Luz verde a los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en la víspera de las elecciones generales. El Consejo de Ministros aprobó ayer los 42 millones de euros correspondientes a este año y 12,4 millones más para subvenciones en materia de empleo y formación profesional destinados a diferentes organismos públicos. El plácet del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llega en la última reunión del Gobierno socialista antes de que entre en funciones por los comicios que se celebran mañana. Se trata de un último guiño de los viernes sociales de Sánchez para Canarias que, no obstante, deja en el aire más de 900 millones de euros, según las cifras que maneja el Gobierno canario.
Tanto el Ejecutivo regional como los ayuntamientos, sindicatos y todos los partidos políticos, menos el PSOE, habían exigido en reiteradas ocasiones que se transfirieran los fondos del PIEC, fundamentales para los planes de empleo de los municipios y facilitar el acceso al mercado laboral de los colectivos más vulnerables como parados de larga duración, mujeres y jóvenes. El jueves la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Ejecutivo regional, Cristina Valido, advertía del riesgo que suponía no tener estos fondos ante posibles cambios de gobierno en el Estado como consecuencia del resultado de las elecciones. También en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la preocupación era evidente ya que más de 6.000 familias podían verse afectadas si no llegaba el dinero.
Concesión directa
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros regula la vía de la concesión directa de subvenciones en empleo y formación profesional con carácter excepcional por razones de interés general y social. El importe total asciende a 54,4 millones de euros, de los que 42 millones corresponden al PIEC con el fin de financiar medidas que fomenten la empleabilidad de los jóvenes y parados de larga duración, incrementar la tasa de empleo femenino, ejecutar más planes de formación o modernizar el Servicio Canario de Empleo.
El departamento que dirige Magdalena Valerio insiste en que la situación actual de prórroga presupuestaria impedía articular subvenciones nominativas consignadas a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por no haber una habilitación normativa para realizar el gasto. El decreto regula esta situación excepcional por concurrir condiciones de interés público, social y económico. Una vez conocida la aprobación de los fondos del plan integral de empleo, Cristina Valido mostró su satisfacción porque se haya aprobado la partida in extremis aunque fuera por la "presión" ejercida por el Ejecutivo autonómico. La consejera sí cuestionó el "aprovechamiento electoralista" que a buen seguro realizará el Gobierno central y el PSOE de esta medida. Sin embargo, Coalición Canaria se muestra más dura con el Ejecutivo de Sánchez al considerar claramente "insuficiente" la aprobación del PIEC por dejar a Canarias "en la cuneta" al no materializar los convenios en el último Cons0ejo de Ministros efectivo de la legislatura y dejar pendientes más de 900 millones de euros.
El secretario general de la formación nacionalista, José Miguel Barragán, critica al presidente del Gobierno central "por tener más voluntad electoralista que política para resolver los problemas de los canarios, porque al dar la espalda al Gobierno canario lo que ha conseguido es castigar a los agricultores, estudiantes, familias con dificultades, pacientes o pequeñas y medianas empresas".
En relación con las subvenciones por 12,4 millones de euros que también se aprobaron ayer, van dirigidas a organismos públicos del Estado en las Islas para el desarrollo de programas de empleo y formación y la contratación de desempleados. Entre los organismos beneficiarios se encuentran Tráfico, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de la Juventud, etcétera.
Una reciente carta de la ministra Isabel Celaá a la consejera Soledad Monzón explica que la Administración General del Estado no puede adquirir nuevos compromisos presupuestarios.
La misiva de Celaá llega como respuesta a la remitida por Monzón, en la que se le solicitaba que estableciera un marco financiero para cubrir la contratación de personal que implica reducir la jornada de los docentes o, en caso contrario, que Hacienda le dejara utilizar parte del superávit para cubrir las necesidades financieras. La Consejería de Educación le recuerda al Ministerio que la ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, se establece que la medida de reducir las horas de los docentes se iniciará en el próximo curso 2019/2020 y que el Estado establecerá un marco de financiación adecuado y suficiente.
Por ello, se le solicita al departamento ministerial que concrete el alcance de esta disposición para preparar los cálculos de plantillas y la adjudicación de destinos, dado que Hacienda sigue sin autorizar el superávit.
Sin embargo, la respuesta del Ministerio supone un revés para la demanda de los sindicatos de la enseñanza, ya que la ministra da por hecho que no habrá fondos del Estado para este fin: "en estos momentos estamos extraordinariamente limitados para la adquisición de nuevos compromisos presupuestarios", ante el escenario de prórroga de las cuentas de 2018 en el que se encuentra el Gobierno central.
La Consejería lamenta que el Ministerio no cumpla la propia ley que impulsó en el Congreso y que, además, no permita gastar el superávit.
