Canarias

Conceder un fuero fiscal a Baleares quiebra el principio de solidaridad

La insularidad debe tenerse en cuenta, para ambos archipiélagos, en el sistema de financiación, pero no justifica un trato "insolidario" y fruto del "desconocimiento".
M. Á. Montero, S/C de Tenerife
6/mar/19 6:18 AM
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M. Á. Montero, S/C de Tenerife

"Lo que se dé a Canarias, Baleares lo quiere, no aceptaremos una coma menos". Francina Armengol avisó en mayo de 2017 que pelearían ante el Ejecutivo estatal por conseguir el mismo trato económico y fiscal que recibe Canarias. Antes, en 2015, el Gobierno del PP ya había iniciado los trámites para sacar adelante el Régimen Especial de Baleares (REB). Pero no prosperó entre las críticas desde el archipiélago mediterráneo por considerarlo insuficiente.

La coincidencia de colores políticos (PSOE) en el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha facilitado ahora que parte del REB, la de las medidas económicas, esté ya en vigor y que la otra parte, la de los incentivos fiscales, se haya plasmado en un anteproyecto de ley. Una herramienta que de ponerse en práctica de manera efectiva quebraría el principio de solidaridad entre las regiones que consagra la Constitución.

¿Por qué? Pues porque supondría dar ayudas y ventajas económicas y fiscales a una comunidad autónoma rica. Es más, las mismas ayudas y ventajas que Europa consiente en el caso de Canarias por su lejanía, bajos niveles de renta y problemas estructurales, como la imposibilidad, por ejemplo, de contar con un gasoducto que la una a la Península, lo que ya es una realidad en Baleares por su cercanía a la costa levantina. Sensibles diferencias entre una región ultraperiférica relativamente pobre y un territorio relativamente rico.

"La cuestión ya no es ser o no ser RUP, porque las especificidades de Canarias están reconocidas desde antes de su reconocimiento como región ultraperiférica, la cuestión es que Canarias tiene el Régimen Económico y Fiscal como resultado del principio de solidaridad de la Constitución española". De forma tal que si el REF se suprimiese o menoscabase, lo que resultaría golpeado es la solidaridad interterritorial.

El doctor Alberto Génova, experto en Derecho Financiero y Tributario, profesor de la ULL y, entre otros cargos, exdirector general de Tributos del Gobierno de Canarias, ahonda en su argumento y recuerda que reducir la carga fiscal -los impuestos- a los residentes en Baleares tiene una consecuencia directa. Que alguien tendría que pagar lo que se dejaría de aportar en el archipiélago mediterráneo. "¿Quién? Los restantes ciudadanos", explica.

De hecho hay autonomías que son contribuyentes netas -dan más de lo que reciben- y hay otras que, como Canarias, reciben más de lo que dan. Ese es, en resumen, el principio de solidaridad, que se quebraría si se llegara a poner en práctica una suerte de fuero, el REB, que equipara a la rica Baleares con la pobre Canarias. Algo "insolidario", sentencia Génova.

Esto no ha impedido, sin embargo, que el Gobierno central haya plasmado en el real decreto-ley su compromiso de dar batalla en Bruselas para que permita que las empresas baleares reciban más ayudas al transporte de mercancías. O que en el anteproyecto de ley con las medidas fiscales incluya una reserva para inversiones que "permitirá a las empresas reducir hasta un 90% en la base imponible del impuesto de sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones". Es decir, el mismo instrumento y en las mismas condiciones que en Canarias.

"También incluye una bonificación del 10% en sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en Islas Baleares", anunció el Ejecutivo de Sánchez. Y la bonificación será mayor si se cumplen una serie de condiciones. De nuevo, por tanto, se copia el modelo de Canarias.

En el carácter "insolidario" del REB insisten también expertos como el secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández Castro, y el delegado en Gran Canaria de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Miguel Ángel Alonso Paradela. Pero Hernández Castro agrega también el "desconocimiento" de las razones históricas, que no caprichosas, del REF. "Está calando ese discurso de nosotros pedimos, que ya se nos dará, y eso no puede ser", apunta el representante del Colegio de Economistas sobre el "problema" de la cada vez mayor carencia de una política de Estado.

"Ahora se trata de pedir e influir políticamente", continúa Hernández Castro, que contrapone el trato del Gobierno a Baleares o a Cataluña al dado a Canarias, que en los fracasados presupuestos para 2019 no solo no llegaba a la media de la inversión, lo que vulneraba su fuero, sino que también sufría el olvido del Ministerio de Hacienda en la reforma del impuesto de sociedades, que metía a las empresas de las Islas en el mismo saco de las del resto del país, lo que también habría vulnerado el fuero. "En el País Vasco sería imposible algo así", asevera.

Hernández ejemplifica esa falta de visión de Estado en que, en estos momentos, trabaja en una posible inversión en el Archipiélago en la que el sobrecoste de la lejanía se compensa con la libertad arancelaria y las herramientas fiscales del REF. "Pero si esta empresa encontrara los mismos incentivos en Baleares, no habría elementos objetivos para deslocalizarse e instalarse en Canarias, porque tendría lo mismo a 1.700 kilómetros menos de distancia del continente". Se perderían así la inversión y los empleos en beneficio de una autonomía que se mueve en la media de riqueza europea y en detrimento de otra que apenas está en el 75%. Por eso es "muy complicado" que Bruselas acepte el REB, "muy complicado". "Si Europa cambia el criterio de ultraperiferia, apaga y vámonos".

La riqueza canaria, la de Baleares hace 20 años

Las realidades socioeconómicas de Baleares y Canarias son muy distintas, casi diametralmente opuestas. Uno de los indicadores que mejor refleja

hasta qué punto la situación de una y otra región no es comparable es el de la riqueza media. De acuerdo con los datos de 2017, los últimos publicados por el INE, el producto interior bruto (PIB) per cápita de Baleares es de 26.287 euros. El de Canarias no llega ni a 21.000, exactamente 20.573. La brecha entre una y otra es de 5.714. Con todo, la sensible distancia que en términos de riqueza separa a una y otra comunidad es aún más evidente si se mira la evolución del indicador. En el año 2000, el PIB por habitante de Baleares era de 20.030, de modo que el archipiélago mediterráneo tenía hace 20 años la riqueza media que hoy tiene Canarias. O en otras palabras: la RUP se mueve con 20 años de retraso en relación con Baleares, al menos en términos de PIB per cápita. Y no solo eso, sino que las medidas fiscales de que disfruta la pobre Canarias, las mismas que exige la rica Baleares, no han impedido que la brecha no solo no se reduzca, sino que suba. Hace 20 años, la diferencia era de 4.460 euros y hoy llega a esos 5.714.

Canarias, una economía en transición

La riqueza media es el criterio fundamental con que Bruselas determina qué fondos deben ir a unas zonas o territorios y qué fondos van a otras. Mientras que Baleares figura en la lista de la Comisión Europea (CE) entre las regiones más desarrolladas -que son las que tienen un PIB per cápita superior al 90% del promedio del PIB de la Unión Europea (UE)-,

Canarias es una de las regiones en transición. Estas últimas son

aquellas con un PIB per cápita que oscila entre el 75 y el 90% de la media continental. Y las Islas ya no es que estén más cerca del 75 que del 90%, sino que en el 75%, según los últimos datos de Eurostat. Es decir, que el fuero que reclama una región desarrollada aún no ha servido a una región en transición para empezar a asomarse a la élite europea.

El paro, problema estructural en Canarias

Todo lo anterior tiene también reflejo en la tasa de desempleo de cada uno de los dos archipiélagos del país. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE correspondiente al último trimestre del año pasado, la tasa de paro en Baleares es de un 10,9%, entre las cinco más bajas del país. En cambio, el desempleo en Canarias alcanza a prácticamente un 20% de la población activa, casi el doble de diferencia entre islas que no son RUP e islas que sí lo son.