08 de julio de 2019
08.07.2019

El Gobierno tardará de tres a cuatro años en implantar la renta ciudadana

La medida estrella del próximo Ejecutivo regional se aprobará de manera urgente, pero las trabas administrativas y la búsqueda de fondos impiden que se aplique de inmediato

08.07.2019 | 00:04
Varios ciudadanos pasean por una de las vías comerciales de Santa Cruz de Tenerife.

Aprobar una medida no significa que esta se aplique de inmediato. Ni siquiera cuando se trata de la medida estrella de un gobierno. Una cosa es poner la primera piedra y otra muy distinta construir todo un edificio. La renta ciudadana, una de las principales promesas del próximo Ejecutivo regional, también necesitará tiempo. Por más que el Gabinete que presidirá Ángel Víctor Torres acelere a fondo para sacar adelante el armazón legal, tendrán que pasar de tres a cuatro años hasta que todos los potenciales beneficiarios puedan cobrar la ayuda económica. Aunque el texto del Pacto de las Flores reza que la renta ciudadana se instaurará mediante ley "de manera urgente", en el PSOE y Nueva Canarias, que llevará las riendas de la Consejería de Hacienda, son conscientes de que habrá dificultades administrativas y de que es necesario encontrar una fórmula estable de financiación para que la ayuda pueda llegar a los bolsillos de todos los canarios que la necesitan. Unos 60.000 según los cálculos de NC.

El nuevo presidente del Parlamento autonómico exhortó a la Cámara y al futuro Gobierno durante su discurso de investidura a "cumplir" y aprobar la renta ciudadana, "quizá la obligación más importante de la legislatura". Las palabras de Gustavo Matos, compañero de Torres en el PSOE, dan una idea de la importancia que el cuatripartito da a una medida con la que aspira a reducir los niveles de pobreza y de exclusión social. De hecho, el artículo 24 del recién renovado Estatuto de Autonomía establece que "las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes". El actual Ejecutivo, ahora en funciones, ha venido argumentando que la Prestación Canaria de Inserción (PCI), convenientemente modificada, cumpliría el mandato del Estatuto. PSOE, NC y Podemos, hasta ahora en la oposición, han defendido, en cambio, que es necesario aprobar una renta de ciudadanía en sentido estricto. Podemos y NC incluso defendieron ante el pleno del Parlamento sendas proposiciones de ley para regular esta ayuda. Son estos dos textos, idénticos en el fondo, los que servirán de base en la elaboración de la ley.

El objetivo que pretenden conseguir es que "nadie en las Islas ingrese menos de 600 euros al mes", tal como ha explicado el líder de NC, Román Rodríguez, que será el próximo vicepresidente y consejero de Hacienda tras el reparto de áreas acordado por el cuatripartito. El llamado umbral de pobreza, es decir, ese nivel de ingresos mensuales por debajo del cual el ciudadano cae dentro de la población pobre, es en Canarias de 609 euros. La renta ciudadana serviría para garantizar esa cantidad a todos los isleños, lo que no quiere decir que la vayan a cobrar todos los isleños, ya que en tal caso sería una renta universal. Esta se paga a cualquier persona con independencia de que tenga o no empleo e incluso de su nivel económico, sea multimillonario, rico o pobre. En cambio, la renta ciudadana que quiere poner en práctica el pacto de gobierno se abonaría íntegramente (los 609 euros) a quienes no cuenten con ingresos y parcialmente a quienes ingresen menos de esa cantidad. Entran ahí desde el jubilado y el desempleado con pensiones y ayudas por debajo del umbral de la pobreza hasta incluso el trabajador a tiempo parcial cuya nómina tampoco llega a esa cifra. También quienes perciben prestaciones no contributivas de jubilación o invalidez, cuya cuantía media apenas supera los 400 euros mensuales y que la Comunidad Autónoma complementaría hasta esos 609 euros. Además, la ayuda se incrementaría en función del número de hijos y personas dependientes del titular del derecho.

Son, por tanto, decenas de miles de potenciales beneficiarios, lo que conlleva un incremento del gasto público y obliga a encontrar la vía de financiación en unos presupuestos finitos y aún sometidos a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera. Es justamente este el principal escollo.

En una reciente entrevista con este diario, el presidente del Gobierno en funciones, Fernando Clavijo, avisó que la renta ciudadana supondría un gasto extra de entre 200 y 300 millones de euros anuales. Con el desembolso público limitado por la regla de gasto, que trata de garantizar que el crecimiento del gasto esté dentro de los márgenes que permitan los ingresos "estables y sostenidos en el tiempo", Clavijo entiende que o bien el nuevo Ejecutivo consigue que el Ministerio de Hacienda le dé vía libre para saltarse la regla de gasto (lo que no se ha logrado hasta ahora) o bien se quita dinero de un sitio para pagar la renta ciudadana. Es más, desde la Consejería de Hacienda, en la que ahora llevará las riendas Rodríguez, ven harto complicado el proceso de instauración de la nueva ayuda económica bajo las actuales condiciones presupuestarias. Unas condiciones que de acuerdo con el principio de plurianualidad han de fijarse en un marco presupuestario a tres años. Canarias aprobó su marco plurianual para los ejercicios del período 2019-2021 a mediados de 2018 sin previsión de la renta básica.

En cualquier caso, ni en el PSOE, ni en NC, ni en Podemos opinan lo mismo que el actual Gobierno, aunque sí saben que la renta ciudadana llevará tiempo. Los límites al crecimiento del desembolso público que impone la regla de gasto pueden salvarse si el exceso se cubre con un aumento de los ingresos que no sea puntual. Con un nuevo impuesto, por ejemplo, o subiendo la presión fiscal. En definitiva, garantizando mayores ingresos. La idea del cuatripartito es que mejorando la recaudación propia habrá recursos suficientes para financiar la renta ciudadana. En concreto suprimiendo bonificaciones y exenciones fiscales "de dudoso interés", puntualizaron desde el PSOE; mejorando la progresividad del IRPF y eliminando deducciones; y recuperando el impuesto de sucesiones sin castigar a los herederos en peor situación. Además, en los impuestos indirectos calculan que en el IGIC hay margen para recaudar hasta 1.200 millones más revisando las exenciones e incluso sin que sea necesario volver a subir el tipo general. El plan se ha visto reforzado con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a una renta similar en el país, ya que los principios planteados por la AIReF coinciden con los del pacto.

Sea como sea, desarrollar el sistema de la renta ciudadana, explicaron desde NC, puede llevar de tres a cuatro años, de ahí que una posibilidad sea ponerla en práctica gradualmente, esto es, abonando primero las ayudas a las personas en peor situación e incorporando nuevos beneficiarios progresivamente. Ese tiempo es necesario para reorientar la política recaudatoria y presupuestaria, y en el cuatripartito dan por descontado que surgirán "problemas administrativos", tal como admitió Torres a este diario en los pasillos del Parlamento.

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