando una deuda que solo ahora ha empezado a saldarse. La situación en la que se encuentra el Gobierno central, en funciones desde el 29 de abril, dificulta el traspaso de estos recursos, aunque los partidos de la oposición en las Islas también ven en este retraso signos de falta de voluntad política.
En este sentido, Ángel Víctor Torres aseguró que "los problemas están siendo resueltos". El presidente del Gobierno regional recordó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le garantizó en una reunión celebrada a finales de agosto que los 223 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta de la financiación autonómica de este año llegarán antes de que termine el ejercicio. La repetición de la convocatoria de elecciones generales -fijada para el 10 de noviembre-, a causa de los nulos apoyos recabados por Pedro Sánchez, no impedirá recibir estos importes, según Torres. "Si vamos a elecciones, las entregas a cuenta están garantizadas", afirmó.
